Este sábado a las 16 frente a las carpas del Bariloche a la Carta, un grupo de inquilinos montará otras carpas: el botón de muestra de un escenario posible en pleno centro durante los próximos meses ante la ola de desalojos permanentes.
A medida que se acercan los días cálidos de verano crece la expulsión de inquilinos sin contrato de casas y departamentos cuyos dueños prefieren rentarlos a turistas. También crece el desamparo y el eco del silencio de una política pública municipal ausente.
Este sábado a las 16 frente a las carpas del Bariloche a la Carta en el Centro Cívico, un grupo de inquilinos montará otras carpas: el botón de muestra de un escenario posible en pleno centro durante los próximos meses, ante la ola de desalojos permanentes.
Emiliano Guenin, uno de ellos, nos cuenta la historia de una vecina y su hija de diez años, quienes desalojadas de la propiedad alquilada recurrieron a la Comisaría de la Familia, donde le sugirieron asistir a un refugio para mujeres víctimas de violencia de género porque la municipalidad no tenía un lugar para ellas.
Los inquilinos están organizados en varios grupos de Facebook –SoloAlquileresPermanentesBariloche con más de 50 mil miembros es el más grande- y por Whatsapp -el que integra Emiliano Guenin tiene 99 integrantes-.
“Pasó a ser un grupo de autoayuda”, dice. “Ahí compartimos nuestras experiencias y nos alegramos cuando conseguimos alquiler para uno de nosotros”.
El caso de Emiliano Guenin: alquila sin contrato desde hace seis meses; de uno a otro el dueño decidió incrementar el precio en un 40%; por doce metros cuadrados paga por $35.000. “Es un supermegamonoambiente”, dice.
Los inquilinos presentaron un petitorio para reunirse con los concejales municipales. Una de ellos, Julieta Wallace, elaboró un proyecto para crear una mesa de negociación colectiva con las partes interesadas, que sigue el curso lento de las comisiones legislativas.
Guenin y los inquilinos buscan que el Estado haga cumplir la ley que regula el mercado inmobiliario (contrato por tres años, aumento anual, un mes de depósito de garantía). Para ello solicitaron una reunión con el intendente Gustavo Gennuso, cuya administración carece de un área dispuesta a trabajar sobre este problema.
Consultada sobre la continuidad del ámbito de diálogo impulsado por la Defensoría del Pueblo con la participación del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, su titular Analía Woloszczuk confirmó que sólo pudieron reunirse una sola vez.
“Solicité al directorio del Instituto una mesa de diálogo y le propuse trabajar sobre alquileres sociales. Dijeron que lo iban a ver y por cuestiones de agenda no pudimos volver a encontrarnos”, aseguró Woloszczuk a Al Margen.
Mientras tanto la defensoría continúa propiciando mediaciones comunitarias con soluciones provisorias entre partes por fuera del ámbito judicial.
De acuerdo a un entrecruzamiento de registros, la Fundación Ambiente y Desarrollo calculó en mayo pasado que unas 5000 viviendas (un 10% del total) en Bariloche están potencialmente vacías.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
