La vida de tres personas y un golpe a las condiciones de seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del país es el saldo provisorio de un deslizamiento de suelo en una obra en construcción de un complejo hotelero privado. Por Susana Lara.
Un alud en un área urbanizada confirmó las advertencias de organizaciones sociales y estudios científicos sobre los riesgos de la construcción de infraestructuras de grandes dimensiones en zonas de tan alta fragilidad ambiental como alto valor paisajístico. De todos modos, la matriz neo-extractivista no oculta las particularidades del complejo Villa Huinid, propiedad de All Flags S.A., donde el lunes 6 de junio se produjo el deslizamiento de más de cien toneladas de tierra, piedras y árboles que provocó la muerte de tres turistas de nacionalidad uruguaya.
En el invierno de 2000, la firma inauguró un conjunto de cabañas para el turismo en un predio de unas cinco hectáreas ubicado a dos kilómetros y medio del centro comercial de Bariloche, hacia el oeste. El lote tiene acceso a las dos avenidas troncales del sector; a Pioneros en la parte más alta, a Bustillo en la más baja, con vista a la costa sur del lago Nahuel Huapi. La Villa Huinid creció con un hotel en la parte alta, destinada en general a contingentes de estudiantes, que la última temporada trabajó con el programa nacional Previaje. El hotel Bustillo, en la parte baja, es el que recibió el alud fatal, originado en un sector en construcción ubicado entre los dos edificios.
Al menos desde febrero de 2011, hay denuncias ante la Justicia local y acciones administrativas en el municipio por infracciones e irregularidades por la tala de bosque nativo, apertura y relleno de caminos internos y aspectos de construcción de la obra civil, según la documentación pública que analizamos. Sanciones y multas no cambiaron las prácticas del proyecto hotelero propiedad de Claudio Roccatagliata, fundador de All Flags y presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche. El lugar fue uno de los lugares donde se desarrolló el “Congreso por la paz, la justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia” y se lanzó el movimiento anti-tomas en abril de 2021.
Modelo voraz
Las clases dominantes porteñas hicieron una ocupación del espacio y un proceso de urbanización sobre la cordillera patagónica a imagen y semejanza de las pampas llanas o, en el mejor de los casos, de las aldeas de montaña europeas. El trazado y subdivisión de la colonia agrícola pastoril Nahuel Huapi de 1903 es un buen ejemplo, con lotes inaccesibles en la alta montaña. Décadas después, la Administración Nacional de Parques Nacionales, recién creada, loteó y vendió la Villa Catedral para impulsar el centro de esquí más importante de Sudamérica.
La experiencia social e histórica en estos lugares, en diálogo con la consolidación de un pensamiento global más respetuoso de la naturaleza, cuajó en algunos acuerdos generales para limitar la intervención urbana en las laderas de montaña. En Bariloche, dos puntos merecieron mayor atención: Catedral, por el impacto económico, y el cerro Otto, por tener mayor presencia humana permanente con barrios desarrollados en sus laderas.
En 2005 se publicó el “Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial de Bariloche”, realizado en colaboración entre el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania. Ese estudio se constituyó en base fundamental para toda decisión política y técnica sobre desarrollo urbano, con alcances para las otras ciudades de la cordillera. El trabajo fijó como umbral de riesgo la cota 950 sobre el nivel del mar (msm) y 25°de pendiente del terreno. Al año siguiente, el Servicio Forestal Andino (dependiente de la provincia) dictó una resolución que fijó como límite de urbanización la cota 900, especialmente después de analizar todos los antecedentes sobre la ladera norte del cerro Otto. El otro momento importante se dio en 2008, con la sanción de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Conservación de los Bosques Nativos, cuya aplicación rionegrina está freezada desde hace años.
Muchas de esas conclusiones científicas y técnicas tuvieron su correlato en ordenanzas municipales vigentes.
Una génesis tentativa
En octubre de 2010, una oficina pública municipal autorizó obras iniciales para el desarrollo de un proyecto. Sin embargo, en febrero de 2011, All Flags intervino en el predio sin las autorizaciones correspondientes de la Dirección de Bosques de la provincia ni del municipio local. La empresa taló 423 ejemplares de ciprés (especie nativa del bosque andino patagónico) de distintas edades y abrió un camino interno, provocando gran impacto por la remoción de tierra y daño a árboles no talados. Árbol de Pie, ONG ambientalista de la ciudad, pidió una medida cautelar ante un tribunal local por esos daños de incidencia colectiva. En mayo de ese mismo año los constató y detalló un Informe de Inspecciones y Evaluación preliminar, realizado por la Subsecretaría de Medioambiente local.
El municipio paralizó las obras, lo que no fue acatado por la empresa, como consta en resoluciones del año siguiente derivadas de esas obras. Algo similar puede haber ocurrido en esta oportunidad, con los trabajos que se desmoronaron la tarde del 6 de junio, si el gobierno municipal acredita que efectivamente había dispuesto su paralización por no respetar los planos aprobados por la autoridad local.
El sector más alto de Huinid está a 886 msm; el más bajo, a 825 msm. Entre las dos avenidas, el lote tiene 465 metros de longitud, alcanzando en algunos puntos hasta 32°de pendiente. Entre otros aspectos, pericias técnicas que se hagan en el marco de la investigación penal iniciada puede determinar la velocidad de la masa que se estrelló contra el hotel, sepultando habitaciones completas, así como el proceso de formación de esa masa en la que la lluvia caída el lunes 6 pudo haber sido sólo el detonante.
Tarde oscura
Había poco personal en ese horario. Alrededor de las 17.30 se retiraron las mucamas y la gente de mantenimiento, al finalizar el turno acordado por convenio colectivo del sector. Estaba en sus puestos el personal de la conserjería, cuando aproximadamente a las 18.45 el mundo estalló en los cristales de las habitaciones del primer piso que dan a la ladera norte del cerro Otto. Todo era un caos cuando llegaron lxs trabajadores del turno noche.
“El puesto de trabajo está garantizado. Los reubicarán en los otros sectores en los que está operable el complejo”, aseguró Nelson Rasini, secretario general de la seccional local de los gastronómicos y trabajadores de hotelería (UTHGRA). No consideró necesario acercarse al lugar cuando se enteró del alud. Durante el verano realizaron protestas en la avenida de acceso al hotel Bustillo por la falta de personal para todos los sectores y la precarización de los contratos. “Escaso personal efectivo, mayoría contrato eventual por fuera de convenio”, sintetizó el dirigente. Nada nuevo como práctica empresarial, como puede constatarse en cualquier archivo.
En todo caso, lo nuevo es el crecimiento de Roccatagliata como grupo económico local. El empresario de 60 años expresa a una compañía familiar con tradición en las estaciones de venta de combustible, que opera en San Justo (provincia de Buenos Aires), Bariloche y Dina Huapi, a través de varias sociedades anónimas. El senador nacional Alberto Weretilneck, entonces gobernador, inauguró la estación de servicios de Dina Huapi. Aunque el salto lo dio con la hotelería, especialmente cuando en enero de 2020 inauguró Huinid Obelisco con el ambicioso objetivo de ser una suerte de embajada de Río Negro. En esas instalaciones suelen alojarse el intendente Gustavo Gennuso y su gabinete, como refleja el pago de servicios publicados en el Boletín Oficial. Esa proximidad entre Gennuso y Roccatagliata fue la que señalaron los gastronómicos cuando compartían café rodeados por una manifestación.
La última semana, el intendente de Bariloche no estaba en funciones, justificando su silencio ante la trágica muerte de los turistas. Roccatagliata también prefirió no dar su versión. La gobernadora Arabela Carreras, surgida de esa ciudad, personalmente acudió al lugar para afrontar el diálogo directo con los representantes del gobierno de Uruguay en la Argentina, que acompañaron a los familiares de las víctimas.
El silencio, si es estratégico, tal vez se rompa cuando la fiscalía avance en formular cargos por responsabilidades por las vidas perdidas y daños al medioambiente.
Por Susana Lara (El Cohete a la Luna)
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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