La zona andina patagónica dispone de documentación, técnicos y científicos, testimonios y experiencia social acumulada lo suficientemente sólida como para impulsar una especie de tregua política ante el riesgo temido por la dinámica de la matriz inmobiliaria en ambientes frágiles. Investigación de Susana Lara.
Gustavo Genusso, intendente de Bariloche, no hizo ninguna reflexión pública sobre el alud en el hotel Villa Huinid que provocó la muerte de tres turistas uruguayos el 6 de junio pasado. Ni siquiera cuando anunció para el próximo 4 de julio la audiencia pública no vinculante por el proyecto de ampliación y reformas de infraestructura en el cerro Campanario. Una firma privada local propone la renovación de la concesión que tiene desde 1968.
Antecedente didáctico
Para un amparo judicial con sentencia firme en Bariloche por ilegalidades en una obra de construcción privada, se realizó un estudio de pérdida de masa boscosa urbana entre 2004 y 2011 en el cerro Runge y la ladera noreste del cerro Otto. Tanto el fallo como los estudios que lo sostienen (re)cobraron actualidad, ya que documenta el proceso de tala de bosque nativo dentro del ejido municipal con datos precisos sobre el área que comprende el sector del reciente alud.
En septiembre de 2010, sin estudio de impacto ambiental previo aprobado, se inició la obra propiedad de Norberto Medín (despachante de aduanas) y Marcelo Alejandro Izquierdo (abogado), bajo la dirección del arquitecto Diego Maissonave. Una denuncia de la ONG Árbol de Pie logró paralizar la obra en un lote que tenía casi el 40% de su superficie con bosque nativo de ciprés. El fallo de 2013 determinó que se talaron más de 50 cipreses que, con ejemplares de radal, formaban una masa de más de 20 metros de altura. Los ejemplares adultos vivos que no fueron removidos por la obra murieron después por la acumulación de tierra removida de otros sectores, según determinó uno de los informes periciales.
Thomas Kitzberger, investigador del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA) de la Universidad Nacional del Comahue y del CONICET, analizó imágenes satelitales de un sector de 32 hectáreas urbanas, que incluyó un lote en construcción sobre el kilómetro 2,7 de la avenida Bustillo, muy próximo a la obra de All Flags S.A., del kilómetro 2,5 de la misma avenida que colapsó hace menos de un mes. El sector de 32 hectáreas tenía 12 hectáreas de ciprés para 2004. En cinco años perdió 1,3 hectáreas por apeo y/o mortalidad inducida por la urbanización. Ese ritmo se aceleró entre 2009 y 2011. Así consta en el estudio de impacto ambiental que hizo Kitzberger en noviembre de 2012 para el amparo ambiental que analizó la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción con asiento en Bariloche. Tres años después hizo una ampliación de la pericia en colaboración con Javier Grosfeld, del departamento de Botánica del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB).
Izquierda: Área boscosa urbana del cerro Runge y Ladera noreste del cerro Otto. Derecha: Análisis de pérdida de masas boscosas entre 2004-2011 en un sector de 32 hectáreas correspondiente al barrio del predio en cuestión (indicado con un círculo). En rosa, pérdidas entre 2004-09; en celeste, pérdidas entre 2009-11; en verde, bosques no alterados entre 2004-11.
Según el investigador, al menos en el recorte de la pericia, “los bosques urbanos de Bariloche se pierden a un ritmo que se va acelerando con la creciente urbanización. Las posibles causas de ello pueden estar representadas por la falta de políticas ambientales coherentes, falta de planificación y coordinación entre entes municipales y provinciales que lo han permitido”.
La hora de Campanario
Con muy poca información pública, el municipio de Bariloche convocó a audiencia pública para renovar la concesión de tierra pública por 25 o 30 años (difiere el plazo entre documentos) donde funciona el mirador y telesilla del cerro Campanario, a 1.050 metros sobre el nivel del mar. El lugar tiene una de las más valoradas vistas a la cordillera de los Andes, frente al brazo Campanario del Nahuel Huapi y los lagos Moreno Oeste y Morenito Este. Hasta el momento, su desarrollo comercial poco pudo hacer ante la maquinaria industrial del Catedral y la solidez del teleférico del cerro Otto, con públicos y usuarios diferentes.
Campanario S.R.L. propone un proyecto de inversión modesto, de poco menos de 4 millones de dólares. Pero la magnitud de la obra de infraestructura pretendida es importante para las dimensiones de los lotes municipales concesionados. Además, una obra necesariamente requerirá la apertura de un camino de acceso de mayor envergadura que el sendero de montaña actual, en un terreno con pendiente pronunciada.
En 2019, la firma adjudicataria ya planteó la prórroga de la concesión que recién este año tuvo el aval del gobierno local. El próximo 4 de julio se debatirá en audiencia pública, cuyo resultado no es vinculante.
Campanario S.R.L. es una firma local integrada por miembros de familias inmigrantes de larga data en Bariloche y la vecina Dina Huapi. La empresa, continuadora de Aerosilla Campanario, se formalizó en 2003. Lucía Kralj de Jerman, Dagmar Úrsula Kobelt de Mendiberri, Janez Alejandro Fleré y Emilio Ovrum –entre otros– fueron los socios iniciales, según consta en el Boletín Oficial de Río Negro. La documentación ofrecida por el municipio no está actualizada, ya que figura como socia Kobelt de Mendiberri, fallecida hace unos pocos años. Ante el gobierno local y el Departamento Provincial de Agua (DPA), actúa Matías José Jerman como socio gerente.
El silencio insalubre
El silencio como estrategia de comunicación no es lo más auspicioso para mejorar los estándares de participación en democracia.
Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, guarda estricto silencio sobre los dos fallos que anularon las aprobaciones municipales y provinciales al loteo en la Pampa de Ludden, proyecto de urbanización en montaña del grupo Laderas. El reclamo y oposición de base por once años se reflejó en fallos minuciosos de una Cámara de Bariloche, que marcan una profundización de la argumentación jurídica respecto al fallo de 2013 sobre el kilómetro 2,7, que referimos más arriba.
El silencio, como el ocultamiento sistemático de documentación pública, no hace más que impedir la construcción de acuerdos sociales en los que la naturaleza no sea devorada como eje de acumulación.
Javier Grosso, geógrafo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.
Por Susana Lara (El Cohete a la Luna)
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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