En una medida inédita, el Gobierno de Javier Milei anunció este martes a través de su vocero la suspensión de la pauta oficial por el término de un año, avanzando sobre el derecho fundamental a la información y coartando la libertad de expresión al desfinanciar, principalmente, a los medios populares y autogestivos que aportan la diversidad de voces que construyen democracia, algo que el Estado debería garantizar.
“Para toda la sociedad esta medida implica una reducción de los derechos democráticos: que no haya una partida presupuestaria asignada para difundir los actos de gobierno, lo primero que hace es atentar contra la transparencia de una gestión, ya que la ciudadanía no puede estar informada de lo que hace el gobierno y el Ejecutivo de turno”, explica Yair Cybel, comunicador e investigador, editor de El Grito Sur y militante de la Red de Medios Digitales.
Pero, además, el recorte en publicidad, que es presentado como una decisión presupuestaria -cuando en realidad representa 0,05% del gasto- avanza sí sobre la libertad de expresión como decisión política al desfinanciar a un número importante de medios que no son, claramente, los grandes conglomerados mediáticos, que tienen otros negocios.
“Esto a los medios populares y autogestivos los afecta muchísimo más que a los grandes medios como el Grupo Clarín, La Nación+, La Nación, Perfil y otros que son grupos que se financian con la pauta, pero cuyos negocios pasan por otro lado. Para los medios populares, si bien recibimos unas cifras muchísimo más bajas, estas son las que nos permiten sostener puestos de laburo y también garantizar el derecho de las audiencias a una información más plural. Nosotros somos medios que no tenemos fines de lucro, que no tenemos patrón, que estamos comprometidos con las causas del pueblo; somos los medios que, si hay en una represión estamos del lado de los reprimidos, que visibilizamos las consignas del movimiento feminista y no de los anti derechos y, por sobre todo, somos medios que generamos puestos de laburo”, continúa Cybel y detalla que, solo en la Red de Medios Digitales, se generan más de 1.000 puestos de trabajo donde, si bien se financian de una serie de variables más complejas, la pauta representa una parte de los ingresos, garantizando efectivamente que se puedan construir medios populares y percibir salarios relativamente dignos.
Así, el primer impacto se da en el desfinanciamiento de la comunicación popular, fundamental para una Argentina democrática, donde unos pocos grupos concentran la mayor parte del escenario comunicacional.
“Nos parece que hay un ensañamiento muy claro con la comunicación: no es vano que Milei haya hablado de los medios públicos y del recorte de la pauta, porque son las trincheras desde las cuales se expresa parte del campo popular, además de las manifestaciones, las organizaciones sociales, el movimiento feminista. Los medios populares son la expresión de la lucha de nuestro pueblo y de la visibilización de muchas de sus consignas”, dice en torno a este avance sobre los espacios de resistencia y los espacios populares.
Asimismo, recuerda la larga lucha por una ley de democratización y federalización de la pauta -esencialmente concentrada en pocos medios propiedad de grupos económicos con sede en la ciudad de Buenos Aires- un reclamo fundamental que se viene empujando desde la Red de Medios Digitales, pero también desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que aglutina a casi la totalidad del sector: el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO),la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) y la Red de Medios Digitales (RDM).
“Creemos que es necesario que se regule porque sin regulación el que manda es el mercado, porque sin medios comunitarios no hay democracia y porque sin Estado no hay medios comunitarios”, concluye.
Por su parte, Mariano Pagnucco, periodista de la Revista Cítrica, analiza al calor del desenlace de las últimas horas: “El quite de la pauta oficial es una medida ejecutada desde un Excel, que es la forma que tiene esta gestión, no solo de ver la política, sino de ver la vida. En el Excel uno lo que ve es un número, una cifra en general. No ve personas, no ve realidades, no ve diversidad, no ve federalismo. La política ejecutada desde el Excel es recortar un presupuesto, es desentenderse de que en los medios de distinta índole hay trabajadores, hay familias que dependen de un salario. Es no entender que la democracia necesita de diversidad de voces, diversidad de agendas que no tienen que ver con el interés del poder ni de la minoría que ejerce un cargo de representación. Entonces, claramente es una muestra de a lo que viene esta gestión y esta forma de mirar el mundo desde el liberalismo”.
Asimismo, también menciona el desconocimiento de la publicidad oficial en tanto la importancia de dar a conocer los actos de gobierno, como así también en cuanto a campañas de salud, educación, transporte y otras que el Estado nacional está obligado a brindar.
Como señalaron más temprano desde el SIPREBA, “el Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan: esta decisión anunciada, por el contrario, anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión”.
Medidas de este tipo, además, aumentan la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces. “Subrepticiamente podemos pensar que lo que está diciendo este Gobierno es que no va a dar publicidad a sus actos, como fue la jura de los ministros que se hizo sin transmisión oficial y a puerta cerradas. Ahí hay un quiebre del pacto democrático, de representatividad. Si los representantes del pueblo no dan publicidad de sus actos, en esa opacidad puede pasar cualquier cosa y el pueblo no se va a enterar nunca”, continúa Pagnucco y refuerza el rol de la publicidad oficial para medios sin fines de lucros, permitiendo garantizar o fortalecer “el sostenimiento de estas expresiones que son un sostén fundamental de la diversidad de voces que requiere la democracia para que la historia no la cuenten simplemente desde Buenos Aires o desde medios que tienen intereses corporativos, sino que la puedan contar comunidades originarias, cooperativas de trabajo, diversidades sexogenéricas, que la pueda contar la clase trabajadora; no solamente un medio que están al servicio del poder y de las patronales”, describe y sintetiza: “Esta medida representa en definitiva un ataque fuerte a la libertad de expresión. Se cumplen 40 años de democracia y esta medida es un golpe fuertísimo a la democracia y a la posibilidad de que de que circulen otros discursos”.
Por Violeta Moraga
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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