Un ex polista querella a cinco mapuche por supuesta usurpación de tierras junto al río Alto Chubut. Hicieron un coto de caza mayor en tierras de pastoreo. Les imputan sacar carteles que decían “propiedad privada”. La red empieza a mostrarse públicamente.
Comenzó a tomar forma la primera causa penal promovida por los representantes de los capitales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Río Negro contra cinco pobladores mapuche. La justicia local inició la investigación del grupo mapuche por la presunta usurpación de 14.600 hectáreas inscriptas a nombre de un empresario argentino. De todos modos, en documentación oficial consta que empresarios emiratíes son los propietarios reales de la parcela en conflicto en la zona ubicada entre el río Alto Chubut (al Este) y la ruta nacional 40 (al Oeste), entre Bariloche y El Bolsón.
En audiencia oral y pública realizada el 29 de febrero pasado, Víctor Gangarrosa, juez de Garantías de la Circunscripción 3°con asiento en Bariloche, dispuso se inicie la investigación de cuatro personas por la presunta usurpación de tierras usadas tradicionalmente durante el verano para el pastoreo de ganado. Es el lugar donde capitales privados montaron un coto de caza de especies exóticas, zona conocida como Cañadón del Diablo con numerosos arroyos y lagunas.
También, dos varones serán investigados por el presunto daño a tres carteles con la inscripción “propiedad privada”, los que fueron retirados para restablecer banderas propias del pueblo mapuche.
En cambio, el juez no hizo lugar al planteo de Francisco Arrien, titular de la Unidad Fiscal de El Bolsón, que pretendía impedir el ingreso al lugar del conflicto por parte de los cinco imputados, así como disponer medidas de protección a seis varones contratados por la empresa emiratí para realizar distintos trabajos de infraestructura en la alta montaña. Magdalena Sanguinetti y Mariano Sarmiento, querellantes en representación del empresario Alberto Barabucci, anticiparon que apelarán la decisión del juez para insistir en las medidas cautelares que les permitirán el control del territorio en conflicto.
Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, y Pablo Perret, están representados por Martín Palumbo. En tanto que los hermanos Juan, Raúl y Daniel Benavídez Cayunao, de la lof Kom Kiñe Mu (KKM), están defendidos por Maximiliano Geido.
La prueba ofrecida por la querella confirmó la instalación y uso de cámaras de vigilancia en el territorio en conflicto.
El caso
Hace exactamente un año, personal contratado por Barabucci desarmó los campamentos de veranada de la gente mapuche en la zona que la acusación identificó como El Plantel. También sacaron las banderas mapuche puestas en lugar de los carteles de la empresa privada. El tema de fondo es el cierre con alambre que pretende continuar el inversor privado, que impide el libre movimiento de ganado y personas para hacer el trabajo sostenidos desde hace más de cien años, cuando se asentó en la zona Fernando Pinda Cayunao, tatarabuelo de los imputados.
Incluso se confunden los espacios en conflicto. La querella y la Fiscalía se refirieron a la veranada El Plantel, en tanto que los relatos de los imputados se refieren a otro sector, La Planiza, donde tradicionalmente llevaban las vacas y hacían los quesos durante el verano. Ese detalle revela quién conoce el territorio y por qué. De todos modos, el nombre El Plantel reconoce la identificación tradicional de la población local que recogen mapas y cartas geológicas históricas.
Arrien insistió en que la presunta usurpación es sobre la totalidad de la parcela de 14.600 hectáreas registrada a nombre de Barabucci. Por su parte, Palumbo y Geido insistieron en que el uso estacional siempre fue parcial y que es desproporcionado suponer que cinco personas tienen la capacidad material de ocupar semejante superficie de difícil acceso. Tan es así que los privados usan un helicóptero para mover algunos materiales, según se ha podido documentar.
Al menos desde 2017 se sucedieron numerosos hechos de violencia por parte de los empleados del coto de caza, sin que la justicia local investigara ninguna de las denuncias hechas por las víctimas. Incluso, este mismo fiscal desestimó otra denuncia de Barabucci en este mismo conflicto. Andrés Saint Antonin, alias “Cané, ganadero de Bariloche, siempre fue la cara visible de los inversores privados, moviéndose a caballo junto a los empleados. Durante años los pobladores locales desconocieron los presuntos nuevos dueños hasta que en los expedientes judiciales aparecieron algunas de las identidades de los inversores.
Gangarrosa hizo lugar a los planteos de Palumbo y Geido y no dispuso protección para Saint Antonin y su grupo de alambradores que, en los hechos, actúa como grupo de choque en el aislamiento de la alta montaña.
Los testimonios
El desarrollo de la audiencia permitió expresarse a la gente mapuche. Por momentos, Gangarrosa mostró una capacidad de diálogo poco frecuente en los funcionarios del poder judicial, al menos desde la observación de esta cronista.
“Acá nos agarraron de a uno, pero somos una comunidad”, expresó Daniel Benavídez Cayunao (58 años), en referencia a las imputaciones que son nominales.” Los animales marcan los lugares. Si suelto hoy un caballo se va solo. Andamos en estos lugares a diario, a caballo, desde los 7 años. Yendo a las lagunas, haciendo nguillipun (ceremonia). Nos están dejando sin animales. Desde 2005 nos fueron encerrando de a poco. El árabe -o no se quién- nos hace pelear entre vecinos. Nosotros no buscamos esto. Vendieron el lugar con nosotros adentro”.
Raúl Benavídez Cayunao, tiene 59 años. Apenas pudo hacer su relato. Se le quebró la voz. Un testimonio del costo emocional y psicológico que pagan los mapuche en la resistencia al avance del gran capital en los territorios.
“Quiero expresar algo contra esta injusticia”, planteó Juan Carlos Benavídez Cayunao (43 años), quien pudo mantener la calma para mostrar conocimiento de distintos expedientes en los que interviene la KKM y de los alcances de medidas judiciales. “Saint Antonin paga a otros mapuche para nos hagan daño. En 2005 se terminó la paz. Primero, Pablo Pradena ni conocía los lugares, yo mismo lo guié. Después llegaron en helicóptero”, explicó refiriéndose a quien aparece como un gerente en el terreno y a uno de los contratados para los trabajos de campo. También cuestionó al fiscal: “no son paños, son banderas. No podemos llevar carteles. Nuestra cultura es así”. “Hubo una (medida) cautelar en favor nuestro. Nunca la respetaron. Actuaron con agresividad, con gente armada (…) Cuando encerraron los ciervos se quedaron con nuestros animales (…) Qué pasó con nuestras denuncias, cuando quemaron nuestros puestos?”.
“Por lo menos la palabra nos están dando”, destacó Soledad Cayunao al brindar su testimonio. “Es un conflicto histórico. Denunciamos mucha violencia. Lo que decimos nosotros se va archivando, dando por cierto lo que plantea la otra parte”. Además, cuestionó el rol del poder judicial y el Estado en el conflicto territorial con los pueblos originarios. “Se quedaron con las mejores tierras. Hoy vienen por el agua. Lo que ustedes le llaman orden, qué clase de orden es, qué rol toma como fiscal. Como pueblo también tenemos forma de ordenarnos. (Su intervención) provoca desorden. Respeten nuestra cosmovisión”. Preguntó a las partes acusadoras “por qué están intactos estos territorios. Porque nosotros sabemos cuidarlos. Se puede vivir debajo de un lengal, junto a una laguna sin contaminar”. Respecto a los empleados del empresario denunciante enumeró que actuaron como matones, con armas en la cintura. “Convivimos con los alambradores, nos vigilaron. Está filmada la quema del puesto”.
Ramificaciones
La audiencia realizada el jueves 29 de febrero se había suspendido al menos en dos oportunidades, en noviembre y diciembre del año pasado. Los intereses del poder económico trasnacional, la red empresaria rionegrina y la mano de obra local vinculan a esta investigación penal con varios otros legajos judiciales en marcha. Ese juego de fichas se entrevió en la audiencia de la que nos ocupamos en esta nota.
Hugo Alberto Barabucci es un ex jugador de polo. Armó su propio equipo y con financiamiento de EAU lanzó en 2017 La Albertina Abu Dhabi. Ese mismo año formalizó la inscripción a su nombre de parcela de 14.600 hectáreas a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro. De todos modos, el grupo de firmas en las que intervienen terminan todas en el fideicomiso Amaike integrado por capitales árabes. La constitución social y patrimonial de Amaike consta en documentos públicos de RN.
Todas las operaciones en RN las realizó con Ignacio Petrocchi Massuh, a quien jamás se lo mencionó en esta audiencia.
Por Susana Lara
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
