Este lunes se cumple el plazo que obliga al Country Club Arelauquen a abrir el paso tradicional de acceso a la comunidad Quijada. La empresa belga impugnó la sentencia y la causa cambió de Juez. Si la nueva jueza da lugar a esta apelación la comunidad quedará aislada durante el invierno. La voz de Magdalena Odarda del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
A pocos días de que se cumpla la orden judicial que obliga Arelauquen a abrir el paso tradicional para que la comunidad Quijada no quede arrinconada entre dos gigantes: el Cerro Otto y las 710 hectáreas del barrio privado -propiedad del grupo belga Burco-, los abogados del country club impugnaron la sentencia que otorgó las medidas cautelares.
Los límites de Arelauquen se vuelven borrosos hacia la ladera sur de la montaña. Cuando el grupo Burco compró las tierras de un antiguo poblador, levantó un doble cerco electrificado, cerrando el paso tradicional de la comunidad hacia la ruta 40 y dejando de su lado el cementerio ancestral mapuche y 30 hectáreas que reclama la Lof Quijada y que están demarcadas como parte de su ocupación tradicional por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Si la nueva jueza da lugar a esta apelación la comunidad quedará aislada durante el invierno. Con la nieve es muy difícil atravesar el cerro. Este paso no solo permite que las chicas y chicos asistan a la escuela o que las familias se atiendan en el hospital, sino que habilita la posibilidad de que la comunidad siga existiendo. A lo largo del tiempo esta situación de legalidad precaria -ninguna comunidad de Río Negro posee título de propiedad comunitaria- termina forzando a las familias a abandonar su territorio.
El Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) concluyó la carpeta técnica de la comunidad. Es importante aclarar -dadas las desinformadas declaraciones del intendente de la ciudad- que esto no implica la cesión de tierras sino solo el reconocimiento de la presencia histórica de esa comunidad en el territorio. El INAI se atiene a la ley 26.160. que ordena el relevamiento -a partir de un trabajo interdisciplinario- para determinar la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades.
Esta ley vence en noviembre de este año. El presidente, en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el congreso se comprometió a enviar el proyecto de prórroga de la ley 26.160. Esta es una ley muy resistida por los intereses inmobiliarios y mineros de grandes empresas. “Si no se renueva -dice Magdalena Odarda, presidenta del INAI-, tememos que haya desalojos masivos en todo el país”.
Odarda y su equipo pretenden que esta vez la ley cuente con presupuesto para efectivizar la tarea de relevamiento y que además establezca la base para la futura ley de propiedad comunitaria indígena de autoría suya.Esta ley permitiría que una comunidad posea un título de propiedad comunitaria de la tierra, estableciendo una solución de fondo a esta problemática.
El grupo Burco avanzó sobre otras tierras cercanas a la frontera en el alto río Chubut. El INAI está estudiando -a partir de una denuncia de una comunidad- la transferencia de tierras de Burco a un grupo empresarial de Qatar, y propone la conformación de una comisión investigativa para esclarecer si se trata de otro caso de extranjerización de la Patagonia.
El INAI va a defender la resolución del juez Zapata que ordenó la reapertura del paso por el country Arelauquen a la lof Quijada. Este juez fue apartado de la causa y en su lugar se nombró a la jueza Domínguez. “La resolución del juez-dice Odarda– tiene connotaciones humanitarias para la salud y el sustento de la comunidad. Bariloche es un municipio intercultural. Jamás se debería haber permitido que nadie le cierre el paso a la comunidad para llegar a su propio territorio.”
Desde este instituto se presentaron dos nuevos proyectos que pretenden sumar a la reparación histórica de los pueblos originarios. El programa de perspectiva intercultural Darío Rodríguez Duch (abogado indigenista) establece una capacitación obligatoria para los y las funcionarias de los tres poderes del estado en materia de derecho indígena. Este proyecto fue tomado por las diputadas Figueroa, Caliva y Caparrós. Con ésta última se está impulsando una ley para la desclasificación de los archivos que prueban los delitos cometidos durante las campañas militares.
La suma de obstáculos y las demoras en la justicia son parte de las operaciones del estado que vuelven ilegibles los derechos de los pueblos originarios y es justo ahí, en estos intersticios de la ley por donde las grandes empresas avanzan rápidamente. Es vital una política urgente y estructural para garantizar los modos de existencia de los pueblos originarios.
Por Verónica Battaglia
Foto portada: Euge Neme
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
