Los autores del brutal ataque contra la comunidad Buenuleo fueron declarados culpables. Pocas veces una comunidad originaria se sentó en el lugar del que denuncia y la justicia penal rionegrina encontró a los imputados responsables.
La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de forma presencial -cerrada al público por cuestiones sanitarias- donde las víctimas tuvieron que volver a contar por tercera vez el relato del agravio. A esto se suma la prueba de un video grabado -con un celular- justo cuando los agresores irrumpieron en la intimidad de su casa.
El 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo recuperó su territorio en manos de Emilio Friedrich, quien había comprado de forma fraudulenta parte de la ladera este del Ventana, ocupada tradicionalmente por el pueblo originario desde 1880. Desde ese momento una zona de fricción se instaló entre la comunidad y sus vecinos lindantes: insultos, disparos contra la camioneta, un chapón con clavos escondido entre las piedras del río. El 29 de abril del 2020 todo el odio contenido en el ambiente se descargó como un alud sobre las niñas y niños, mujeres y hombres de este pueblo.
Ante las continuas amenazas de desalojo y un poder judicial que no reconoce el derecho indígena, ni la posesión comunitaria de la tierra -establecido por la ley 26160 de la constitución-, la comunidad recurrió a un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Justicia, quien otorgó una medida cautelar a su favor, instando al estado argentino a adoptar las acciones necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida de sus integrantes.
A partir de este llamado de atención, se colocaron dos puestos de policías que custodian la zona. Uno está ubicado muy cerca de la vivienda de los Buenuleo. El otro está al frente de la casa de los vecinos agresores, quienes -copiando la práctica Mapuche de levantar un cartel en la entrada de su territorio- colocaron un cartel que reza “Sucesión Vera”. Otras de las medidas de asistencia es el acompañamiento terapéutico a las infancias para elaborar el recuerdo doloroso.
La comunidad tiene los papeles en regla: su carpeta técnica que da cuenta del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la tierra. El 29 de abril 2021, el juez federal de Bariloche ordenó al estado argentino realizar la mensura del territorio y otorgar el título de propiedad que asegure la existencia de la comunidad y su cosmovisión. Esto todavía no sucedió.
Casi dos años después, La justicia penal rionegrina encontró culpables a Víctor Sánchez, Víctor Vera, Facundo Vera, Olga Flores y Antonio Puñalef por los delitos de violación de domicilio, daño, lesiones leves y violación de las medidas dispuestas para evitar la propagación de la pandemia.
“Lamentablemente quienes comandan y dirigen a esta “patota” -dice la comunidad– aún no fueron juzgados. Solo se avanzó contra quienes ejecutaron las órdenes pero no sobre quienes las impartieron”.
La semana que viene se dictará la pena correspondiente. El apoderado legal estima que no será mayor a los tres años, correspondiendo una prisión en suspenso.
Por Verónica Battaglia
Fotos: Euge Neme
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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