Desde distintos puntos del territorio las comunidades originarias, junto a movimientos sociales, ambientales, de derechos humanos y gremiales, partieron a la capital rionegrina para denunciar las modificaciones inconsultas de la ley de Tierras 279 y del Código Minero: “Se están entregando nacientes de agua, bosques, meseta, Cordillera y Atlántico sin ningún tipo de participación de la ciudadanía”, denuncian.
Este 5, 6 y 7 de diciembre el pueblo mapuche tehuelche, junto a movimientos sociales, ambientales, de derechos humanos y gremiales movilizan a la capital provincial para rechazar las modificaciones inconsultas de la ley de Tierras 279 -Régimen de Tierras Fiscales de la Provincia- y del Código Minero, que favorece la actividad extractiva y que fueron aprobadas por la Legislatura rionegrina de manera exprés a fines de noviembre. Las mismas, volverán a tratarse en segunda vuelta esta semana “institucionalizando el saqueo” como denuncian desde el Parlamento mapuche-tehuelche.
“La modificación de la Ley 279, que regula la distribución, entrega y el tipo de producción para el cual se destinarían las tierras, lo que viene a modificar sustancialmente es la lógica sobre el tipo de concepción que hay del uso de la tierra pública”, señaló Lorena Cañuqueo, miembro de la comunidad Newen Ñuke Mapu y detalló que estoafecta a una provincia donde más del 63% de la superficie total es tierra rural, según el último Censo Nacional Agropecuario, con lo cual, la política de regulación de tierras va a afectar no solo a las personas y a las comunidades que viven en zonas rurales sino a toda la provincia y a gran parte de la región norpatagónica: “En esa superficie rural que el Estado está tratando de legislar se producen nuestros alimentos, pero también hay nacientes de agua dulce, hay elementos del territorio que permiten que las personas y las comunidades sigamos viviendo y subsistiendo”. Es que, como señala Cañuqueo, muchos de los alimentos que se producen no solamente se consumen, sino que se exportan, o se exportan sus producciones, con lo cual también se vería resentida la economía regional, ganadera, fruto hortícola y hortícola.
“Lo que el código de tierras viene a hacer es modificar el uso de la tierra para permitir el neo-extractivismo en manos de corporaciones que están intentando hace mucho tiempo radicarse en la provincia y que tienen que ver con la explotación minera, el fracking petrolero, la producción de hidrógeno verde; que es básicamente producción de energía para abastecer a los grandes polos mundiales a nivel internacional y que no benefician ni tampoco van a incidir directamente en las economías de nuestra región ni de la población que habitamos este lugar”, continuó y es que, las reformas permitirían que las llamadas tierras fiscales puedan ser utilizadas por empresas mineras, petroleras y tecnológicas y dejen de destinarse a la agricultura familiar, generando todas las repercusiones que menciona Cañuqueo, pero, además, poniendo en riesgo toda la cuestión ambiental: contaminación del agua, sequía, talas del bosque nativo y alterando el ecosistema de la cordillera y de las nacientes de ríos, favoreciendo aún más la crisis habitacional ya que impulsa desplazamientos en favor de las mineras.
“El código de tierras que se pretende implementar, así como la modificación del Código Minero en Río Negro, viene a establecer la posibilidad de que el Estado abra el ingreso a las corporaciones multinacionales neo extractivistas para configurar esta tierra que, hasta la ley 279, concebía su función social para el uso agrícola, pastoril y forestal”, detalla Cañuqueo y explica que “ahora se entendería a la tierra como zona de extracción, profundizándose la ideología colonialista que se impulsó a fines del siglo XIX de entender a la Patagonia como un desierto, y un desierto que, además, está permanentemente a disposición de los grandes intereses de los centros económicos y de las élites a nivel internacional“.
Además de lo mencionado, un punto no menor que denuncian las comunidades es que las leyes que se quieren modificar incumplen con la consulta previa, libre e informada que debe hacerse a los pueblos originarios según lo estipulan la Constitución Nacional (en su Artículo 75, inciso 17) y el Convenio 169 de la OIT, refrendado por nuestro país. “En desmedro de su propia población están tratando de impulsar y aprobar estas leyes para satisfacer los intereses de corporaciones y multinacionales. Es grave, Juntos Somos Río Negro asumió con una amplia mayoría de votos, no se entiende entonces por qué si tienen un consenso social amplio dentro de la provincia no pueden abrir el debate para que todos rionegrinos en general puedan participar de la discusión de qué hacer con la tierra pública rural, pensando en una planificación de mediano y largo plazo en términos de política pública, regulación. Si lo que vamos a privilegiar es el pago de deudas o los intereses económicos que sostienen un modelo profundamente desigual o si estamos dispuestos a pensar otro tipo de modelo, no solamente de alimentación, sino también de relación con el territorio. Esas posibilidades no se están dando, se están cercenando”, completa y extiende la invitación a que, al igual que lo están haciendo las comunidades y familias mapuches de esta provincia, otros actores también se movilicen, no solamente en la zona rural sino en todas las ciudades y localidades de esta provincia: ”Cuando se regula la tierra pública rural lo que se está regulando en definitiva es qué modelo de vida tenemos a futuro como sociedad, se están entregando nacientes de agua, bosques, meseta, Cordillera y Atlántico sin ningún tipo de participación de la ciudadanía. Entonces la reflexión es qué va a hacer la ciudadanía de rionegrina frente a estas leyes”, dice frente a este avance que propone una vez más la idea de zonas de sacrificio donde “las vidas que habitan los territorios, incluyendo las personas, son eliminables, son prescindibles y pueden dañarse en función de abastecer los intereses de un sector mucho más pequeño de la población que ni siquiera vive en este lugar, vive en otra parte del planeta. En este caso, además, la zona de sacrificio está ligada a sostener un modelo de neoliberal que es altamente dañino y nocivo para nuestra vida como seres humanos, y no estoy hablando solamente de los rionegrinos y rionegrinas que habitamos este espacio”.
Territorio en disputa
“Cuando el Estado dice son tierras fiscales, son territorios comunitarios, y esos territorios comunitarios son, no sólo las 180 comunidades que hay en la provincia de Río Negro, sino también miles de pequeños pobladores dispersos, porque la ley 2287, la Ley Integral indígena, reconoce al poblador disperso como parte también del pueblo mapuche con los mismos derechos”, explicaba hace unos días en el programa Paremos la Pelota Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche.
Asimismo, expresó con preocupación que esta es una herramienta al estilo de la modificación de la Constitución de Jujuy. “Quieren dar marco de seguridad jurídica que en realidad nunca van a tener, porque, cuando hay una disputa territorial con una comunidad indígena, por más fallos adversos que tenga la Justicia provincial o aún la Corte Suprema, la verdad es que hay un derecho que es el derecho de los pueblos preexistentes a vivir de la manera que sus pautas culturales deciden como parte de su identidad”, continuó y adelantó que habrá una profundización del conflicto si esta ley se aprueba de esta manera. “Discutieron las migajas que les dejan las empresas mineras, el 3% en boca de mina, y no tienen en cuenta ni la contaminación del agua ni los efectos adversos que tiene en la tierra que deja improductiva. Esto debe ser una discusión social porque no afecta solamente a las comunidades. El capitalismo busca minerales para seguir enriqueciéndose, explotando el potencial minero frente a la escasez de agua y un cambio climático atroz. Nos convoca la necesidad de defender el agua, la tierra y un modo de seguir viviendo en este territorio”, completó.
Por Violeta Moraga
Foto portada: Carolina Blumenkran
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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