Ocurre así: un buen día los vecinos intentan bajar a la playa por donde lo vienen haciendo hace 25 años y se encuentran con rejas y candados. Otros, toman los mates de siempre un poco incómodos frente a los dueños de las casas sobre las costas que los miran intimidatoriamente, como si fueran ellos los que hacen algo incorrecto. Hay también quienes intentan caminar por las playas del Nahuel Huapi, como lo hacían antes, pero deben detenerse ante paredones o perros que salen a cortarles el paso.
Las situaciones se repiten a lo largo de toda la costa y lo que ocurre puntualmente a la altura del km 6 de Bustillo es quizás la muestra perfecta de un caso que se multiplica. “Nos pasó de querer ir un día al lago por nuestra bajada de siempre, la que tenemos por uso y costumbre hace años, y ver que un privado puso rejas, con perros del lado de adentro”, dice Alejandro Marelli, uno de los vecinos autoconvocados por el Libre Acceso a la playa del km 6 de Bustillo, quienes comenzaron a organizarse por el Libre Acceso a esa playa.
“A través de esta inquietud de querer ir al lago por donde bajaba gente hace 25 años y encontrarse con que eso se cerró nos empezamos a organizar para hacer valer nuestros derechos como vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de Bariloche y de la Argentina, porque esto está contemplado, incluso, en leyes nacionales”, continúa.
Actualmente el grupo lo integran unas 25 personas. “Lo primero que hicimos fue relevar todas las cuestiones que tienen que ver con los datos: si era realmente una bajada pública ¿porqué se la vendieron aun privado? empezamos a hacernos un montón de preguntas y a organizarnos para obtener las respuestas”.
Letra muerta
La peregrinación comenzó en la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, donde los vecinos pudieron obtener el acceso a las planchetas catastrales. Fue a partir de ahí que descubrieron que en el barrio ya había una bajada pública que figura en los papeles: la bajada del lote número 46. Con ese dato, fueron a revisar qué pasaba con ese acceso, que sería el “oficial” para el barrio: reja y candado.
“Empezamos a ver las leyes, cómo estaban enmarcadas, dónde se contemplan, leímos que en la Carta Orgánica, en los artículos 183 y 184 se contempla esta situación: las bajadas son públicas y tiene que haber una cada un kilometro, lo cual no se cumple para nada. También dice que tienen que estar en condiciones, otra cosa que no se da, ya que son pésimas. Ahí nos empezamos a organizar y a hacer un circuito por diferentes dependencias municipales en las cuales teníamos que reclamar esta cuestión”.
Se mandaron cartas al Intendente, a la Jefatura de Gabinete, a Planeamiento Urbano, a la Defensora del Pueblo, a Defensoría de la Nación. Finalmente, con la información suficiente, también presentaron nota con la inquietud al Concejo Municipal, donde, si bien fue expuesto el tema la semana pasada, nada fue resuelto aún.
– ¿Tuvieron algún tipo de respuesta concreta en este tiempo?
-Hay una lógica del municipio y la provincia que yo lo ejemplifico de esta manera: es como si fueras a comprar un kilo de papas y te dieran un kilo de tomates. Estamos pidiendo algo bien claro, investigado, relevado en datos, con leyes nacionales, provinciales y municipales que nos dan este derecho, hay una bajada pública oficial que nos corresponde. Y ellos contestan que están trabajando en otras dos bajadas. Nada que ver con nuestro reclamo que es muy claro: hay que sacar un candado, abrir una reja y ver si la bajada está en condiciones, y si no es así, arreglarla.
– ¿Y en el Concejo?
-Se expuso la semana pasada pero no se avanzó porque la subsecretaria de Proyectos Urbanos del Municipio, Viviana Gelain, pidió expresamente estar presente en el tratamiento y ese día no estaba. Suponemos que querrá dar explicaciones o alguna respuesta, para lo cual esperamos que analice bien el caso, porque ya nos contestó una secretaria del Intendente sin hacer en ningún momento alusión al reclamo particular que estamos presentando. Sentimos que nos toman el pelo. Esto es lo más preocupante: tenemos funcionarios que nos saben sobre las leyes que ellos legislan. Mucha gente que hoy está ocupando posiciones de poder en nuestro municipio, en algún momento seguro que fueron concejales y hasta deben haber dado el visto bueno para aprobar estas reglamentaciones que están en la carta orgánica municipal.
Como detallan desde Playas Libres, lo concreto es el Código Civil en sus artículos 235, 237, 240 y 1974 protege el libre acceso a las costas y establece que todas las aguas, riveras, playas y sus accesos, con toda su extensión, son “bienes públicos”. Es decir, patrimonio “inalienable”, “inembargable” e “imprescriptible” de todos los ciudadanos. Por esa razón, ningún emprendimiento privado puede impedir u obstaculizar el uso o ingreso a estos bienes. La ley también le otorga el poder a cualquier ciudadano de solicitar a la autoridad que desarticule cualquier tipo de cierre o privación del uso público de las aguas, playas, riveras y caminos. Y el margen que debe respetarse entre la línea de agua y cualquier construcción privada no puede ser inferior a los 15 metros. Es decir, en Argentina no están permitidas las playas privadas, al menos, no con acceso al mar o a ninguna fuente de agua natural.
Por esto, los vecinos y vecinas esperan que este miércoles se presente la funcionaria que expresó querer estar y se tomen definitivamente cartas en el asunto. “El verano está en nuestras narices y la playa es de todas y de todos”, dice Alejandro y señala también la necesidad de que se le haga cumplir a los dueños de casas sobre la costa los 15 metros que tienen que quedar para que se pueda transitar. “Si caminas por las playas de los kilómetros eso no se cumple, te encontrás con edificaciones que tienen 5 metros de costa y eso visibiliza que la provincia no tiene políticas públicas sobre cosas tan importantes como son las costas públicas”.
Entre otras situaciones difíciles que viven los vecinos también se menciona que “hay dueños que te echan a los perros para que te ladren” o que cuando estás en la costa “aparecen desde sus casas y te miran de manera intimidatoria como si fueses un delincuente por estar ahí con tu familia tomando unos mates”.
Organizarse es la cuestión
El caso de la bajada del kilómetro 6 es paradigmático de un sinfín de situaciones similares. Frente a esto, es la organización de vecinos y vecinas y el tejido de redes las que van abriendo paso para recuperar derechos adquiridos. “Nosotros nos pusimos en contacto con distintas organizaciones. Una de ellas, que nos asesoró mucho, es Árbol de pie, una de las primeras que nos explicó en dónde convenía primero hacer este tipo de reclamos y cómo seguir. Tienen denuncias de todo tipo, no solo de las costas sino de la tala de árboles autóctonos de manera indiscriminada”, repasa Alejandro.
En el caso de Playas Libres, cuenta que mantienen los encuentros semanales. “Estamos muy al tanto de las noticias que salen. Leí aberraciones de funcionarios, como que había que resarcir a los dueños por este motivo. Es increíble: como no previeron los espacios de servidumbre pública hay que compensarlos a ellos, que están fuera de la ley”, dice y recalca: “Ir en contra de algo reglamentado por leyes, manejarse de esa manera, es impunidad”. Una impunidad, que, en verdad, podría ser incluso denunciada penalmente.
Así, con miradas y puntos de vista diversos el grupo de vecinos aceita la organización. “Nos propusimos que cada debate vaya acompañado de una acción. Las reuniones son muy concretas, de no más de una hora y las hacemos presenciales en una plaza, mirándonos a la cara. Si uno está en desacuerdo puede dar su opinión, bienvenido sea. Pero no tenemos mucho tiempo, todos estamos con mucho trabajo. Así que definimos cosas precisas para avanzar: cada paso una acción”.
Alejandro invita a quienes vivan situaciones similares a que se comuniquen. Como mismo señala, toda la experiencia es para compartir y seguramente el camino transitado pueda ahorrar a muchos los vericuetos burocráticos de los primeros pasos.
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Por Violeta Moraga
Foto portada: Verónica Moyano
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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