El pasado viernes se desarrolló un intenso debate sobre los desafíos de incorporar la agenda de los derechos indígenas en la política pública estatal, que vaya más allá de la coyuntura electoral y que promueva la sanción de leyes que garanticen una verdadera reparación histórica para los pueblos originarios.
En el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) tuvo lugar el encuentro Intercultural organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el CODECI Zona Andina y la APDH regional Bariloche.
Este evento se realizó a 18 días del vencimiento de la ley 26160, sancionada en el año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner para responder con acciones concretas a la problemática territorial de los pueblos originarios. Esta ley de emergencia se prorrogó tres veces en 2009, 2013, 2017. Acaba de obtener media sanción en el senado, todavía falta el debate en diputados. Sesenta por ciento de las comunidades registradas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) quedarán sin resguardo de no prorrogarse la ley.
El primer panel hizo foco en el derecho indígena. Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas expuso que esta problemática se piensa desde una dicotomía falsa, como si por un lado estuviera el estado, la ley y los derechos, y por otro, el reclamo en contra de esa ley. Explicó que es el propio estado el que no cumple las leyes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió en varias ocasiones que el estado incurrió en la ilegalidad. “La gobernadora no puede hablar con tal desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas –comentó el director– como si el estado provincial hubiera cumplido con algunos de sus deberes. No ha cumplido en casi nada”.
Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se detuvo en el fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat. El 2 de abril de 2020 La CIDH exigió al Estado Argentino que adopte medidas para dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria. Esta sentencia representa un gran logro porque por primera vez el tribunal internacional reconoce la violación por parte de un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.
La historiadora Pilar Pérez abrió el segundo panel dando a conocer que desde la academia existe un corpus de conocimiento importante sobre los pueblos originarios. Este trabajo acumulado durante varios años por investigadores de diferentes disciplinas pone en evidencia que la conquista del desierto fue un genocidio. Hubo crímenes de lesa humanidad cometidos desde el estado y con la complicidad de la sociedad de la época en la deportación y distribución de indígenas. Los investigadores apuestan a generar conciencia social sobre esta mirada de la historia que fue silenciada por más de cien años.
La periodista Susana Lara se centró en la campaña de desinformación y ocultamiento de las leyes por parte de los medios masivos de comunicación. Explicitó los vínculos entre el estado y las grandes corporaciones, detallando cómo el modelo neoliberal que se instaló con el Menemismo, dio lugar a que los grandes grupos económicos se beneficiaran con el despojo de los pueblos originarios. Dio como ejemplo el caso del grupo Benetton, que llegó durante la dictadura cívico-militar, hizo alianza con grupos locales y protegido por el estado atesoró inmensas extensiones de tierras. Todo esto con la connivencia de los grandes multimedios. “No se puede documentar la cantidad de las tierras de Lewis –agregó la periodista-, se corre atrás de las operaciones y el estado resguarda esta información”. Asimismo, citó el caso de los incendios en el Club Andino y el centro de informes en El Bolsón, donde queda en evidencia cómo los grandes medios reproducen los hechos desde la fantasía que opera por la ignorancia de la audiencia urbana sobre la vida en el territorio. “Hay que valorar a cada Lamien –agregó la profesional– que le dice que no a estos capitales inconmensurables”. También advirtió sobre el uso de la noticia del conflicto mapuche como cortina de humo mientras se discuten otras cosas que no se quiere que se debatan públicamente.
Newen Loncoman, -representante del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (CODECI)- puso énfasis en la falta de voluntad política por parte del gobierno de la provincia. Enumeró una serie de desaciertos entre el discurso político de las autoridades y las acciones concretas que se llevan a cabo. En primer lugar expuso que este organismo que articula el diálogo entre las comunidades y el estado está desfinanciado; en segundo lugar, que en la ley 2287 todavía existen artículos sin reglamentar -como el de la educación intercultural bilingüe y el de la investigación de entrega de títulos; en tercer lugar remarcó que tres veces el gobierno de Río Negro se negó a confirmar la ley 26.160. “Hoy la gobernadora Arabela instaura la palabra terrorismo –recalcó el consejero-, la vuelve a traer. No hay interés en resolver el conflicto sino reforzar la imagen del Mapuche como enemigo interno.”
En clave de derechos humanos
Por la tarde se desarrolló un conversatorio que debatió sobre el contexto actual como desafío para la garantía de los derechos humanos. Se reiteró enfáticamente la urgencia de una ley permanente de propiedad comunitaria para otorgar seguridad jurídica a los pueblos originarios respecto a su ocupación territorial.
El CELS compartió las conclusiones de un informe sobre la coordinación represiva entre Argentina y Chile contra el pueblo Mapuche e ilustró con ejemplos cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas. Se importó el modelo de persecución de Chile que despliega fuerzas especiales en operativos violentos que terminan en muerte. Los nombres de Santiago Maldonado Y Rafael Nahuel estuvieron presentes. “Si cultivamos el abrazo con nuestros pueblos originarios –dijo José Schulman por la Liga Argentina por los Derechos Humanos– podemos impedir estas acciones de escarmiento como las muertes de Santiago y Rafael Nahuel.”
Voces originarias
Por último, se discutió sobre la situación actual de las comunidades Mapuche. Se escucharon las voces de Orlando Carriqueo por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de la provincia de Río Negro, Jorge Nahuel de Confederación Mapuche de Neuquény los representantes de la lof Melo (Villa La Angostura), la Lof Huaytecas (El Foyel) Lof Quemquemtrew (Cuesta del Ternero), la Lof Cañumil (Chacay Huarruca) y la Lof Buenuleo (Bariloche).
En síntesis, el impulso de este encuentro estuvo puesto en desanudar las incongruencias del gobierno, las falacias de los medios de comunicación y las complicidades con las grandes corporaciones para conversar sobre las cuestiones que realmente importan, y en última instancia, para debatir sobre las herramientas necesarias para consolidar un estado plurinacional.
Por Verónica Battaglia
Fotos: Fabián Viegas
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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