Marcha de la Unidad de los Pueblos Originarios de Salta

DOCUMENTO:

El 16 de noviembre de 2020, iniciamos la HISTORICA MARCHA DE UNIDAD DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS Wichi, Chorote, Chulupí, Tapiete, Qom, Guaraní, Chané, Kolla, Diaguita, hacia la ciudad de Salta, para exigir una MESA DE DIALOGO INTERCULTURAL con el gobierno provincial, que dé inicio a una nueva etapa de verdadera política pública intercultural, de autodeterminación y respeto a nuestros derechos.

A 528 años de la llegada del europeo a nuestras tierras, no sólo seguimos resistiendo, si no, que además nos organizamos y marchamos para decidir sobre nuestro destino y buen vivir.

Marchamos ante la ausencia de políticas reales e interculturales, que solucionen la profunda crisis sanitaria y social en nuestras comunidades, agravada por el COVID. La pandemia dejó al descubierto la realidad que vivimos hace tiempo: la ausencia de recursos sanitarios, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, la falta agua y de asistencia médica intercultural, el saqueo de nuestro territorio, la quema intencional y la tala del monte nativo sin control, la contaminación de los ríos que afecta nuestra soberanía alimentaria, la falta de educación intercultural de calidad, la violencia de las fuerzas de seguridad, la precariedad jurídica y la ausencia de diálogo político.

La provincia de Salta es la de mayor diversidad cultural de país, pero aún no cuenta con una política de estado intercultural, respetuosa de nuestras culturas y autodeterminación, que garantice nuestros derechos, que exige la creación de un Fondo de Reparación Histórica para su cumplimiento efectivo.

La Constitución Argentina reconoce en su artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y asegura el derecho a la “participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten”. La participación indígena es el derecho que nos asiste como comunidades y pueblos indígenas a ser consultados de forma previa, libre e informada, porque somos sujetos políticos de nuestra autodeterminación. Es una herramienta esencial para proteger nuestros derechos fundamentales, preservar nuestra identidad cultural y garantizar nuestra supervivencia con dignidad.

La Convención Mundial sobre Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO, reconoce los derechos y existencia plena de las comunidades originarias, por ser la diversidad cultural la base real para la sustentabilidad del planeta.

Tanto en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana de los Derechos Humanos, como en otros instrumentos legales, los derechos indígenas deben ser prioritarios para los gobiernos, quienes deben ejecutar los mecanismos para su ejercicio real, garantizando además el acceso a la justicia. También contamos con la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, por lo cual toda persona debe respetar nuestra posesión ancestral y propiedad comunitaria indígena.

Pero a pesar de contar con tanta legislación constitucional, provincial, nacional e internacional, al día de hoy denunciamos la ausencia real del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales y el incumplimiento por parte del estado provincial, quien tiene la obligación de garantizarlos y respetar la diversidad cultural de Salta.

Por todo esto, el 16 de noviembre los PUEBLOS ORIGINARIOS DE SALTA, marcharán hacia la ciudad de Salta, en una marcha histórica de unidad, dignidad y autodeterminación, solicitando: UNA MESA DE DIALOGO INTERCULTURAL entre el gobierno provincial y representantes de todas las comunidades originarias de Salta, para implementar una nueva política pública intercultural y agenda política donde seamos respetados como sujetos de derecho y se cumpla la legislación. La mencionada Mesa trabajará sobre el siguiente petitorio consensuado en asambleas comunitarias:

1. Un modelo de intervención sanitaria y social para la pandemia que sea adecuado a nuestras realidades y respetuoso de nuestras culturas, ya que tenemos otras lenguas y otras concepciones de la salud y la enfermedad.
2. Salud intercultural y de calidad: que se nombren enfermeros y enfermeras de las comunidades; se nombren auxiliares bilingües en los hospitales; se implemente un plan de salud intercultural; se nombren más médicos y médicas; se reconozcan y nombren médicos y médicas según la visión de nuestros pueblos originarios, para una visión integral de la salud desde nuestras culturas, que garantice salud intercultural en general y partos respetados; se equipen los centros de salud con: respiradores, camas, medicamentos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; más ambulancias y reparación de las existentes; se nombren técnicos y se provea de equipamiento de laboratorio y radiológico.
3. Pozos de agua en las comunidades que garanticen este bien esencial.
4. Otorgamiento de personería jurídica a las comunidades que aún no lo tienen.
5. Entrega de la tierra a las comunidades. Cese de la violencia policial de desalojo ilegítimo de las comunidades que aún no pueden ejercer su derecho de acceso y tenencia de su territorio ancestral. Respeto a la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial que reconoce nuestra posesión comunitaria.
6. Respeto a nuestra Madre Tierra, como fuente de nuestro sostén espiritual, cultural, soberanía alimentaria y uso de plantas medicinales.
7. Controles ambientales efectivos en las rutas y en los papeles, para la eliminación de la tala y quema de nuestro monte nativo; respeto a las Leyes de Protección Ambiental: 25.675 y 25.831. Derogación de la reciente Resolución 333 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que limita la participación ciudadana, el debate público y elimina los controles a los desmontes.
8. Controles ambientales efectivos para eliminar la contaminación de nuestros ríos, que son una fuente fundamental en nuestra soberanía alimentaria.
9. Se otorgue DNI a las personas que aún se encuentran indocumentadas en nuestras comunidades.
10. Respeto a nuestros derechos culturales y valoración de nuestra diferencia cultural.
11. Bolsones alimentarios de calidad, para todas las familias afectadas por el COVID.
12. Un Fondo Histórico de Reparación a los Pueblos Originarios de la Provincia de Salta, que dé cumplimiento efectivo a nuestros derechos, con un presupuesto consultado previamente y controlado por las comunidades.
13. Acceso a una justicia intercultural; reconocimiento del Consejo de Ancianas y Ancianos de nuestras comunidades como asesores y mediadores de conflictos.
14. Normalización del IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta) que se encuentra intervenida, y que funcione como corresponda, al servicio de los derechos de las comunidades originarias.
15. Educación intercultural de calidad. Creación de anexos escolares en las comunidades, cada 5 kilómetros, que garantice el acceso a la educación.
16. Acceso a una vivienda digna.
17. Seguridad de calidad. Mejores controles de las fronteras y controles municipales efectivos a la venta de alcohol a menores de edad, como también, a la venta de droga, elementos culturales que no nos pertenecen y hacen daño a la paz y el buen vivir en nuestras comunidades.
18. Planes sociales, programas y proyectos de trabajo respetuosos de nuestra diversidad cultural.
19. Control en el pago de las ayudas sociales, que se hace por intermedio del Correo Argentino, debido a irregularidades recurrentes de tiempo y forma, no sólo en las fechas de cobro, que siempre se demora, sino que además, no hay control de las personas fallecidas, ni en los montos del pago efectivo.
20. Prevención y anillos de contención contra las inundaciones y desbordes del río Pilcomayo. Solicitamos que se analicen las causas con un comité de expertos interinstitucional y trinacional, ya que una de las principales causas tiene que ver con el desmonte sin controles en la región.