Se trató del exjefe de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Patagonia, Aníbal Julián Onetto, quien explicó que el procedimiento “llevó varias horas” porque se realizó persona por persona y arma por arma. Cobertura de Santiago Rey.
El exjefe de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Patagonia, Aníbal Julián Onetto, detalló, en la sexta audiencia del juicio por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, el secuestro de las armas y los celulares de los agentes del grupo Albatros de la Prefectura implicados en el caso, que estuvo a su cargo.
Además, ese mismo personal de la PSA realizó el traslado de dos jóvenes mapuches detenidos, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes habían bajado hasta la ruta a Nahuel en una camilla de palos improvisada tras el desalojo y represión a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que estaban en la montaña cerca del lago Mascardi, en Bariloche.
En relación al secuestro de las pertenencias de los Albatros -grupo de elite de la Prefectura Naval que participó en la represión el 25 de noviembre de 2017-, Onetto detalló que la operación “llevó varias horas” porque se realizó persona por persona y arma por arma, e incluyó el conteo de cargadores y municiones que portaba cada uniformado.
El dato del tiempo que demoró el trámite es importante, ya que permitió, por ejemplo, que el jefe del grupo que ingresó al territorio de la comunidad, Pablo Rubén Berra, dejara grabados dos audios de Whatsapp en los que dio su versión de los hechos y sirvió como base al relato que sobre lo ocurrido construyó el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, durante el Gobierno de Mauricio Macri.
“El armamento y teléfonos estaban en manos del personal (Albatros) hasta tanto los secuestramos; fue de a uno, eran muchos los integrantes, llevó mucho tiempo el secuestro, porque además de registrar cada armamento se contaba cada munición, se sacaron fotos, llevaron registros y embalaron de determinada manera. Fueron horas”, explicó Onetto.
Otro integrante de la PSA, Luis Alberto García, confirmó cómo se realizó ese procedimiento, y transparentó que no contaban con un listado previo de las armas y celulares a secuestrar y que ” los oficiales (Albatros) se iban acercando y nos daban su armamento, cargadores y teléfonos”.
Los integrantes del grupo de elite de la Prefectura esperaron todos juntos y en otra habitación del edificio del ACA (Automóvil Club Argentino) ser llamados para la entrega de sus armas.
Los detalles de la audiencia
Durante la audiencia de ayer miércoles, un punto importante para las querellas fue intentar determinar la extensión y ubicación exacta del terreno que desalojó la Policía Federal con apoyo de Prefectura el día 23 de noviembre.
En ese sentido, Marcelo Sertic, miembro del Grupo de Operaciones Especiales Federales (GEOF), que fue parte del operativo en materia de inteligencia y durante el desalojo del 23 de noviembre de 2017 (dos días antes del crimen), aseguró que el juez interviniente, Gustavo Villanueva, apenas les informó a grandes rasgos los límites del predio.
Sin embargo, la querella ejercida por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, pidió a los policías federales Gonzalo Rosale y Ricardo Ramírez que confirmen si sus respectivas firmas figuraban en un acta realizada el mismo 23 de noviembre -incluida en el expediente en foja 112 a 121- en la que se ordena la acción en un terreno con un límite de 200 metros de ancho por 300 de largo.
Tanto Rosale como Ramírez reconocieron sus firmas en el acta.
Consultado por este medio, Przybylski explicó que “la orden judicial de desalojo no era en todo el terreno, no era toda la montaña, no era hasta la cima donde debían actuar las fuerzas de seguridad. Es muy importante saber que el terreno sí estaba delimitado en el acta firmada por integrantes de la Policía Federal”.
Sertic, quien participó en las tareas de inteligencia previa y en el desalojo, dijo que en la exploración realizada en los días previos así como durante el desalojo del 23 de noviembre (dos días antes de la represión donde mataron a Nahuel) no observó armas de fuego en manos de los integrantes de la comunidad. En cambio, calificó como “agresiva” la actitud al momento de repeler el desalojo, y aseguró que fueron agredidos con piedras.
El juicio por Rafael Nahuel
En el proceso oral y público son juzgados los “Albatros” Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón.
Las próximas audiencias serán los días 5 y 6 de septiembre, que abrirán el debate en torno a las pericias balísticas realizadas durante la instrucción de la causa.
Con ese objetivo fueron citados siete peritos, quienes participaron tanto de la autopsia al cuerpo de Nahuel, como de las pericias sobre las armas de los Albatros y el proyectil extraído del cuerpo de la víctima.
En primer término declarará Leonardo Saccomanno, perito médico que realizó la autopsia del cuerpo. El testimonio, según estiman las querellas, será trascendente para determinar la ubicación de Nahuel al momento de recibir el disparo, y la distancia en relación a sus agresores.
Más tarde se espera que declaren como testigos los tres peritos que participaron de la primera pericia balística, la única realizada sobre el proyectil que dio muerte al joven sin intermediación entre el cuerpo y el microscopio.
Por Santiago Rey (Cobertura especial para Télam)
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