Jacobacci le dice no a los espejitos de colores

Alertados por el continuo intento de hacerse de consenso social que pretenden las mineras, sin ir a fondo y realizar directamente una consulta popular para llevar adelante sus proyectos, los integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci expresaron una vez más su oposición al Proyecto Calcatreu y el desacuerdo con los dichos de la Empresa Patagonia Gold sobre la existencia de un consenso social para el desarrollo de este mega proyecto minero.

El Estado no ha podido regular el agua de acceso a la laguna Carrilaquen, pero a Calacatreu si.

Como mismo indican en un comunicado, desde el año 2003 y hasta hoy, “la Parroquia de Ingeniero Jacobacci, ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, sindicatos, campesinos e integrantes del pueblo mapuche se niegan al tremendo desastre ambiental que provoca la mega-minería extractivista”.

“Han avanzado con los permisos que les viene otorgando el Gobierno Provincial a través de la Secretaria de Minería y la de Ambiente, pero sobre todo con el aval que les ha dado el Departamento Provincial de Aguas”, señala Susana Castillo, integrante de la Asamblea en defensa del Agua y del Territorio de Jacobacci. Recordemos que en el 2019 el Departamento Provincial de Aguas rionegrino autorizó el uso de agua proveniente de napas subterráneas para las tareas de exploración. Lo hizo mediante la resolución 1710, firmada el 10 diciembre pasado, que habilita en su primer artículo la extracción de agua subterránea en la zona denominada Lipetrén, en el área de Calcatreu, que se ubica a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci. El organismo también posibilitó la captación, conducción y distribución de un caudal de 2.500 metros cúbicos y en los fundamentos precisa que la fuente de provisión es un pozo ya existente y que el agua será cargada y transportada hacia los sitios designados a perforar.

“Demandado que se cancelen los permisos de concesión para la extracción de agua subterránea en todos los proyectos vinculados a la minería contaminante”, dice Susana al respecto y explica que no han empezado la etapa extractiva pero la empresa sigue haciendo estudios, exploraciones, y mientras tanto, continúan tratando de cooptar voluntades y también los apoyos políticos de los gobiernos de turno”.

La estrategia es similar en todos los lugares donde avanzan este tipo de proyectos. “Van ampliando sus áreas de influencia gracias a emprender supuestas acciones que llaman comunitarias. Con eso tapan la falta de consenso social y consulta popular que no han hecho nunca en todos estos años. Se aprovechan de las necesidades puntuales de la gente y eso lo hemos visto todo este tiempo: esponsorean eventos deportivos, regalar cosas a colegios, incluso han convencido a profesores que terminan llevando de excursión a los alumnos del secundario hacia la zona de Calcatreu. Hacen una especie de asistencialismo y tapan los agujeros que deja el Estado a la hora de elaborar y dar respuestas concretas frente a la falta de trabajo y otras problemáticas sociales. Las mineras dicen ofrecer trabajo y efectivo ya”.

El discurso de siempre

Sin embargo, a esta altura ya no es tan fácil vender que habrá fuentes de trabajo y mejorías para la comunidad, o que los daños ambientales no son tales. “Cuando hablan de darle trabajo a la gente de los parajes en realidad es empleo para muy pocas personas.  Es por esto que desde las asambleas siguen denunciando las estrategias de cooptación de voluntades, los dispositivos con los que las empresas buscan horadar el tejido social y los relatos que difunden en referencia a los beneficios económicos de la actividad. “Esta metodología no es novedosa: es el modo de operar de las corporaciones que lo único que buscan es optimizar el valor de sus acciones en Bolsa, violando los derechos ambientales de los pueblos que arrasan. Mediante el engaño y falsas promesas de progreso económico, aprovechan la precarización, el abandono y la falta de proyectos realmente sustentables para quienes vivimos en las zonas amenazadas”, señalan.

En este marco, también se menciona el desacuerdo con las expresiones del secretario de Minería, Alberto Hensel, quien declaró por estos días que la Argentina debe “producir, crecer y fortalecer todo su complejo exportador para conseguir las divisas que el país necesita” y consideró en ese sentido que esa actividad “está llamada a cumplir un rol crucial para el desarrollo argentino”.

“Hensel repite absolutamente lo mismo que vienen repitiendo las propias mineras desde hace años. Agrega que están dispuestos a armar una mesa en la que participen todos los sectores vinculados a la actividad, pero ¿Quiénes son esos sectores? Porque nunca dicen que va a haber representantes de las comunidades que están hace siglos en el territorio y que van a ser afectadas”, continúa Susana. “Tampoco dicen la verdad sobre las divisas, la gente ignora que las regalías que las mineras dejan en las poblaciones donde tienen sus explotaciones son mínimas y a cambio obtienen muchos beneficios: exención de tasas aduaneras, de impuesto a los combustibles, de impuesto a las ganancias, reembolsos por explotación, entre otras cosas. Se llevan el recurso que extraen de nuestro territorio y lo que dejan en realidad es un vacio ambiental irreversible”.

Es sabido además que el desarrollo minero consume millones de litros por día de agua, lo cual preocupa especialmente en zonas como estas donde el recurso es escaso y la sequía no se detiene, de hecho, hace años que hay emergencia hídrica “El Estado ni siquiera ha podido controlar los desvíos de agua que hacen algunos productores del caudal que abastecía la laguna Carrilafquen para favorecer el riego de su tierra. Entonces, dicen que están hechos los controles ambientales y que garantizan el ambiente y no ha podido ni siquiera garantizar el control de este tipo de actitudes que incrementa la sequia de los campos”.

La justicia que no se cumple  

En este marco es importante señalar que en el año 2005 el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas -Codeci- contra la explotación de la mina de oro en Calcatreu.

Ese mismo año, la movilización popular consiguió que se aprobara la ley 3981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería rionegrina. Sin embargo, la Ley Anticianuro, como fue conocida, fue derogada de manera inconsulta y sorpresiva en la única sesión de la legislatura en la cual participó el recién electo gobernador Carlos Soria, el 29 de diciembre del 2011. LA derogación abrió nuevamente las puertas para la libre utilización de los productos químicos en los yacimientos mineros. En este marco, Calcatreu parece ser la punta del iceberg de una fila de empresas que están dando vueltas por la provincia: actualmente, hay más de 32 emprendimientos en etapa de exploración.

 Desde la asamblea son tajantes: “El Proyecto Calcatreu es una amenaza Provincial y Patagónica que, si se efectiviza, arruinará nuestra tierra y nos llevará a la pobreza, como sabemos que sucedió en otros rincones del país y de América Latina”.

Por Violeta Moraga

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen