Con el remanido argumento de sanear las cuentas públicas, el gobierno de Chubut busca transferir a capitales privados la recaudación de recursos propios, incluida la liquidación de las regalías hidrocarburíferas que garantizan el pago de la deuda provincial y buena parte del funcionamiento corriente de la estructura estatal. Investigación de Susana Lara.
A través del Banco del Chubut S.A., se contrató a Karstec S.A. para que haga un análisis de mejoramiento y modernización de la recaudación que realiza la Dirección General de Rentas (DGR), antesala de la transferencia a capitales privados de un mercado cautivo y de un recurso estratégico, de acuerdo al análisis de los trabajadores del sector. El informe entregado por la firma revela los montos oficiales de las cuentas provinciales, como así también el amplio espectro de negocios al que pretende acceder. Los hermanos Hermann Rodolfo y Cristian Enrique Karsten formaron Karstec en los ’90 en Corrientes, desde donde extendieron sus vínculos y negocios a varias provincias y municipios a través de diferentes sociedades anónimas.
Durante la reforma estructural del Estado financiada por el Banco Mundial en la década de los ’90, la administración de Carlos Menem implementó proyectos específicos para que las provincias modernicen y tercericen los organismos propios de recaudación. La cartera de las DGR, los catastros provinciales y la incorporación al mercado de las tierras fiscales son, desde ese momento, un mismo botín al que se accede por distintas vías. El desfinanciamiento y desmantelamiento de los tres organismos públicos que los controlan (DGR, Catastro y Tierras) es parte del plan sistemático para la apropiación de nuevas rentas de la naturaleza, así como la posibilidad rápida y segura de contar con ingresos para los gastos corrientes de la gestión de gobierno.
Es muy incipiente el debate público sobre los alcances de una eventual tercerización del cobro de los impuestos e ingresos provinciales, proceso que tomó forma al menos en junio del año pasado, según la información pública disponible. En abril, de regreso de Córdoba –donde se implementa el modelo de tercerización desde 2005–, las máximas autoridades del organismo convocaron al personal para explicarles las bondades del proyecto y anticiparse a los cuestionamientos gremiales. Algunxs legisladorxs reclamaron el expediente administrativo completo e impulsaron una interpelación a funcionarios que aparecen como la cara visible del acuerdo con la empresa privada. El diario digital La Voz publicó una serie de tres notas y la conducción provincial de ATE publicó una solicitada la última semana.
ATE considera que el proyecto es inconstitucional, ya que la recaudación de impuestos locales es función indelegable; también, que la contratación directa de Karstec (o de cualquier otra firma) desconoce los mecanismos legales vigentes.
El presunto mal recaudador
En Chubut, la publicación de los números estatales se hizo tarde y mal hasta enero, cuando la protesta anti-minera ardió en la calles y autores anónimos quemaron bases de datos de la Casa de Gobierno. Como no hay mal que por bien no venga, la gestión de Mariano Arcioni dejó de publicar sus cuentas.
Los trabajadores de la DGR, el organismo que está en la mira, consideran que la recaudación es buena con relación a la población http://www.dgrchubut.gov.ar/recaudacion/. Por su parte, el gobierno no hizo un diagnóstico y evaluación propios de la capacidad recaudatoria, así como tampoco de los criterios técnicos para fijar algunos índices impositivos. Las autoridades del Banco del Chubut aseguraron que ni su organismo ni la DGR cuenta con personal capacitado para hacer un estudio preliminar sobre la recaudación y avaló contratar a un externo. Karstec sí accedió a la documentación pública y concluyó que la DGR de Chubut necesita un modelo de gestión nuevo para mejorar el índice de cobrabilidad. El dato aislado, sin trayectoria ni contexto, es usado para realimentar el dogma neoliberal: el Estado es mal recaudador.
El padrón actual es de 30.000 contribuyentes en la provincia. La DGR es el organismo que por ley recauda seis impuestos e ingresos: Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural, Sellos, regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas, canon por la pesca y captura de productos de mar, y tasas retributivas de servicios, derechos y multas. Sin embargo, al fundamentar la iniciativa en manos del Banco para emprender una reforma, las notas oficiales son confusas y ponen a la DGR en un papel institucional subordinado al agente financiero del Estado provincial, como surge de la lectura de la copia del expediente administrativo de Karstec.
La propuesta empresarial le presta atención a tres puntos conflictivos y de alto interés político, avanzando en consideraciones que parecen exceder el simple objetivo de aumentar la recaudación y sugieren nichos de otros negocios vinculados, aunque independientes. Calificó de obsoletos a Catastro y al Registro de la Propiedad Inmueble, organismos que generan la información de base para el Impuesto Inmobiliario Rural que se aplica a las tierras de propiedad privada ubicadas fuera de los ejidos municipales. El padrón es de entre 3.900 y 4.000 contribuyentes para ese impuesto al que presumen desactualizado e incompleto, ya que para este año se libraron liquidaciones para 3.000 titulares por la falta de información de los titulares registrales. La provincia no liquidó ni cobró ese impuesto por 16 años, favoreciendo al grupo Benetton, a Pérez Companc (Estancia El Talismán de Goyaike S.A.), a Bulgheroni (viñedos en Sarmiento), BURCO (estancias en Península Valdez y cordillera de los Andes) y Rocca (en cordillera), por mencionar algunos de los grupos económicos con propiedades en Chubut. De todos modos, ese impuesto representa un ínfimo porcentaje del total de la recaudación proyectada, dado que está subvaluado con una tasación hecha en la década del ’80 con ajustes porcentuales periódicos. Este tributo es la puerta de ingreso a otro negocio, que por ahora no se estaría discutiendo, al menos no abiertamente en este expediente administrativo: los relevamientos aéreos para la identificación de mejoras en parcelas rurales y un revalúo de la tierra rural con parámetros del mercado internacional.
El expediente menciona también que el gobierno no percibe un canon fijado por ley por la actividad pesquera, asegurando un tema que es secreto a voces. “Existen conflictos con la Secretaría de Pesca, que emite los permisos sin respetar la información de la DGR sobre deudas y el certificado fiscal correspondiente”, señala el informe, entre otros incumplimientos del área.
La empresa dedica bastante atención a la Dirección de Regalías de la DGR, la que tiene muchas dificultades para acceder a la información total y actualizada que maneja el Ministerio de Hidrocarburos. En este caso, el universo a controlar se refiere a diez empresas, el núcleo duro que define buena parte de la vida económica y política local. De esas diez, PAE (Pan American Energy) concentra volumen y poder. Esta consultoría evaluó a Hidrocarburos, corroborando y ampliando las dificultades que no puede sortear la DGR. Concluyó que por falta de personal y recursos, el Estado hoy no tiene posibilidades de hacer una correcta y total liquidación de las regalías hidrocarburíferas y del cobro efectivamente realizado, las que entonces quedan en manos del club de las diez firmas. Finalmente, en las recomendaciones, la empresa propone revisar la base de cálculo de las regalías, aspecto técnico de los más delicados en la ingeniería política nacional.
Qué año
El mes pasado, Oscar Antonena, titular de la cartera de Economía y Crédito Público chubutense, respondió un pedido de informes de una diputada de la oposición que permitió hacer una primera reconstrucción de todo un año de negociones hacia la tercerización del cobro de impuestos. Para septiembre del año pasado, un directivo de un banco de la Patagonia aseguraba a Gustavo González, gerente general del Banco del Chubut, que “la tercerización (del cobro) en Córdoba, Corrientes, Formosa, San Luis, funciona muy bien, con excelentes resultados”.
A diferencia de los concisos y breves correos electrónicos, un funcionario de Rentas de Corrientes envió un detallado informe sobre el contrato alcanzado en 2004 entre el Banco de esa provincia y SyK S.A., firma conformada por Servicios y Consultoría S.A. y la propia Karstec. El 29 de octubre le pidieron presupuesto a la favorita.
De todos modos, según copia del expediente administrativo, recién el 16 de diciembre González notificó a Antonena que identificó a Karstec como una de las más competentes para el objetivo pedido. En un intercambio de correos electrónicos de fin de año, dos funcionarias del Banco se refieren al presupuesto oportunamente enviado por la firma interesada. El 29 de diciembre la empresa recibió la orden de pago por la contratación. En enero de este año, desde la sucursal Buenos Aires del Banco le informan a uno de los hermanos Karsten que ya estaba la documentación para el pago de los honorarios. En marzo, el mismo socio de la firma remite a Miguel Arnaudo, presidente del Banco, el “Relevamiento y diagnóstico en la DGR y el Ministerio de Hidrocarburos, en el marco de la contratación por presentación de anteproyecto para la modernización y fortalecimiento institucional de la DGR de Chubut”. Agrega después que el documento incluye una propuesta. Una semana después, mantuvieron reuniones en Rawson los empresarios y funcionarios públicos. En una nota de abril, Arnaudo le reconoció carácter de auditoría al trabajo de Karstec.
Círculos concéntricos
Este primer contrato con el grupo Karstec fue de 720.000 pesos a través del Banco del Chubut, en vistas a un futuro acuerdo para definir –desde afuera– a la DGR, como consta en la propuesta formulada desde la consultoría. Ese monto no incluye los casi 141.000 que la DGR gastó al contratar un vuelo a Integral Technology Supply S.A. para trasladar a Córdoba a sus autoridades: Gerardo Minnaard, director general; Cristian Rodríguez, director de Fiscalización; Raúl Sasso, director de Sistematización y Control; y Gerardo Ratti, director de la Dirección Delegación Capital Federal. En esa provincia vieron en ejecución el contrato con la provincia que tiene desde hace varios años una UTE de la que participa el grupo.
Al regresar, el gobierno llamó a una reunión de personal de la DGR en Rawson para anunciar que es altamente probable que, si todo marcha como planean, deberán compartir edificio y funciones con el personal de la empresa. El propio Minnaard les dijo que conversan un contrato por diez años para lo cual el 60% del personal será de la contratista y el 40% estatales. Tampoco en ese momento apareció ningún estudio técnico que explique las fluctuaciones en la recaudación propia, aseguraron trabajadores del organismo que asistieron a esa reunión.
Sin el impacto social que tiene la mega-minería o los estragos por los incendios de bosque nativo, por ejemplo, este caso puede dar cuenta de las formas de construcción de alianzas políticas en la esfera del empresariado nacional, así como también de las formas de algunos de esos grupos “federales” (por llamarlos de algún modo) para apropiarse de recursos y bienes públicos de carácter estratégico.
Por Susana Lara (El Cohete a La Luna)
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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