El pueblo mapuche-tehuelche pelea por ser reconocido como sujeto político colectivo, una de las estrategias para superar el aislamiento que imponen los sectores dominantes en su afán por asfixiar conflictos en forma particular, sin resolverlos. Nota de Susana Lara.
Ese carácter colectivo y plural permitió en San Martín de los Andes (Neuquén) reclamar al presidente de la Nación una mesa de diálogo para resolver el conflicto en Villa Mascardi (Río Negro), desarmar las opciones de militarización del territorio, la libertad de las seis presas políticas mapuche y responsabilidad institucional con las provincias en el resguardo del buen vivir. Después de muchos años, importantes movilizaciones en las calles se vivieron el 11 y 12 de octubre en reclamo del cese de persecución judicial a la Lof Lafken Winkul Mapu, el derecho a nacer en libertad de lxs niñxs y la desarticulación del comando unificado que creó el ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros reclamos.
Ante representantes de comunidades mapuche de Neuquén y el gobernador Omar Gutiérrez, el presidente Fernández anunció el martes pasado la reducción del comando unificado Villa Mascardi a 40 efectivos (diez por cada fuerza federal), lo que no se había advertido sobre la ruta nacional 40, al sur de Bariloche, hasta el cierre de esta nota. Mientras algunos sectores políticos buscan construir espacios más amplios, la jueza federal Silvina Domínguez extendió una vez más el plazo del secreto de sumario que impide a las defensas conocer las pruebas por las que se les atribuye a seis zomo (mujeres) mapuche el atentado a la casilla móvil de Gendarmería Nacional el 26 de septiembre pasado. Ese ataque anónimo justificó la nueva escalada represiva.
A la vez, a 530 años del inicio de la conquista y colonización del continente americano, el 12 de octubre se dio a conocer la Legión Nacional Patriota, división comarca andina, grupo de choque anónimo que convoca a actuar contra el pueblo mapuche. Días antes, una patota atacó a plena luz del día el vehículo de un activista mapuche en el centro de El Bolsón, otro de los escenarios fuertes del conflicto territorial andino patagónico. En la ampliación del radio de la maniobra, en Villa La Angostura, la madrugada del viernes 14 autores anónimos incendiaron intencionalmente máquinas viales usadas en la construcción de la obra de circunvalación, en la que Vialidad Nacional tiene pendiente realizar la consulta previa con la comunidad Paisil-Antreao. Un panfleto a mano alzada se lo atribuye a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el que apareció seco, sin una mancha de aceite ni ceniza. Todas las zonales de la Confederación Mapuche del Neuquén repudiaron el ataque incendiario, que se realizó cuando el ex Presidente Macri volvió a insistir en que las fuerzas armadas intervengan en los conflictos sociales.
El encuentro del presidente con la gente mapuche confirmó que carece de un colaborador directo en el Ejecutivo con capacidad real de establecer un diálogo con los pueblos originarios; esto está acentuado con el desplazamiento del equipo de Sabina Frederic de la cartera de Seguridad, la total asfixia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la errática política de la Administración de Parques Nacionales. Además, habla de la insuficiencia de los acuerdos generales con las gobernaciones, ya que los conflictos territoriales necesariamente recaen en la Nación, garante final de cumplir la Constitución Nacional y los pactos internacionales. En Río Negro es sistemático el incumplimiento de la ley local del indígena de 1987, fruto de una amplia movilización de base anterior a la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la ley 26160 de emergencia territorial, por citar otros antecedentes institucionales fundamentales en el conflicto con los pueblos originarios en Argentina. De acuerdo con algunxs asistentes consultadxs, el gobernador Gutiérrez ingresó tarde a la reunión con el presidente y salió en más de una oportunidad, como si su distrito no tuviera conflictos por resolver con el pueblo mapuche.
Aquellos barcos
“Nosotros no llegamos en barco. Soy la cuarta generación en este lugar. Detrás de mí, ya hay una quinta generación. Seguiremos brotando como las flores y la hierba”, dijo al presidente Leticia Curruhuinca, quien asiste y se forma con Rosa Barbosa Canullan, machi (autoridad espiritual) de la comunidad Fin Boroa, Chile. Integró el grupo de gente mapuche que se congregó en la sala de reuniones del hospital público de San Martín de los Andes que se inauguró el martes pasado. Reclamó que la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida en Bariloche, pueda volver a su rewe (espacio ceremonial); que Romina Rosas, también detenida, pueda dar a luz a su hijitx de acuerdo a la cosmovisión mapuche; que se desmantele el comando unificado y que el Estado se siente a dialogar. “Entré con la bandera de la machi Rosita y la wenufoye (bandera que identifica al pueblo mapuche desde 1992); el petitorio que entregamos en mano y un ram de lawen (hierbas nativas medicinales) para explicar cómo trabaja una machi”.
Pocas horas antes se confirmó la realización de ese encuentro, cuya necesidad y conveniencia costó que entendiera el entorno presidencial, según fuentes que participaron de esas gestiones. En Neuquén el pueblo mapuche tiene una larga experiencia organizativa, construida históricamente con la iglesia católica del obispo Jaime De Nevares y el Movimiento Popular Neuquino (MPN) de los orígenes de Felipe Sapag. A diferencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Lanín de alguna forma sí reconoció la existencia de comunidades en el espacio en el que se creó y amortiguó la experiencia del conflicto por las tierras de Pulmarí (en la zona de Aluminé, a partir de 1995). Las comunidades Curruhuinca, Cayún y Vera son buena parte de la población estable, con las que los distintos gobiernos comunales discuten derechos sobre el cerro Chapelco, construyeron el primer barrio intercultural, crearon una comisión intercultural permanente en el Concejo Deliberante local y sostuvieron un espacio de co-manejo en el Parque Lanín bastante más operativo que el del Nahuel Huapi. Todos los partidos políticos con representación institucional en San Martín de los Andes reconocen a las comunidades mapuche como actores sociales fundamentales, incluido el PRO que quiere ganar las próximas elecciones municipales.
La democracia representativa en esta ciudad no puede imaginarse negando al pueblo mapuche, por distintas razones. El modelo de la supremacía blanca de Villa Mascardi implica altísimos riesgos hasta para el MPN en el gobierno, lo que no entenderían los ministros neuquinos Jorge Lara y Sandro Badilla, los únicos que no se sentaron a la mesa. “Le mostré [al presidente] el video donde se ve a mi lonko llorando por los gases lacrimógenos”, contó Leticia, refiriéndose a la represión desatada horas antes contra la gente que realizaba una ceremonia tradicional frente al lago Relmü (o Mascardi). “Nos pidió que fuéramos puente para una mesa de diálogo”. Confía en que las palabras queden en el corazón y en el espíritu. “Le dijimos que no se olvide que está en territorio mapuche. Que no llegamos en barco”.
Santiago Fernández, concejal del Frente de Todos de SMA, aportó otras precisiones del encuentro. El presidente dijo que la Nación envió 150 efectivos para el comando unificado, que se desarticulará después del desalojo y que ya estaba retirándose para quedar 40, diez por cada fuerza federal. La prensa local siempre habló de 250 efectivos, pero nunca pudo acreditarse. Tampoco se advierte (del último martes al viernes) reducción de efectivos en el cordón militarizado de la ruta 40 próximo a Mascardi. También deslindó responsabilidades respecto al traslado de las detenidas a la cárcel de Ezeiza, diciendo que al saberlo instruyó a los ministerios de Seguridad (Aníbal Fernández) y Justicia y Derechos Humanos (Martín Soria) para poner a disposición el avión presidencial para su regreso.
Al parecer, sin nombrarlo, se aludió a la responsabilidad del procurador general Eduardo Casal, jefe máximo de la fiscal interina María Cándida Etchepare, quien impulsa la causa contra seis mapuche detenidas como coautoras del incendio intencional del puesto de Gendarmería y usurpación y despojo de un puñado de once lotes en Villa Mascardi.
El concejal destacó dos obras públicas que materializan una opción de reconocimiento estatal de derechos al pueblo mapuche. En la visita se confirmó el financiamiento del primer tendido de gas natural en territorio comunitario, destrabado porque el Concejo Deliberante local aprobó normativas especiales para adaptar las exigencias de la empresa Camuzzi Gas del Sur al ordenamiento territorial comunitario. La otra es un acueducto de 17 kilómetros que beneficiará a 130 familias mapuche y criollas nativas que desarrollan la forma de vida tradicional en el territorio, proyecto recientemente presentado que debe iniciarse en enero, durante la bajante del nivel del agua.
En 2009 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó al Estado argentino que adoptara medidas transitorias en tanto todos los organismos públicos revisaran su normativa a la luz del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales. La ordenanza 11115 de 2016 creó un ordenamiento catastral de todo el territorio comunitario perteneciente al Lof Mapuche Curruhuinca y al Lof Mapuche Vera que se encuentren dentro del ejido de la Municipalidad de San Martín de los Andes, herramienta institucional que permite hacer operativo el acceso a servicios públicos negados sistemáticamente por las empresas y organismos públicos, en tanto ni la Nación ni las provincias reconocen los territorios comunitarios.
Ni tan blancos ni tan indios
Los sectores dominantes hablan desde la centralidad porteña sobre un sujeto social sin trayectoria histórica ni anclaje territorial. Así, Miguel Pichetto, funcionario público nacional y precandidato a presidente en la coalición PRO, condenó la reunión del presidente con responsables de actos terroristas adjuntando la foto en la que se identifica sin lugar a dudas a Héctor Uribe, lonko de la comunidad Curruhuinca.
Otra respuesta política llegó unos kilómetros al sur, tres días después. El viernes 14, a la 1.30 aproximadamente, al menos dos encapuchados atacaron a un sereno de una empresa contratista que cuidaba cuatro máquinas viales que se usan en la obra de la ruta de circunvalación en Villa La Angostura, que en un tramo atravesó sin autorización el territorio de la comunidad Paisil-Antreao. Amenazaron con un arma corta al sereno y prendieron fuego cuatro máquinas y una casilla. En el lugar custodiado, recién a las 11 de la mañana fue encontrado en muy buenas condiciones el panfleto manuscrito que reivindica la RAM. El ataque anónimo lo investiga la Justicia ordinaria, la misma que todavía debe una investigación sobre el ataque de una patota de Buenos Aires contra diez jóvenes mapuche en junio de 2018.
La imagen de las máquinas ardiendo busca lograr lo que no consiguieron las pintadas anónimas en la parroquia católica del puerto que aparecieron el 5 de octubre, al día siguiente del desalojo de la Lafken Winkul Mapu y la detención de siete mujeres. A simple vista, el panfleto guarda muchas similitudes con los aparecidos en tres eventos dudosos del último año en Río Negro. Viajó de urgencia al lugar José Gerez, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Los autores del ataque anónimo no deben desconocer que Gerez, en su momento, articuló con el gobierno de Mauricio Macri la política represiva patagónica y abonó la hipótesis de la RAM de la ex ministra Patricia Bullrich.
En la misma semana, comunidades de Neuquén emitieron dos documentos. El primero fue el petitorio de reclamo al presidente para que desmantele el comando unificado e impulse la vía del diálogo, al que adhirieron organizaciones y espacios sociales. El último, al cierre de esta nota, por el que representantes de las seis zonales de la COM reclamaron “una profunda investigación para que este atentado a las máquinas viales sea clarificado ante la posibilidad de un burdo montaje destinado a crear clima para una militarización de los territorios comunitarios, en particular aquellas comunidades que demandan derecho”. Consideraron que el ataque incendiario lesiona especialmente a Lof Paicil Antreao, Lof Kinxikew, Lof Kintupuray y Lof Melo, todas asentadas en la costa norte del lago Nahuel Huapi y junto al lago Correntoso.
Otra respuesta política la dio el gobierno de Río Negro. Llamó sin tiempo a una mesa de diálogo a la que las organizaciones mapuches no asistieron entendiendo que no era seria la convocatoria que envió con minutos de antelación Evangelina Saizar, secretaria de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Educación.
A la misma hora, Diego Frutos, ícono de la resistencia del capital privado en Mascardi, ingresó al territorio comunitario al que la defensa de las detenidas y la comunidad no pudo ingresar a constatar las condiciones del rewe, especialmente.
Romina está a punto de dar a luz a una niñita en una ruka comunitaria en Bariloche. Cumple prisión domiciliaria como coautora de usurpación, despojo y ataque incendiario y a balazos contra la Gendarmería. Otra razón para la urdiembre del Kvme Felen (todas las vidas en equilibrio justo).
Por Susana Lara (El Cohete a la Luna)
Fotos: Eugenia Neme y Pablo Candamil
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*Cartografía realizada para esta nota por Javier Grosso, geógrafo, docente de la Universidad Nacional del Comahue.
