A pesar de los instrumentos legales creados por la Provincia de Río Negro y la Nación para atender las demandas territoriales de las comunidades indígenas, siguen existiendo desalojos en todo el país.
En el día de ayer organizaciones indígenas, sociales y sindicales se movilizaron al Congreso a pedir la prórroga de la ley 26.160 de “Emergencia territorial indígena” y una ampliación presupuestaria para que finalmente sea ejecutada de manera completa.
Creada en 2006 y prorrogada en sucesivas oportunidades, la ley suspende la ejecución de sentencias y otros actos judiciales que impliquen el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan. Ordena además a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral como paso previo a la entrega del certificado de propiedad comunitaria. Río Negro es una de las pocas provincias argentinas sin un solo título de propiedad comunitaria.
La ley “integral indígena” 2287, aprobada en 1988 en Rio Negro, tampoco reparó como se propuso la realidad de las comunidades originarias. “La ley prevé que cuando hubo afectación y hubo entregas de títulos de tierra viciados de nulidad, como en este caso, se retrotraiga esa situación. Eso nunca pasó”, aseguró la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro.
La que tampoco pudo escapar a su destino fue la “Comisión Investigadora para el relevamiento de transferencia de tierras rurales”, creada por ley provincial en 2013 y desactivada al poco tiempo.
Los manifestantes que ayer se concentraron frente al edificio legislativo, fueron recibidos por Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Odarda pretende que esta vez la ley cuente con presupuesto suficiente para efectivizar los relevamientos.
Desde su asunción al frente del instituto en diciembre de 2019, el INAI sintonizó con la política del ministerio de Seguridad diseñada por Gabriel Fucks -número dos Sabina Frederic- en contraste con la política del gobierno de Río Negro. Veamos un repaso por los casos emblemáticos de disputa territorial en nuestra provincia tras la muerte de Rafael Nahuel en noviembre de 2017.
Gallardo Calfú
El 19 de octubre de 2020, la Justicia de Río Negro desalojó a la comunidad Gallardo Calfú de la tierra que reclama en la zona de El Foyel, administrada hoy por la familia Soriani con el nombre de Estancia Santa Lucía.
La periodista Susana Lara en El Cohete a la Luna reveló que en 1969 la Dirección de Tierras y Colonias le reconoció a los Gallardo Calfú 600 hectáreas sobre las que hoy se asienta (en parte) el campo de la familia Soriani.
Blanca Rosa Gallardo Calfú explicó a Al Margen que su padre Sixto, ya viudo y con sus hijos en Bariloche, fue engañado por Soriani en 1979 y lo despojó de la tierra. Los Gallardo Calfú presentaron por ello una queja ante el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), un órgano dependiente del Estado de Río Negro creado por la ley provincial.
Además, según Rosa Gallardo Calfú, desde 2013 la comunidad reclama la actuación de la Comisión Investigadora para el relevamiento de transferencia de tierras rurales, creado a partir de otra ley provincial.
Soriani refuta la versión de Rosa Blanca Gallardo Calfú. Dice que la operación de compra de las hectáreas se realizó con la presencia de la escribana, Sixto y testigos. Y que la Justicia ordinaria falló a favor suyo en dos oportunidades.
Buenuleo
En abril pasado, el ex juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata ordenó al INAI que realice la mensura del territorio de ocupación tradicional de la comunidad Buenuleo y que luego ejecute los actos tendientes a instrumentar la propiedad comunitaria. El año anterior, el INAI había reconocido el territorio a favor suyo.
“La sentencia es un logro para la Comunidad Mapuche Buenuleo frente a una seguidilla de acciones judiciales en su contra que afectan la paz de su espacio comunitario, donde sus integrantes sufrieron agresiones muy violentas y viven bajo amenazas constantes de quienes presionan para el desmembramiento y la venta especulativa del territorio de ocupación tradicional comunitario“, expresaron los Buenuleo en un comunicado. “Los especuladores inmobiliarios han intentado infructuosamente confundir a la población barilochense y de la provincia para generar odio racial contra la comunidad”.
El 10 de septiembre de 2019, algunas integrantes de la comunidad Buenuleo recuperaron las 90 hectáreas que en 2014 había ocupado un privado con un boleto de compra-venta supuestamente apócrifo. Desde entonces fueron acusados de usurpación y resistieron varias órdenes de desalojo.
Quijada
Por orden de la Justicia provincial, el 29 de junio pasado Arelauquen Golf & Country Club abrió el paso tradicional de la comunidad Quijada. Antes, cuando el grupo Burco compró las tierras de un antiguo poblador, había levantado un cerco cerrando el paso de los Quijada hacia la ruta 40 y dejando de su lado el cementerio ancestral mapuche y 30 hectáreas que están demarcadas como parte de su ocupación tradicional por el INAI.
Cuando el INAI concluyó la carpeta técnica de la comunidad, de acuerdo a la ley 26.160, el intendente Gustavo Gennuso habló de cesión de tierras y de una decisión que debió haber sido consultada con el municipio.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de comunicación Popular Al Margen
