La ciudad santafesina va dejando atrás el encierro y el miedo, tras el crimen de cuatro personas desconectadas de las bandas narco que tiene a los sectores populares como principales víctimas y protagonistas de la violencia. ¿Puede esta pesadilla extenderse a otras provincias?
Lo que podría ser un guion de cine ocurrió en la realidad. Cuatro inocentes fueron acribillados por bandas criminales durante los últimos días en Rosario. Cuatro trabajadores desconectados del negocio narco: dos taxistas, un chofer de trolebús y un playero de estación de servicio, cuya ejecución registrada fue reproducida y reproducida en medios. Más likes, más viralización. El tío de la víctima debió caminar algunas cuadras hasta el móvil de LN+ para rogarle con insistencia al movilero, Esteban Trebucq, que dejaran de hacerlo y evitar más dolor. A esa hora el objetivo aleccionador estaba ya consumado.
Hablo con amigos de Rosario, la describen como una ciudad abierta y hermosa, llena de vida social en clubes y bares y cultura al aire libre. Si antes fue más portuaria, más industrial y ferroviaria, los primeros días de esta semana quedó reducida al encierro. Días sin escuela, ni combustible, ni transporte, ni taxi porque, claro, los verdugos de los taxistas muertos fueron pasajeros. Desde la tela colgando de un puente de la avenida de circunvalación, amenazaron con matar a más colectiveros y más taxistas, basureros y comerciantes.
Escribo a una concejala para una entrevista, por mandato partidario prefiere el silencio.
No es la primera vez que en Rosario mueren inocentes víctimas de narcos. En este podcast, el periodista Hernán Lescano recuerda el caso de Jimi Altamirano como “el subsuelo del horror”. Altamirano, músico, artista callejero, fue secuestrado y luego muerto de tres disparos en la puerta de la cancha de Newell´s en febrero de 2023. Nada tenía que ver con la barra brava ni con bandas. Su cuerpo fue recado para otros.
Los cuatros crímenes de esta semana son otra cosa, me dice Eduardo Delmonte, dirigente social de la CCC con trabajo en barrios populares de Rosario. “Eran laburantes en sus puestos. Esto genera una vulnerabilidad impresionante”, agrega.
En los barrios de la periferia ocurre en los últimos años que los comerciantes son desplazados por narcos para convertir su local en un búnker. Balean el frente del negocio, dejan mensajes instándolos a abandonar el lugar. Si nada cambia, usurpan.
Hablo con una periodista amiga, llueve a cántaros en Rosario. “Mejor, hoy al menos no van a matar a nadie”, dice y asegura que puede corroborar su teoría.
Mi amiga solía caminar sin miedo por toda la ciudad, pero el sábado fue a un cumpleaños donde nadie sacaba la vista de la red social X tras la muerte del playero y al regresar a la casa sintió mucho miedo. “Ese miedo de darme vuelta todo el tiempo”, dice.
Recojo varias opiniones sobre el desencadenante de los últimos hechos. Todas apuntan a las imágenes de requisas y traslados de presos narco divulgadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, tan espectaculares como las que difunde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Un funcionario del municipio de Rosario me dice que en reunión con sus pares provinciales ese montaje fue muy criticado.
La respuesta del Estado frente a los cuatro crímenes fue más espectacular todavía. El Gobernador Maximiliano Pullaro pidió la intervención de las Fuerzas Armadas, no quedar atados a debates ideológicos. El ministro de Defensa, Luis Petri, convalidó el deseo con épica instrumental. Así relataron los periodistas Germán de los Santos y Hugo Alconada Mon la llegada a Rosario de Patricia Bullrich:
“Tres combis, cuatro furgonetas, cuatro camionetas, siete patrulleros y un micro se colocaron en la banquina de la autopista que conecta Buenos Aires y Rosario. Identificados con logos de la Gendarmería, no entraron a la ciudad que se desangra. Esperaron el arribo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Para las cámaras. Para Instagram”.
Hablo con el periodista Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. “La fantasía que alientan Bullrich y Milei de tener el ejército en las calles es recibida como promesa del cielo. Porque ante la corrupción de las 47 bandas narco policiales –como nosotros decimos-, esa fantasía es recibida como solución mágica”, dice. “Todo esto puede generar dos o tres meses de tranquilidad, después va a pasar lo que ya pasó. Va a ver miles de muertos, narcotráfico creciendo, como en Brasil, Colombia, México, Perú”.
Esta es la undécima mega operación de fuerzas federales en Rosario de la última década.
Escucho a dirigentes sociales decir por estos días frente al recorte de asistencia alimentaria de la Nación, que si las organizaciones comunitarias se retirasen de los barrios, si el Estado dejara de acompañarlas, facilitarían el ingreso de bandas narco. El debate es interesante en momentos en que el gobierno busca achicar el Estado a su máxima expresión posible. ¿Alcanza con más recursos públicos para revertir esa ofensiva?
El Estado y la narco criminalidad -me dice Enrique Font, criminólogo rosarino- pueden convivir en un mismo territorio. “Lo cierto es que un Estado intenso achica el espacio del narco”, explica.
Aprovecho y le pregunto lo que sea tal vez la preocupación subrepticia de quienes no vivimos en Rosario. ¿Puede expandirse la violencia de esas bandas a otras provincias?
“El delito y el control del delito son dos caras de una misma moneda que tiene una especificidad en un barrio, en una ciudad, en una provincia, en una región”, dice Font. “Esa relación tiene una historia y hay que remontarse lo más atrás posible para entenderla, pero no menos de 20 ó 30 años. Lo que sucede hoy en Rosario no empezó ayer y no va a poder trasladarse pasado mañana así a ningún lado”.
Mercados de droga hay en todo el país, dice Font. Y el de La Matanza, provincia de Buenos Aires, es incluso más grande que el de Rosario. Lo que distingue a la ciudad del litoral es su tasa de homicidios creciente y el porcentaje bajo de homicidios esclarecidos en la provincia. “En Córdoba o Buenos Aires, una organización violenta se desarma en dos o tres años”, dice. “En Rosario eso no pasó”.
Por Pablo Bassi
Foto portada: Juan Ignacio Roncoroni
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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