Como en escasas oportunidades, la última semana el capital concentrado trasnacional mostró que impone la agenda pública en Río Negro. Y que lo hace por medio de las clases dirigentes locales, que mayoritariamente asumen los negocios privados como proyectos de Estado, ante una sociedad con insuficiente capacidad de movilización, con sus organizaciones de base tan desgastadas por la escalada inflacionaria como por la cooptación. Nota de Susana Lara.
Sin sorpresas, la Legislatura local declaró de interés provincial el proyecto de iniciativa privada presentado por Argentina, a través del cual Fortescue Future Industries S.A. –firma radicada en Australia– produciría hidrógeno verde. Incluyó el llamado a licitación pública de tierras fiscales, que en buena parte son habitadas y reivindicadas por comunidades del pueblo mapuche-tehuelche y/o pobladores rurales dispersos con los mismos derechos al territorio. La gobernadora Arabela Carreras aseguró que se harán consultas, aunque evitó precisar si hablaba específicamente de la consulta libre, previa y debidamente informada prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los pueblos indígenas y tribales.
El debate sobre los alcances del despliegue de los nuevos socios australianos permitió mantener silencio sobre el cuestionamiento que recibió el magnate Joseph Lewis por parte de un organismo público nacional, a días que una cámara judicial de Bariloche emita su fallo en el conflicto por el libre acceso al lago Escondido. De oficio, la Inspección General de Justicia (IGJ) hizo una investigación administrativa sobre Hidden Lake S.A. que confirmó y amplió documentación sobre Lewis en la Argentina, acreditada en dos causas federales (una prescripta en 2021 y otra con sobreseimiento en 2014). El organismo denunció ante la Justicia porteña las presuntas ilegalidades en el desempeño de la sociedad anónima y pidió su disolución, camino que puede llevar años, pero que logró su golpe de efecto el lunes 18 de abril cuando difundió el dictamen.
Tierra, viento y agua
Fortescue aporta el dinero y el diseño industrial para todas las etapas; la provincia, las tierras para tomar los mejores vientos. El agua, está por verse. El proyecto empresarial es confidencial, así es que, por el momento, se dispone de la versión oficial de las partes en declaraciones a la prensa. El texto de la ley aprobada (con sus dos anexos) en la sesión del miércoles carece de muchas precisiones indispensables.
La ley no precisó si la licitación pública para la concesión de hasta 625.000 hectáreas de tierras fiscales por hasta 75 años incluye (o no) las aproximadamente 400.000 ya otorgadas por decreto en noviembre del año pasado a la firma para los estudios técnicos preliminares. Para la zona de la meseta de Somuncurá, la simple comparación del mapa oficial del decreto 1.433/2021 y el mapa que presentó la empresa de localización de los parques de generación de energía eólica indica que las tierras requeridas son del orden del 25% más, con una dispersión geográfica muy amplia dentro del Área Natural Protegida creada por ley, incluyendo parajes completos, como es el caso de Prahuaniyeu.
En la sesión, Soraya Yauhar, legisladora de Juntos por Río Negro por Los Menucos –localidad ubicada en uno de los bordes de la formación geológica–, aseguró que en Somuncurá no viven comunidades mapuche. El padrón electoral, por ejemplo, revela el origen mapuche de la gran mayoría de la población de su circuito. Lo mismo piensa Daniel Sanguinetti, secretario de Estado de Planificación y vicepresidente del INVAP, según expresó en el plenario de las comisiones legislativas cuando la oposición pudo hacer algunos ajustes a la propuesta oficialista.
Representantes de quince comunidades de la zona atlántica; Nehuen Loncomán, presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), órgano de aplicación de la ley integral del indígena local; y Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), piensan lo contrario y reclamaron formalmente que se instrumente la consulta al pueblo mapuche sobre el proyecto que afecta directamente territorio tradicional. La consulta está establecida en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y en la ley nacional 24.071, por la que la Argentina ratificó el Convenio 169. Odarda envió al gobierno local copia del modelo de consulta que se implementará el mes próximo por las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, en cumplimiento del fallo del juzgado federal de Río Gallegos en el amparo que impulsó la Lof Fem Mapu contra el Estado y la UTE adjudicataria de la obra.
Las condiciones extremadamente difíciles de Somuncurá la convirtió en refugio para las familias sobrevivientes a la guerra de sometimiento para la formación del Estado argentino, de lo que dan cuenta personas ancianas cuyos abuelxs, siendo niñxs, llegaron a caballo escapados de los fortines/campos de prisiones sobre el valle medio del río Negro. Las inspecciones de tierras dibujaron planos a mano alzada con pocas referencias; los pobladores tardaron en iniciar sus trámites como ocupantes de la tierra, los censistas no llegaban. Muy pocos inmigrantes extranjeros se animaron. La población originaria es mayoría indiscutible, quizás como en ningún otro punto de la provincia.
Gringo amigo
El 6 de febrero, una patota de encapuchados que respondía a las órdenes de Bernardo van Ditmar, director y accionista de Hidden Lake S.A., atacó a 21 manifestantes que pretendían acceder a la costa del lago Escondido por un sendero de montaña. La IGJ inició una investigación administrativa sobre esa firma que fechó el 15 de marzo y concluyó el 18 de abril. Las inspectoras de justicia Laura Rodríguez (jefa de departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales) y Paola Solari (jefa de departamento de Denuncias y Fiscalización), estuvieron al frente de las actuaciones que incluyeron:
-Control de legalidad de todos los instrumentos societarios, desde la primera firma de 1994 al presente;
-intimación a la empresa para que explique su comportamiento ante el fallo original de 2005 y sucesivos, que la obliga a permitir el libre acceso a la costa y al lago Escondido, ubicado dentro del establecimiento de su propiedad en el paraje El Foyel, provincia de Río Negro;
-inspección en la sede social de la firma, el estudio jurídico Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán.
Ricardo Nissen, inspector general de Justicia –organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, denunció ante la Cámara Comercial de la Capital Federal que Hidden Lake nunca actuó como sociedad comercial desde su creación en 1994 y que desobedeció fallos judiciales en forma sistemática por diez años, impidiendo el libre acceso a aguas públicas y sus costas. Resta que se sortee la sala que analizará el pedido de anulación de la inscripción de Hidden Lake en el registro público y la liquidación de sus bienes.
Al día siguiente de conocida la resolución de IGJ, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro extendió por 15 días más el plazo para que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche emita el fallo sobre la acción interpuesta por Odarda para que ejecute la sentencia de acceso libre por el camino más corto a lago Escondido.
El grupo Lago Escondido también respondió. A su estilo, por las redes sociales, con un video subido a la web el miércoles pasado en el que asegura que es una unidad productiva y no un sello fantasma sin actividad comercial.
Causa y mensaje
El destino de la causa federal se verá con el tiempo. En tanto, es un mensaje institucional con diferentes lecturas y destinatarios. Sean las que sean las razones de Nissen, es la primera vez que un organismo público nacional abandona la retórica federal e interviene en un conflicto en que el contrincante es el capital trasnacional que llegó durante el período neoliberal de los ’90 y se consolidó como socio estratégico de todos y cada uno de los sucesivos gobiernos, actuando además como bisagra para la expansión de nuevos capitales globales.
La gobernadora debe haber recibido el impacto, ya que ella sostuvo que el camino de acceso no es prioridad de su gestión. Además, porque el jefe de Nissen es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria –abogado de General Roca–, quien confronta con las gestiones de Juntos y pretende liderar el espacio del peronismo en la provincia. Pero, por sobre todo, porque el capital privado manda y el entramado Lewis puede arrastrar a todo el plan sistemático de operaciones con las tierras públicas y privadas en la provincia, alcanzando incluso piezas en Somuncurá que se preparan para la energía eólica.
El dictamen anticipó una tormenta en las inmediaciones del proyecto de hidrógeno verde. De esta investigación se desprende otra, que se inició de oficio formalmente el 7 de abril sobre Bahía Dorada S.A. y su continuadora SAU, según precisaron desde el organismo. Con esta firma, Lewis compró al menos dos parcelas rurales con acceso a la costa atlántica, muy cerca de donde se emplazará la futura zona franca de Punta Colorada. En una de ellas se construyó la pista de aviación privada, aprobada en su momento por la ministra Nilda Garré, activa sin ningún tipo de control por años.
El año pasado, Bahía Dorada solicitó la cancelación de su matrícula, que la IGJ rechazó junto a los balances de liquidación presentados. Este detalle oficial nos permite suponer que Nissen ya evaluaba a Lewis y su constelación de firmas fantasmas. La patota de unos 50 encapuchados a caballo en el lago Soberanía de febrero, fuera de la propiedad privada y con el propio Lewis en la residencia principal, propició el mensaje.
Al menos en dos oportunidades, otras denuncias federales no prosperaron y ni se discutieron en la Patagonia. En 2013, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a directivos del Banco de Servicios y Transacciones (BST) por una maniobra de lavado de dinero por un monto de 100 millones de pesos. La cara visible era el empresario Marcos Marcelo Mindlin, pero entre los denunciados también estaba Lewis como uno de los aportantes de dinero a través de sociedades offshore radicadas en Las Bahamas. Ahora, el dictamen de Nissen identifica otras offshore diferentes a las documentadas en la causa 9.070/2013, que el juez Ariel Lijo cerró al año siguiente con el sobreseimiento del grupo de imputados.
Otra causa federal puso el eje en la operación de compra-venta inicial del predio rural que incluye el lago. En 2012, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció que se habían vendido tierras a un extranjero dentro de la “zona de seguridad de fronteras”. A pesar de los esfuerzos de la fiscalía, pasó el tiempo necesario para que una cámara la cerrara el año pasado por prescripción de los plazos de la acción penal. En ese expediente se analizó el desembarco del grupo Tavistock en la Argentina con HR Properties Buenos Aires, el mismo punto de partida del análisis de la IGJ. El paquete accionario de esa sociedad estuvo inicialmente en manos de Alfredo Rovira, socio fundador del estudio Brons & Salas, y del contador Miguel Gesuiti, del mismo buffet. Compró las tierras y devino en Hidden Lake.
Con el financista húngaro George Soros, Lewis apostó por la devaluación de la moneda británica durante el Black Wednesday (miércoles negro), el crack financiero que los enriqueció. Ambos llegaron a invertir en tierras a Sudamérica. En 1995 interviene en la crisis del Tequila en México; al año siguiente blanquea su presencia en la Argentina. Semejante experiencia acumulada hace suponer que él no es el destinatario principal del mensaje de Nissen, sino los socios domésticos.
Por Susana Lara
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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