Aunque pasaron ochos años, el estruendo que rasgó la tarde ese enero de 2016 todavía se escucha. La muerte de un niño y una niña a raíz de la caída de un árbol en el camping Lolen, ubicado dentro del Parque Nacional Lanín en San Martin de los Andes, sigue en la memoria de la comunidad, consternada frente a lo que no tiene respuesta. Cómo abarcar lo impensado. A quién responsabilizar por hecho de estas dimensiones.
Hasta el momento, quienes han cargado con el peso de ese abismo son cuatro agentes de la APN, procesados por los delitos de homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves. Asimismo, se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos que pertenecen a la comunidad mapuche Curruhuinca.
Desde aquel entonces el proceso judicial ha sido largo, llevado adelante en un principio por la Fiscalía de la justicia ordinaria de la Provincia de Neuquén y, actualmente, por el Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal. El juicio, finalmente tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre, fechas para las que se anticipan paros y protestas en todas las áreas protegidas del país, como ocurrió días atrás, para señalar que los trabajadores no son responsables por los fenómenos naturales.
“Nadie desconoce el dolor por los chicos fallecidos. Lo que nosotros planteamos es que no es correcto insistir en encontrar responsables a personas por lo que denominamos un accidente natural absolutamente imprevisible”, señala Danilo Hernández Otaño, guardaparque y secretario de Prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales, sobre la situación que volvió a toma fuerza estos días de cara al juicio.
“Es evidente que, desde la fiscalía inicial o de parte de los caranchos que han ido a mal asesorar a las familias para impulsar una querella que lleva 8 años de proceso penal que no les permite hacer el duelo, hubo una manipulación del dolor aberrante. No hay manera de ponernos en la piel de los padres de los de los niños fallecidos, eso está claro, pero sí consideramos que ha habido, no sabemos si intereses territoriales, si de búsqueda de crédito, de fama o económicos por parte de los abogados que han patrocinado a las familias para sumarse a la demanda como querellantes, algo que en estos días se desarticuló”, continúa.
Cabe recordar que en el proceso la justicia apartó a las querellas de la causa por errores procedimentales: hubo retrasos, falta de presentación de pruebas y desprolijidades. Ahora, el juicio se va a llevar adelante solamente impulsado por la Fiscalía Federal.
“El Parque Nacional tiene 100 años, ha habido accidentes de este tipo y de otros tipos también, lo que nunca a nadie se le ocurrió fue ir tras la cabeza de alguien por un evento de origen natural, de carácter impredecible, por lo menos sin alterar todo el ambiente natural que es misión de la administración de parques proteger. Es decir, no podemos transformar el ambiente para llevarlo a algo 100% seguro sin incumplir lo que la ley nos manda como parques y sin alterar lo que el público viene a buscar”.
Lo cierto es que el evento resquebrajó por esos días el hacer de los trabajadores. Cómo proteger, cómo protegerse. ¿Es posible generar un lugar seguro sin fisuras?
“Al principio la tendencia fue cortar todo con un argumento desesperado de preferir perder el trabajo por cortar árboles que había que proteger a que terminar preso porque alguien asume que sos responsable de que no se caigan los árboles. Después esto se frenó rápidamente. Hubo un amparo ambiental por parte de una asociación y la justicia hizo lugar y ordenó dejar de cortar todo lo que se estaba cortando”, dice Danilo y recuerda que en el caso del lugar del accidente el árbol que cayó no estaba podrido, ni muerto, ni tampoco marcado para voltear. “El árbol estaba en las mismas condiciones que los árboles que hoy están en pie en la misma playa en la orilla del mismo lago. No había nada que advirtiera que ese árbol en particular iba a caer”.
Tampoco, explica, hay un deber del guardaparque, según el reglamento, para verificar la estabilidad de los árboles. “Por la forma de trabajo que tenemos en los parques nacionales, y la falta de personal en un esquema que en muchos casos es del año 40, donde tenés un guardaparque cada 50 km que termina acostumbrado a hacer todo: lo que le corresponde y lo que no, hay una falsa creencia de que todo es responsabilidad de guardaparque, cuando no lo es”.
En el reglamento, sí, está el deber de asistir a las víctimas del accidente, algo que se hizo ese día: los dos primeros que se acercaron quedaron presos 15 días por decisión de la fiscal que interpretó, también, un incumplimiento de los niveles de funcionarios públicos, en cuanto a la llamada “detección de los fenómenos de deterioro ambiental”.
“Esto una confusión grave, porque, un deterioro ambiental, en el bosque andino patagónico, es que se mueran 150 árboles o que sean talados 150 árboles, no que un árbol se muere y se caiga. Esto es parte de la dinámica del ecosistema del bosque andino patagónico: hay árboles que nacen, crecen y hay árboles que se mueren y se caen y dejan lugar a otros árboles. Esto no se puede confundir con un deterioro del ambiente. No se puede estar como médico de cabecera de cada árbol del Parque Nacional”.
Cómo seguir
La preocupación es amplia y abarca distintos aspectos, desde la situación personal de cada uno de los acusados, que vive un calvario de aquel entonces a la imposibilidad de enfrentarse a un escenario que, de prosperar el juicio, se vuelve inabarcable: antes de abrir un parque habría que revisar todos los árboles, las rocas, el suelo. Escudriñar el universo inmenso que se despliega. “Si vas a abrir cuando esté en 100% seguro, no lo vas a abrir nunca. Si la justicia entendiera que hay responsabilidad penal va a estar muy difícil: con qué tranquilidad mantenemos un espacio natural, agreste, abierto al público”.
Es por esto que en estos días se están desarrollando asambleas para determinar las medidas de acción que visibilicen la situación y acompañen el proceso.
– ¿Cómo están hoy los imputados?
-El personal de parques está en un estado de angustia, tanto los trabajadores como sus familias, la mayoría se tuvo que ir, no pudo seguir viviendo en San Martin por el nivel de hostilidad y agresión que vivían en las calles. Al personal del Parque Nacional Lanin hay gente por la calle que les gritaba asesinos y no tienen nada que ver con esto. Me parece que está muy mal llevado el tema y alguien va a tener que hacerse responsable de todo este maltrato, a los imputados y a todo el personal del Parque Nacional Lanín que viene sufriendo un hostigamiento injustificado.
Por Violeta Moraga
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
Seguí leyendo Al Margen:
