Once meses atrás un grupo especial de la Policía de Chubut fusiló en su casa de Lago Puelo a un vecino con tratamiento psiquiátrico. A pesar de los testimonios y las pruebas sobre la responsabilidad policial, todavía no inició la etapa formal de investigación judicial.
A casi un año del homicidio de Alejandro “Tino” John (62) en Lago Puelo, la investigación continúa congelada a pesar de las novedades aportadas por el prestigioso perito Enrique Prueger. El licenciado en Criminalísitica reveló que su informe, elevado a fiscalía, prueba que a John lo “ejecutaron” y luego “modificaron la escena” para simular un enfrentamiento a los tiros con la Policía de Chubut, conducida en aquel momento por Federico Massoni.
El desinterés en investigar lo sucedido por parte de la Justicia, que dilata burdamente los plazos procesales, evidencia el grado de responsabilidad de quienes intervinieron en aquel insólito despliegue en el domicilio de la víctima, quien además padecía un desorden psiquiátrico. En vez de cumplir el protocolo que contempla el abordaje de casos de salud mental, el GEOP (grupo especial de tareas) “entró a matar”. En este contexto, ni siquiera hay una causa judicial abierta a poco de cumplirse un año del 27 de mayo de 2021, cuando la historia de la Comarca Andina quedó marcada para siempre por la violencia policial.
“Nos destruyeron la vida”
Dana y Donato, dos de los hijos de “Tino” John, aún no se explican cómo su padre fue asesinado en su propia casa durante aquel desmedido e irregular operativo del grupo especial de la Policía del Chubut, la mañana del 27 de mayo de 2021. “Entraron a matarlo”, afirmaron, y criticaron a quienes, a pesar de que ellos no estaban en el domicilio, autorizaron el ingreso, supuestamente, “para sacar armas del domicilio”: el juez Ricardo Rolón (a pedido del fiscal Carlos Díaz Mayer) y el comisario de El Hoyo, Omar Martínez. Más de 15 efectivos del GEOP asaltaron la casa donde estaban Tino y Claudia Costa Basso, su pareja. “Reventaron la puerta, usaron granadas y bombas lacrimógenas… él tenía un desorden psiquiátrico”, remarcaron sus hijos.
El rumor de que un hombre había muerto durante un operativo violento se esparció rápidamente. Para contrarrestarlo, desde fuentes oficiales divulgaron la versión del enfrentamiento: un tipo fuera de sí había disparado contra la Policía, que no tuvo más remedio que responder a los tiros. “No les quedó otra alternativa que neutralizar la amenaza. Por suerte no tuvimos heridos”, dijo el ministro Massoni, que luego responsabilizó a los hijos de la víctima por no estar en el lugar y “dejarlo solo”.
Dana, su hija, responde con hechos: “Yo hablé con mi papá esa mañana y ya estaba tranquilo, estaba preparado para ponerse a trabajar. Mi papá no era una persona violenta. Podía haber sido contenido y hoy mi papá estaría acá”. Al recrear el momento en que los hijos de la víctima llegan a la casa de su padre, Dana recordó la risa de uno de los efectivos que había participado (“y resultó ser el que disparó”). Dice que no va a descansar hasta conseguir que la Justicia actúe de manera independiente: “Acá la misma fuerza que realizó el operativo es la que lo investiga, la Policía del Chubut. Nos destruyeron la vida”.
Montaje policial
Los hijos de John aprueban el trabajo realizado en el lugar por Enrique Prueger, perito contratado por Claudia, la pareja de su padre. El especialista (premiado por el Congreso Nacional y con décadas de experiencia en casos resonantes) reveló el contenido del informe que elevó a fiscalía, aún sin respuesta.
Prueger pudo probar que John estaba desarmado cuando las fuerzas de seguridad ingresaron a su casa: no se resistió; fue “ejecutado” de un tiro en la frente; luego el cuerpo fue movido y se efectuaron disparos para simular un enfrentamiento. “Entraron a matar”, resumió Prueger, quien además informó que los videos registrados por las cámaras de los cascos de los efectivos fueron borrados.
“No es una opinión: es un trabajo que realicé en el lugar del hecho”, contó en entrevista con la radio La Namunkurá. Para Prueger, “la prueba de que no quisieron negociar es que a su pareja la tenían atada en vez de utilizarla para mediar entre las partes”.
Conmoción en la Comarca
La víctima, conocido y querido vecino del Paraje Las Golondrinas, padecía un trastorno bipolar bajo tratamiento. Los incendios del 9 de marzo de 2021, que arrasaron con la mitad de Lago Puelo, pasaron muy cerca de la casa de John y quemaron incluso parte de los alambrados linderos. El barrio y la Comarca estaban conmocionados con lo sucedido: vecinxs que lo habían perdido todo. Tino estaba estresado.
Funcionarios del Gobierno provincial decían, y los medios repetían sin más, que había gente con intención de tomar terrenos y robando, delincuentes sacando provecho de la crisis social que se vivía. El gobernador Mariano Arcioni decidió enviar a la zona afectada cientos de efectivos de fuerzas de seguridad, la respuesta habitual del Ejecutivo provincial.
El miércoles 26 de mayo, la Policía de El Hoyo recibió una denuncia sobre una persona que desde su chacra efectuaba disparos al aire, supuestamente con riesgo para lxs vecinxs. Se dirigieron al lugar, constataron los disparos y decidieron replegarse y efectuar la presentación correspondiente en la Justicia. El fiscal Díaz Mayer ordenó el allanamiento efectuado por el GEOP, que cerca de las 10:30 del jueves 27 de mayo irrumpió en la propiedad de Tino. Sin mediación alguna, lo fusilaron de un disparo en la frente.
Los hijos de Tino estuvieron todo el tiempo en contacto con el comisario de El Hoyo, Omar Martínez, jefe a cargo del operativo. Él mismo se había comprometido a esperarlos antes de actuar, ya que estaba al tanto del padecimiento de Tino. Sin embargo, y a pesar de haber estado explicitado en la misma orden de allanamiento, el protocolo para el accionar frente a un caso de salud mental no fue respetado. No esperaron que llegaran los hijos. No existió mediación, ni participación médica de ningún tipo para evitar el peor de los desenlaces.
Un operativo “como si fuera Bin Laden”
“De golpe, se abrió la puerta y entraron como 20 personas con casco, con fusiles, armas, bombas lacrimógenas, a los gritos. Tino se fue para arriba. Yo le agarré la mano y me dijo ‘quédate ahí’. Los tipos gritaban (…) Me agarraron y se fueron para arriba; me pusieron en el living y me ataron con precintos. Me tiraron los brazos para atrás, la nuca para abajo y me precintaron. Y ahí se escuchaban balas… y de golpe se escuchó silencio. Nadie se identificó; entraron, hicieron lo que hicieron y se fueron. Después llegó la Policía de El Hoyo. Yo gritaba ‘¿qué hicieron con mi marido?!’ y nadie me contestaba. En un momento me dicen, ‘no podemos hablar, porque estamos esperando a la fiscal’ y le digo ‘¿y por qué no está la fiscal (Débora Barrionuevo)?’. La esperamos como una hora… yo seguía atada. Me dijeron que si no me quedaba tranquila me iba a ir peor”.
El relato corresponde a Claudia Costa Basso, la pareja de Tino, testigo presencial y víctima del operativo de muerte. Contó que la soltaron al llegar la fiscal, quien no llegó a verla maniatada. Que no la dejaron llamar a familiares ni a los hijos de Tino ni a su abogado. Que le mostraron la orden de allanamiento recién ahí.
“Me trataron como si fuera una delincuente”, resumió. “Hasta que vi un portafolio de Policía Científica y por un walkie talkie escuché: ‘Hay que confirmar la muerte’”. Claudia no entiende los motivos del ataque feroz, por qué no dieron la voz de alto, por qué no mostraron la orden de allanamiento antes de disparar. “Lo fusilaron”, sentenció. “Voy a tener fuerza solo para investigar cómo 25 personas del GEOP entraron a mi casa, mataron a Tino de un tiro en la cabeza y me ataron a mí durante una hora sin decirme qué había pasado con él”.
La no investigación oficial y las pruebas de la querella
El abogado de Claudia, Hugo Cancino, obtuvo las mismas pruebas que el perito Prueger: las querellas coinciden en que Tino estaba desarmado cuando ingresó el GEOP, que fue ejecutado y que el procedimiento violó el protocolo vigente. “Se sabía que había una persona afectada psicológicamente, debió haber intervenido una ambulancia con un médico, un especialista en salud mental, un mediador, comunicarse con la familia. No era una persona en un estado de demencia incontenible. Está claro que fue un procedimiento completamente fuera de protocolo”, afirmó Cancino.
El representante legal de Claudia también se refirió a los videos faltantes del operativo, sobre los cuales se solicitó una nueva pericia para determinar cuándo fueron borrados. Organismos de derechos humanos provinciales realizaron un pedido de informes a las autoridades para conocer detalles del operativo, sin resultados.
El fiscal interviniente, Díaz Meyer, es el mismo encargado de investigar el operativo. Si bien admitió públicamente que podría tratarse de un homicidio, insistió con la teoría del enfrentamiento a los tiros. Tanto el abogado Cancino como el licenciado Prueger coinciden en que Tino no efectuó ningún disparo.
A John, quien era también ciudadano suizo, tardaron 20 minutos en matarlo. A poco de cumplirse un año de su muerte, la Justicia todavía no comenzó con la etapa de investigación oficial. Una vez concluida esa fase, recién podría elevarse la causa a juicio. O, por el contrario, consagrarse (una vez más en la provincia) la impunidad.
Por Gioia Claro y Fabricio Cardelli (Revista Cítrica)
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
