A tres días de la histórica sesión en la Cámara de Diputados, los legisladores que promueven la legalización del aborto buscarán sumar voluntades entre la veintena de legisladores que aún no definieron su posición sobre esta iniciativa, a fin de afianzar una mayoría para obtener la media sanción del proyecto.
Los denominados diputados “verdes” aspiran a sumar seis o siete de la veintena de legisladores que se mantienen indecisos para superar una mayoría absoluta de 129 votos a favor de la iniciativa.
Hasta ahora, los “verdes” contabilizan 124 sufragios a favor, señalaron las fuentes parlamentarias consultadas.
En cambio, los legisladores denominados “celestes” sostienen que tienen una base de 110 diputados que van a rechazar el proyecto y que podrían sumar otra decena de los que hasta ahora no definieron su voto.
La estrategia de los celestes pasa por convencer a varios de los están a favor para que cambien su voto, dijo una de las fuentes cercana a ese sector.
La Cámara de Diputados abrirá este jueves a la mañana una maratónica sesión que se extenderá entre 24 y 30 horas para tratar el Plan de los 1000 días y el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14, que se votarán el viernes después del mediodía.
De acuerdo con los números que maneja cada sector, a favor del proyecto de legalización del aborto hay 124 y en contra 110, con 22 legisladoras y legisladores indecisos o que, al menos, aún no dieron a conocer el sentido que tendrán sus votos.
Los diputados que aún no dieron a conocer su voto son el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien presentó un proyecto para convocar a un plebiscito; la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci; el cordobés Carlos Gutiérrez; el radical Martin Berhongaray; y Mariana Zuvic, una dirigente de la Coalición Cívica muy cercana a Elisa Carrió.
Otros de los diputados que aparece como indefinidos son Martin Soria, del Frente de Todos; y la joven radical y militante de la Franja Ximena García, aunque voceros parlamentarios afirmaron que “se inclinarán a votar a favor del aborto legal”.
En caso de confirmarse ese número, los votos a favor estarían sumando 126, es decir tres menos de la mayoría absoluta.
En tanto, los diputados “celestes” confían en que varios diputados que figuran como indecisos finalmente votarán en contra del aborto legal y que algunos que están a favor lo harán en contra, como sucedió con la correntina Sofia Brambranilla y Aída Ayala.
La lista de indecisos la completan los diputados oficialistas de Santiago del Estero Daniel Brue, Maria Luis y Ricardo Daives; las formoseñas Nelly Ramona Daldovo y Graciela Parola, los bonaerenses Hector Fernández, Liliana Yambrun y Ramiro Gutiérrez, el sanjuanino Francisco Guevara, el catamarqueño Dante López Rodríguez, y el puntano Carlos Ponce.
Tampoco informó su voto el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini, y la legisladora Alejandra Vigo, quien en la votación del 2018 se abstuvo.
De todos modos, algunas de las incógnitas se develarán el miércoles, cuando el proyecto de legalización del aborto impulsado por el Poder Ejecutivo se trate en el plenario de comisiones ya que la mayoría de los legisladores forman parte de alguna de las cuatro comisiones que deben emitir dictamen.
Las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Acción Social y Salud Pública, y de Mujer y Diversidades fue convocado para el miércoles a las 16.30 para debatir la iniciativa y emitir el dictamen que se tratará en el recinto de sesión.
El plenario será conducido por la titular de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos) junto a sus pares Carolina Gaillard (Penal), Pablo Yedlin (Salud) y Mónica Macha (Mujeres) y se hará en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.
El proyecto que analizarán los diputados establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si “fuere resultado de una violación“, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
Fuente: Télam
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
