El juez de primera instancia del Bolsón dispuso la prohibición de avanzar con la exploración de los territorios comunitarios por empresas mineras hasta tanto no se realice el proceso de consulta a comunidades asentadas en la Línea Sur.
En el contexto político provincial actual, marcado por un énfasis extractivista, la decisión del juez Marcelo Muscillo de escuchar a las comunidades y procurar su consentimiento respecto de los proyectos mineros que afecten sus territorios, sobresale dentro de un sistema judicial que se resiste a abordar los conflictos con perspectiva indígena.
La administración de la gobernadora Arabela Carreras otorgó permisos mineros a Ivael Mining S.A. en la región de la Línea Sur. Siete comunidades nucleadas dentro de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) junto a organismos de derechos humanos (APDH y ODHP) interpusieron una acción de amparo contra el Estado de Río Negro por no haberse realizado el proceso de consulta libre, previa e informada ordenado por la normativa constitucional.
Los derechos consagrados por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional; los arts. 5, 6, 7, 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen la participación de las comunidades en la gestión de sus recursos naturales a través de un proceso de consulta. Esta consulta posee ciertas reglas que la distingue de una simple conversación entre las partes: requiere que el intercambio sea con las autoridades de los pueblos originarios, que la información sea clara y accesible y que se respeten los tiempos que necesitan las comunidades para dar o no su consentimiento.
La avanzada de la empresa extractivista se inició a principios del 2020. Mientras los ciudadanos estaban aislados puertas adentro, los operarios entraban a las comunidades para extraer muestra del terreno. Lorena Cañuqueo, miembro de la comunidad Newen Ñuke Mapu e investigadora de la Universidad de Río Negro, recopiló los testimonios de los comuneros. En conversación con Al Margen relató las estrategias de acercamiento de la Ivael Mining S.A.: “En lugar de informar a toda la comunidad qué minerales se van a buscar, qué químicos van a utilizarse, cuánta superficie va a estar explotada, cuál va a ser el impacto ambiental, se dirigían a los pobladores por separado y les prometían computadoras para sus hijos, materiales para mejorar sus casas, además de arreglar los caminos”.
Las comunidades se fueron enterando de que la empresa estaba en busca de minerales de primera categoría -oro, plata y litio- en la región a través de los medios de comunicación y del boletín oficial de la provincia. Cuando preguntaron a la Secretaría de Minería no tuvieron respuesta. Ante el vacío de información, el 12 de julio de 2021 se realizó el “cierre de tranqueras” ( https://almargen.org.ar/2021/07/13/cerrando-tranqueras/ ) un acto de defensa territorial en las que todas las comunidades afectadas tomaron la decisión de impedir el paso a los operarios mineros.
Luego de un juicio realizado a través de una plataforma virtual, con la complejidad que esto conlleva ‘debido a las grandes distancias y a que muchas de las comunidades no tienen conexión a internet’, la justicia falló a favor del derecho de los pueblos originarios a ser informados mediante procedimientos apropiados a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Existe un precedente a esta resolución judicial donde la Corte Suprema de Justicia- en su sentencia del 8 de abril de 2021- hizo lugar a un reclamo de comunidades originarias de la zona de Villa Pehuenia, que cuestionaron la creación de un nuevo municipio en el lugar, sin haberse verificado la consulta previa.
Sofía Bordenave, abogada que actuó como miembro del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en la causa afirmó que este proceso dio cuenta de la dificultad de acceso a la justicia por parte de los pueblos originarios, sin embargo el gran esfuerzo colectivo de las comunidades del Parlamento Mapuche, de organismos estatales como el CODECI y agrupaciones de derechos humanos que sostuvieron el trabajo a lo largo del tiempo hizo que se pusiera en marcha el sistema de protección de derechos.
Por Verónica Battaglia
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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