Se cumplen tres años de la muerte de Rafael Nahuel, ocurrida durante el intento de desalojo de Prefectura a la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. La causa no tiene procesados. Imágenes y recuerdos de compañeros y familiares del joven que ya es bandera.
En Nahuel Hue, el barrio del Alto de Bariloche donde vivía y trabajaba Rafael Nahuel, hay sed de justicia. Sus padres, hermanos y compañeros de El Semillero Vientos de Libertad, la organización social del MTE donde hacía carpintería, reclaman que los verdugos paguen por su muerte. Este 25 de noviembre se cumplen tres años del operativo en que el grupo Albatros de Prefectura intentara desalojar a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi y terminara con su vida de 22 años.
Para los jóvenes de barrios humildes de Bariloche, sobrevivir es la regla. Por eso Rafael Nahuel se había acercado a El Semillero, buscando una salida en la fabricación de objetos de madera y productos de panadería. Uno de sus referentes, Alejandro “Duke” Palmas, lo recuerda con estirpe de líder, sonrisa compradora y solidaridad sin condiciones.
“Criado en un contexto de miseria y violencia, Rafa había empezado a descubrir que otra historia era posible. Ahí está su casita levantada a fuerza de creatividad y una mezcla de saber qué puertas golpear y cuáles no, sumado a la experiencia en talleres de oficios y organizaciones sociales que desde los 14 años lo abrazaron fuerte”,dice Duke.
A Rafael Nahuel le gustaban los caballos, cuenta Alejandro, su hermano mayor. Tenía en el fondo de la casa una yegua, Amancay, y cuenta Jonathan Villegas, uno de sus mejores amigos, que también le gustaba la pesca. “Era un crack en el río”, dice.
Además, era buen esquiador. Iba al cerro gracias a un programa municipal y ocupaba las pistas negras, donde se deslizan los expertos. No alcanzó a comprarse esquíes, botas ni bastones. Tenía el talento, le faltó la plata.
Nahuel había empezado a indagar sobre su apellido y los rasgos del rostro. Había empezado a asumir su identidad mapuche a través de su tía, integrante de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, asentada en un predio frente a Lago Mascardi propiedad de Parques Nacionales, cuyo desalojo fue ordenado por el primer juez que entendió en la causa, Gustavo Villanueva, y ejecutado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El expediente
La causa por la muerte de Rafael Nahuel todavía se encuentra en etapa de investigación, empantanada en la tercera pericia que ordenó la Justicia para determinar si el proyectil extraído del cuerpo pertenecía al arma del prefecto Francisco Pintos.
Según la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, encabezada por Sebastián Feudal, hay consenso entre las partes para cerrar la instrucción tras la pericia e ir a juicio. Excepto, por la defensa del prefecto Pintos.
El análisis balístico está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la provincia de Salta. Fue ordenado por el juzgado federal de Bariloche, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, determinara la falta de mérito de Pintos. El pedido se justificó en los resultados contradictorios de dos pruebas anteriores.
La primera de ellas, realizada por los peritos de la Policía de Río Negro Roberto Nigris y Karina Uribe y la especialista en criminalística Silvia Bufalini, determinó que el proyectil había sido disparado por el subfusil asignado a Pintos.
La otra pericia fue realizada por la Dirección de Criminalística de Gendarmería, comandada entonces por la ministra Bullrich, quien alentó la teoría de un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del pueblo mapuche. Esa prueba, solicitada por el juez Villanueva, estableció que el disparo no había provenido de Pintos.
El elemento más endeble de la versión de Bullrich, según la querella, es que Prefectura disparó, al menos, entre 114 y 129 veces con munición de plomo, y que no está probada la tenencia de arma de fuego de Nahuel.
En su regreso al cargo tras cumplir funciones en el Consejo de la Magistratura, el juez Leónidas Moldes procesó en enero de 2019 a cinco prefectos, incluido Pintos. Los acusó de haber incurrido en el delito de “homicidio agravado en legítima defensa”. De esta manera, Moldes impuso en la causa la teoría del enfrentamiento.
Luego, la Cámara de Roca corrigió el fallo: procesó a Pintos por “homicidio agravado”, le dictó prisión preventiva y resolvió la falta de mérito para el resto de los prefectos. Finalmente, el expediente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, que ordenó la tercera pericia balística. Moldes se jubiló, y ahora subroga el cargo el juez Gustavo Zapata.
Por Pablo Bassi
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