Hace unos días en el barrio San Francisco IV, se inauguró un Centro Comunitario en un predio cedido por una familia al MTE –la organización social que lidera Juan Grabois-. Habrá allí apoyo escolar, talleres culturales y sociolaborales, ayuda jurídica. Y funcionará además un ambicioso proyecto de turismo social, es decir, un espacio para que trabajadores de la economía popular de cualquier lugar del país (también llamados sub ocupados, informales, precarizados) puedan alojarse, comer y visitar la ciudad. Imagínese a un hombre de 50 años que a diario limpia un arroyo en La Matanza conociendo por primera vez Playa Bonita. O a una costurera tucumana caminando como nunca antes en algún sendero de Circuito Chico. La construcción de las instalaciones estará financiada por la secretaría a cargo de Fernanda Miño en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con fondos del impuesto a las grandes fortunas. El plan prevé arrancar con 24 plazas: una hendija oportuna para el aproximado millón y medio de personas que de ninguna otra manera podría venir a Bariloche. El debilitamiento del turismo social en la Argentina es reflejo de un Estado ocupado en otros sectores.
Después de algunas iniciativas cristianas y sindicales de la última década del 30, el primer peronismo extendió el turismo social a todo el país con colonias de vacaciones y dos estandartes: los hoteles de Embalse en Córdoba y Chapadmalal en Mar del Plata. Adentro había salas de cine y de teatro, bowling, polideportivos, capillas, atención médica, farmacias. Todo se financió capturando parte de la renta empresaria y mediante la ley de aguinaldo, que permitió a los obreros gastar un sueldo más para su disfrute y al Estado construir infraestructura y remodelar antiguos alojamientos de Parques Nacionales y de los ferrocarriles nacionalizados. Ese apogeo del Estado benefactor también se observó en Brasil y Colombia. Lo cuenta Érica Schenkel en un libro dedicado al tema: “Política turística y turismo social, una perspectiva latinoamericana”. El declive vino de la mano de la dictadura y el fin del fondo específico de turismo que pasó a estar englobado dentro del IVA. Se desarticularon áreas, cerraron hoteles, gente quedó sin trabajo. En 2001 llegó a la terapia intensiva con el cierre de 4 de los 7 hoteles de Embalse y 5 de los 9 hoteles de Chapadmalal.
“En los 90, como parte de la descentralización del Estado, los gobiernos provinciales y municipales comienzan a tener más participación y se consolida el privado como agente operador, pensando al turismo social más como forma de solventar costos fijos y aumentar las ganancias empresarias que poniendo el interés en el público, que despacio va a alejándose de ese sector socio económicamente vulnerable”, dice Schenkel, Docente-investigadora de la Universidad Nacional del Sur y del Conicet y Doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo.
“La caída del Estado benefactor implicó la desarticulación del trabajo asalariado y, por tanto, hoy los asalariados son parte de los grandes beneficiarios con trabajo formal y estable. Los usuarios de turismo social, que eran los sectores excluidos, hoy ya no lo son. Ese es el gran actor a incluir”, dice Schenkel.
En 2005 se sancionó una nueva ley de turismo, la 25.997, que consagra al turismo extranjero como prioritario para el desarrollo nacional, algo así como una actividad de exportación no tradicional. ¿Cómo se expresa eso en recursos? En la distribución del presupuesto, hay una apuesta a ese turismo para el que se creó el INProTur (Instituto Nacional de Promoción Turística). Cuando llegó la pandemia, el Estado volvió a apostar al turismo nacional que había sido subestimado por prestadores privados y el actor público. Su paradigma es el Pre Viaje, que permitió contrarrestar la crisis atrayendo más turismo nacional que antes en Bariloche, Calafate, Ushuaia. En esta nueva edición –Pre Viaje 4- el Estado gastará hasta $70.000 por cada viajero, casi un 75% más que la asignación del Potenciar Trabajo que perciben los trabajadores de la economía popular, que ahora tendrán su proyecto en Bariloche a precios de costo, aseguran sus impulsores, a partir de mediados de 2024.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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