El debate por el salario básico universal se instaló en una Argentina donde casi la totalidad de la población trabaja sin que ello le garantice derechos o un piso de ingresos para evitar la pobreza. ¿Qué propone esta política pública? ¿Reemplaza a los planes sociales? ¿Cuáles son los malos entendidos que la rodean? Sin costos exagerados, a partir de un gasto público eficiente y justo, la propuesta busca responder a los problemas estructurales del mercado laboral argentino y tejer una red de sostén colectivo.
El mundo del trabajo es muy diverso. Tomemos, para ilustrar esa heterogeneidad, dos elementos. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del cuarto trimestre de 2021, un 7 por ciento del total de la población económicamente activa está desocupado. Este número relativamente bajo demuestra que, a pesar de todo, la Argentina está en condiciones de generar puestos de trabajo.
¿Cómo se compone el 93 por ciento ocupado? Un 73 por ciento trabaja a cambio de un salario, que sigue siendo por lejos la forma laboral predominante en la economía nacional, aunque dentro de ese número una tercera parte lo hace sin estar registrada: sin aportes jubilatorios, obra social ni derechos laborales o gremiales. A su vez, un 23 por ciento trabaja por cuenta propia, por fuera de la relación de dependencia. Entre ellos, sólo uno de cada diez es profesional, mientras que el resto se reparte casi por partes iguales entre monotributistas de diversos rubros y formas organizadas o no organizadas de la economía popular, gran parte de ellos en la informalidad, según explica el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.
Prestemos atención, ahora, a la población económicamente “inactiva”. Este concepto estadístico fue puesto en cuestión por diversos enfoques feministas. A raíz de sus planteos, el trabajo doméstico y las tareas de cuidado empezaron a ser consideradas actividades laborales. Pero el mercado no necesariamente las valoriza, como queda en evidencia con solo cargar algunos datos en la “calculadora del cuidado” creada por el gobierno argentino y la OIT. ¿Cuántas de las personas que el INDEC registra en este rubro, en rigor, “no trabajan”?
Ambas cuestiones muestran que necesitamos repensar el concepto de trabajo, para que se aplique a la realidad del mundo laboral argentino contemporáneo. Una premisa básica es distinguir trabajo de empleo y, particularmente, de empleo registrado.
La sociedad argentina trabaja casi en su totalidad, salvo la mayoría de niños y ancianos que están cubiertos por la seguridad social. El problema es que, por un lado, ese trabajo no necesariamente está acompañado por los derechos que cubre el empleo formal. Por el otro, no siempre ese trabajo brinda un piso de ingresos que permita evitar caer en situaciones de pobreza o de indigencia.
Mientras esperamos el milagro
Hay quienes piensan simplemente que cubrir esos dos agujeros debería ser el norte de cualquier programa político: lograr una sociedad con pleno empleo registrado y con ingresos que impidan que haya personas por debajo de la línea de pobreza. Por supuesto, es difícil no coincidir con estos objetivos. ¿Son viables para la Argentina en el contexto del capitalismo actual?
Supongamos que la respuesta sea afirmativa, como recientemente aseguró Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene el mérito -poco frecuente entre nuestra dirigencia política- de haber asumido esta discusión. En ese caso, ¿qué transformaciones sería necesario planificar para lograr esos objetivos y cuánto tiempo haría falta para conseguirlos? Supongamos también que el país consiguiera alinearse detrás de una estrategia de desarrollo y que el contexto internacional colaborara sostenidamente para que tenga éxito. Son muchos supuestos positivos, ¿no? Pero no importa, asumamos también estos. ¿Qué debería suceder mientras tanto con todas aquellas personas cuyos ingresos, a pesar de trabajar, no son suficientes? ¿Cómo abordarían las políticas públicas su realidad? ¿Simplemente deberían arreglárselas como puedan y esperar este “milagro”?
La respuesta a estas preguntas ya fue parcialmente saldada por la dirigencia política y masivamente aceptada por nuestra sociedad. ¿Por qué fue creada la Asignación Universal por Hijo si no para alcanzar con el régimen de asignaciones familiares a todos aquellos niños y niñas cuyos padres y -sobre todo- madres trabajan en diversas variantes de la informalidad? ¿Por qué no se les dijo simplemente que aguarden a encontrar un empleo registrado para recibir las asignaciones familiares correspondientes? ¿Por qué fueron creadas las sucesivas moratorias previsionales para alcanzar a las personas mayores cuya trayectoria laboral no les había permitido obtener treinta años de aportes, sea porque habían trabajado sin estar registradas o porque, por ejemplo, habían sido amas de casa? ¿Por qué incluso el gobierno de Macri creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que, aunque rebajó la prestación y le quitó derechos con respecto a una jubilación, también reconoció que había allí una situación que debía ser abordada por la cobertura de la seguridad social?
Construir un derecho
Si los defectos del mercado laboral argentino ya fueron asumidos por la política pública para niños y adultos mayores, ¿qué se puede hacer para las personas que tienen entre 18 y 64 años? Al respecto, contamos con experiencias recientes significativas. La de mayor alcance fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que permitió reconocer la existencia y la heterogeneidad del mundo laboral argentino y complementar los ingresos de millones de familias en los meses más duros de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19. Es cierto que se trató de un momento excepcional, en el que el Estado también hizo un aporte muy importante para complementar los salarios de millones de empleados registrados a través de programas como el ATP.
¿Qué debería suceder con todas aquellas personas cuyos ingresos, a pesar de trabajar, no son suficientes? La respuesta a esta pregunta ya fue masivamente aceptada por nuestra sociedad.
Podría pensarse que fue una medida de excepción. Ahora bien, en abril de 2022 se anunció una medida similar, aunque con algunas mejoras de implementación. Se trató del Refuerzo de Ingresos que se pagó en dos cuotas a un universo de 7,5 millones de personas ante el pico de inflación que impactó en los primeros meses del año. Si bien la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos es general desde fines de 2015, los trabajadores informales y de la economía popular fueron quienes más perdieron, llegando a un 32 por ciento para abril de este año.
El concepto de refuerzo de ingresos es muy relevante. Porque asume que ese universo trabaja: en la informalidad, en la economía popular, en tareas de cuidados o incluso de forma registrada pero con ingresos bajísimos, como suele ocurrir en ramas como el trabajo agrícola, el empleo doméstico o las categorías más bajas del monotributo. Trabaja pero sus ingresos no le alcanzan.
Generar una política pública como el Salario Básico Universal que propusimos a través de un proyecto de ley o, si se quiere, un Refuerzo Universal de Ingresos, no es más que institucionalizar bajo la forma de un derecho este complemento de ingresos hacia un universo de personas cuyo trabajo no alcanza para acceder a una vida mínimamente digna. Es tejer una red para que ningún argentino o ninguna argentina caiga desprotegida en la intemperie.
Esa red implica hacernos cargo de una de las problemáticas más dolorosas de nuestra realidad: la del hambre, la indigencia extrema, que equivale a la negación de todos los derechos. ¿O acaso es posible capacitarse para conseguir un trabajo, educarse plenamente, acceder a una vivienda digna, ejercer las libertades democráticas o gozar del acceso a la salud, sin poder alimentarse? Un Salario Básico Universal entonces podría no solo reforzar el ingreso de los millones que trabajan por debajo de la línea de pobreza, sino también reducir drásticamente la indigencia y proponer un futuro y una noción de comunidad frente a la realidad del descarte.
Debates abiertos
¿Qué tipo de contraprestación sería requerida para acceder a este derecho? Se trata de un problema complejo porque conviven situaciones muy distintas en el universo de posibles beneficiarios. Es evidente que no es igual la realidad laboral de un empleado informal de un negocio de barrio, la de un vendedor callejero de medias, la de una agricultora familiar, la de una cocinera de un merendero en un barrio popular o la de alguien en situación de calle. Sería equivocado plantear una única forma de contraprestación, y probablemente debamos apelar a diversas opciones que incluyan aspectos educativos, de capacitación laboral o de tareas comunitarias. Hay quienes piensan, incluso, que no correspondería ninguna forma de contraprestación.
Otra cuestión es la noción de universalidad. Puede haber un equívoco, asociado a debates que se están produciendo en países del Norte, donde comienzan a imaginarse formas de sustituir la relación salarial por otras formas de asignación de ingresos para toda la población. Lógicamente, esto no es lo que estamos proponiendo para la Argentina.
El concepto de universalidad hace referencia a que todas aquellas personas que se encuentran integradas dentro de un determinado universo, tienen derecho a acceder a ese derecho. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, no es para todos los niños y niñas de la Argentina, sino solo para aquellos cuyos padres no acceden a un empleo formal.
Universalidad se opone a discrecionalidad. Quiere decir que cualquier persona que se encuentre dentro del universo definido, solo tiene que inscribirse para recibir la transferencia de dinero. De esa manera, se evita cualquier forma de arbitrariedad en la asignación de recursos públicos.
¿Se trata entonces de suplantar los “planes sociales”? En parte sí y en parte no. Los mal llamados “planes sociales” son un conjunto de políticas públicas con distintas finalidades: de asistencia social, alimentaria, de apoyo al empleo, de sostén a la educación, entre otras. En nuestro país existen diversos programas, muchas veces superpuestos entre instancias municipales, provinciales y nacionales. Varios de esos programas podrían verse integrados y ampliados cualitativamente en su cobertura por un salario universal, como el caso de la Tarjeta Alimentar. Hay otros que podrían volver a asumir su finalidad original, como el caso del Potenciar Trabajo, que otorga un salario social complementario a integrantes de unidades productivas de la economía popular organizada. Al calor de la crisis económica iniciada en 2018, muchas personas que reclamaban una asistencia del Estado terminaron por ser inscriptas en este programa, que no estaba pensado para ello. El salario universal sería una solución para reorganizar la política social del Estado argentino de forma transparente y coherente.
¿Se trata de un costo fiscal descabellado? No. ¿Puede hacerse sin recurrir a la emisión monetaria? Por supuesto que sí.
Una de las objeciones principales es el costo fiscal que implicaría ponerlo en práctica, con mayor razón en tiempos de altas restricciones debido a la fragilidad de la situación macroeconómica y a los compromisos asumidos con el FMI. Pero en este punto hay varios malentendidos a disipar. ¿Se trata de un costo fiscal descabellado? No. Descontando las erogaciones que el Estado ya realiza en otros programas sociales que se verían subsumidos y el retorno fiscal de una política que en su totalidad iría destinada al consumo de bienes, se alcanza un monto neto a financiar equivalente al 0,7 por ciento del PBI. ¿Puede hacerse sin recurrir a la emisión monetaria? Por supuesto que sí, para ello se pueden imaginar varias formas alternativas.
Me gustaría plantear tres variantes posibles. La primera tiene que ver con los discutidos subsidios a las tarifas energéticas. Solamente con ahorrar el 20 por ciento de los subsidios erogados en 2021, ya podría financiarse esta política. Es decir, apelando a que el gasto público actual se haga de forma más eficiente y justa. Otra puede ser la modificación de alícuotas de algunos de los impuestos más progresivos, como el caso del impuesto a los altos ingresos, que por ejemplo aumente el gravamen para salarios de gerentes de grandes empresas. Y una tercera variante, en caso de que se evalúe que las restricciones fiscales son insalvables en la actualidad, sería iniciar la aplicación de esta política con un universo un poco más reducido de personas beneficiarias, buscando impactar primordialmente en quienes ya están debajo de la línea de indigencia.
Son muchos los debates que surgen al proponer esta política, algunos de carácter conceptual y otros de carácter práctico. Bienvenidos sean. Se trata de una propuesta que apunta a abordar una problemática estructural del mercado laboral argentino. Si no es por este camino, deberá ser por otro, pero de algún modo debe ser repensada la cobertura de seguridad social argentina, para el presente y para el futuro. Lo único que no es posible es continuar siendo indiferentes a la realidad de millones de compatriotas.
Por: Itai Hagman
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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