En pocos días más de 2000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces y la provincia de Chubut fueron consumidas por la voracidad del fuego que se volverá más apetente si se aprueban los cambios legislativos propuestos por Milei. Lo explica la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra).
Un alerce milenario continúa extendiéndose en torsión hacia el sol, mientras ve brotar el fuego que más de 200 brigadistas intentan sofocar desde hace días sobre al menos 2000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces y la provincia de Chubut. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, quienes responden directa e indirectamente a Javier Milei imponen un quórum que busca aprobar la Ley Ómnibus, desprotegiendo el ambiente y contribuyendo a la concentración económica y la extranjerización de tierras.
“En el marco del DNU 70-2023 y la ley ómnibus, que echan por tierra las leyes ambientales que legislan, protegen y tienden a conservar y proteger los bienes comunes, el peligro sobre los bosques andino-patagónicos es evidente y no sólo por la pérdida de biodiversidad, sino también ante la posibilidad de cambio de uso del suelo y el avance del negocio inmobiliario”, contextualiza Juan Pablo Acosta, delegado gremial de la UTT Chubut – Línea sur.
Más de cien organizaciones ambientalistas y especialistas presentaron al Congreso de la Nación una carta en rechazo a las modificaciones de leyes ambientales del proyecto, “dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”. Además, alertaron que el texto “vulnera el principio de no regresión ambiental”.
Mientras arde un bosque de árboles que alcanzan más de 200 años de edad, por Decreto de Necesidad y Urgencia -vigente desde finales de diciembre pasado- la Nación desfinancia a los equipos que combaten incendios. Los brigadistas trabajan bajo una contratación de tres meses, a monto fijo y sin paritarias. Si bien el capítulo laboral del DNU se encuentra suspendido por la Justicia, la Corte Suprema Justicia de la Nación deberá expedirse sobre la cuestión de fondo.
Según informó su intendente, Danilo Hernández Otaño, en el Parque Nacional Los Alerces el incendio ya tiene una extensión de más de dos mil hectáreas, donde trabajan alrededor de 200 combatientes con herramientas manuales y líneas de agua para controlar las llamas que continúan activas desde el jueves pasado. La extensión equivale a un “70 por ciento dentro del parque, y un 30 por ciento en la provincia”, dijo Hernández Otaño, a quien le ocupa la acelerada propagación del fuego.
El Proyecto de Ley Ómnibus que comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación modifica, entre otras, la Ley de Tierras Rurales, aquella que limita la compra de terrenos nacionales, colocando un límite del 15 por ciento en manos extranjeras e indicando que, un mismo titular, no puede obtener más del 30 por ciento de esa porción.
El caso paradigmático de estas operaciones es el de Lago Escondido S.A. y su apropiación del agua y el ojo de agua que da nombre a la empresa. La Ley de Tierras fue sancionada con el espíritu de proteger los recursos naturales y bienes importantes para el desarrollo económico y el cuidado del ambiente; y ha permitido preservar las tierras que habitan y en las que trabajan comunidades campesinas e indígenas en todo el territorio nacional.
Al respecto, en una entrevista televisiva, el presidente Milei se jactó de que el empresario Elon Musk le planteara su interés por el litio; un mineral que se extrae en zonas de la puna como Jujuy, Catamarca y Salta. Se utiliza para fabricar baterías para vehículos eléctricos y celulares, por lo que en la Argentina se venían haciendo importantes inversiones, como una fábrica de baterías y acuerdos de explotación de YPF. Ante la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, aquellas inversiones -acorde a las declaraciones presidenciales- pasarían a manos extranjeras.
En el DNU firmado por Javier Milei fue derogada la misma Ley de Tierras Rurales, momentáneamente. En el discurso por cadena nacional, el presidente argumentó que el propósito es “promover las inversiones”. Recientemente, una resolución del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak suspendió dicha derogación haciendo lugar a un amparo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim-La Plata), que pidió la medida cautelar concedida. Kreplak advierte que el planteo del Ejecutivo “exhibe una orfandad argumentativa que permite concluir prima facie su irregularidad” ya que no explica cómo “contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, que es lo que el decreto dice buscar.
Más impactos del DNU y proyectos de Milei sobre al campo que alimenta
Otra de las legislaciones afectadas en el Proyecto de Ley Ómnibus, es la Ley de Semillas, a la que se refiere como variedades vegetales. La ley vigente consagra el “derecho de uso propio” para los y las productores. Esto quiere decir que quien produce semillas, puede guardarlas en su campo para la siembra de la temporada siguiente. En la modificación propuesta, se adhiere a la Convención 1991, lo que significa que el derecho de uso propio pasa a ser potestad de las empresas semilleras multinacionales, que pretenden el dominio de las semillas, garantizando mayores ganancias para las mismas. De esta manera, se profundizaría la mercantilización de las semillas y por consiguiente el agronegocio sobre los campos productivos.
En tanto seguridad alimentaria, en el DNU 70-2023 es derogada la Ley de Góndolas, que establece cuotas de mercado para pequeños y medianos productores, al tiempo que regula la oferta de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar, abarcando a todas las grandes cadenas de supermercados. Asimismo, es derogada también la Ley de Abastecimiento que habilita al Estado a fijar los precios máximos mediante y sancionar a las empresas que incumplan o acaparen materia prima y remarquen sus precios sin justificación más que la especulativa. Juntas, buscan garantizar la disponibilidad de alimentos básicos en los mercados, como así también incentivar a la industria nacional.
Este conjunto de leyes y artículos en un DNU, por demás abultado, atentan contra el desarrollo productivo del campo. Desincentivan en todo sentido la industrialización dado que, acompañados de las medidas económicas que impactan negativamente en el bolsillo de la gente, generan la caída del poder adquisitivo de manera generalizada; y además promueven el achicamiento del mercado interno, que es donde más se produce y comercializan alimentos.
“Por un lado el negocio extractivista genera daños irreparables”, reflexiona Juan Pablo Acosta desde la organización de la UTT, y por el otro “la concentración de la tierra, la extranjerización que se proyecta y fomenta la megaminería, proyectos, exploraciones, cateos, y un sinnúmero de cuestiones lo que hacen es justamente constituir procesos de depredación de los bienes comunes, de la naturaleza”.
El humo es una cortina que nos lleva a mirar lo que hay detrás. Desde diferentes organizaciones, como el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, declaman que lo que queda sobre las cenizas son negociados e “intereses extractivistas”.
Frente a la explícita legislación a favor de los capitales concentrados y la extranjerización de las tierras, la UTT parece ir a contrapelo. Como trabajadores y trabajadoras de la tierra, defienden la biodiversidad que hace posible la vida, en oposición a la quema indiscriminada de bosques como en el patagónico, la posterior mercantilización de las tierras, junto a la venta de las mismas para su concentración y extranjerización en favor de unos pocos.
Organizada en torno a la producción de alimentos y nucleando a más de 25 mil familias y cooperativas, la UTT se postula como obstáculo para la reprimarización que parece buscar el modelo de país impuesto por Javier Milei. En clara desincentiva para el sector, el gobierno nacional, propone la desaparición de los movimientos campesinos e indígenas que buscan la protección del ambiente -donde algunos de los árboles más longevos de la tierra engrosan su tronco- fomentando el trabajo de la tierra como modelo productivo y soberano.
Por Ada Augello (UTT)
Fotos: Telam
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
