Abogados de las querellas y miembros de organizaciones mapuches cuestionaron ayer al fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien pidió solo cinco años de prisión para los cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados del asesinato del Rafael Nahuel en 2017, y consideraron que “es lamentable” que “se siga sosteniendo una perspectiva racista” que “justifique la violencia institucional y el terrorismo de Estado”. Cobertura de Santiago Rey.
El fiscal Vahils Ruiz pidió este miércoles ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca cinco años de prisión para los cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura, por encontrarlos coautores del delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y Neuquén, Orlando Carriqueo, consideró que “es lamentable que se siga sosteniendo una perspectiva racista que justifique la violencia institucional y el terrorismo de Estado” en el alegato del fiscal en el juicio por el asesinato de Nahuel.
Al término de su alegato, los abogados de las querellas y manifestantes que se movilizaron hasta el Tribunal criticaron el pedido de condena, al que consideraron “una excelente defensa”, según dijo Rubén Marigo, abogado de la familia de Nahuel.
Para el experimentado abogado en casos de violaciones a derechos humanos, el planteo del fiscal “le da una pátina de impunidad a los asesinos de Rafael”.
“Solamente dijo las cosas que podrían perjudicar a los mapuches. Si yo fuera la defensa de los Albatros, que no lo sería nunca, usaría esos argumentos“, planteó en declaraciones a Télam.
Ante la posibilidad de un fallo adverso al pedido de prisión perpetua efectuado por las querellas, Marigo señaló que le habló con los padres de la víctima.
“Les dije que si hace seis años que estamos luchando, vamos a luchar seis años más, iremos a la Casación, iremos a la Corte (Suprema de Justicia) y me parece que lo más seguro sea la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es donde realmente se pueden defender estas causas“, subrayó.
Por su parte, consultado por esta agencia, Carriqueo dijo que “esto fue un crimen de Estado porque se intentó una medida para generar terror en la población mapuche, para evitar los reclamos territoriales. Estábamos en un contexto de desaparición“.
En ese marco, sostuvo que “cuando matan a Rafael lo estaban enterrando a Santiago Maldonado” y manifestó que “hoy se siga sosteniendo la teoría del enfrentamiento que instaló Patricia Bullrich nos parece una calamidad porque todo el juicio ha dado cuenta de una persecución, de un racismo, de una violencia institucional“.
“Hoy el fiscal le dio marco legal al terrorismo de Estado y a la violencia institucional. Marca una mirada racista sobre un conflicto que es histórico, social y político. Y son los alegatos racistas de este tipo los que fomentan la violencia“, aseguró.
El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y también querellante en la causa, Mariano Przybylski, señaló que la fiscalía “no respetó ninguna de las pruebas del expediente“.
Dijo que la causa “ahora está en manos del Tribunal” que “tiene un pedido concreto de prisión perpetua por homicidio calificado” que le hicieron las querellas y “un pedido de homicidio en exceso de legítima defensa que hizo la fiscalía“.
“Lo tiene que evaluar el tribunal, no está condicionado en nada. Esperemos que haya una condena ejemplar y justa“, afirmó.
Además, afirmó que “los papás de Rafael estuvieron seis años esperando un juicio, con la falta de acceso a la Justicia, teniendo que venir desde Bariloche hasta General Roca sin tener los medios para hacerlo“.
“Les mataron un hijo y tienen que escuchar, ya no del abogado defensor sino de un organismo del Estado como es el Ministerio Público Fiscal, que les digan que hubo un enfrentamiento cuando su hijo tenía un tiro por la espalda, que les digan que su hijo tenía un arma de fuego cuando demostramos con pruebas que no había armas de fuego en la comunidad“, señaló.
Por Santiago Rey (especial para Télam)
Foto portada: Eugenia Neme
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