El poder ejecutivo municipal comunicó recientemente el despido de los y las 40 trabajadoras guardavidas de nuestra ciudad. La Asociación de Guardavidas se declaró en estado de alerta y movilización, dialogamos su con Juan Rapoport, su secretario general.
– ¿Cuándo supieron de los despidos?
-En principio hace un mes tuvimos una reunión vía Zoom con las autoridades del municipio, esa reunión fue en respuesta al pedido nuestro de que empecemos a organizar el servicio porque estábamos viendo como pasaba el tiempo y no avanzábamos con un protocolo de trabajo. No había claridad, además empezaban a correr tiempos legales para la contratación que todos los años se fueron respetando hasta el momento. Nos llamaba la atención, empezamos a insistir en una reunión y nos la terminaron dando.
Hace un mes ya nos habían comunicado que la decisión del ejecutivo era no abrir las playas. En ese mismo momento ya intentamos corregir un poco la terminología que usamos, las playas están, estuvieron y van a estar abiertas. No hay posibilidad de cerrar las playas. Lo que estábamos hablando era del servicio de seguridad provisto por las y los guardavidas. A partir de esa primera reunión nosotros empezamos con el camino legal para asegurarnos nuestra continuidad laboral como empleados municipales.
Mandamos un telegrama en el mes de octubre para reservar la vacante y para intimar al municipio para que nos aclare cuál es la situación laboral ya que estaban incumpliendo todos los plazos legales de nuestra contratación. El lunes pasado nos comunicaron vía una carta documento a todas y todos los trabajadores del servicio municipal, que somos 40, que la Municipalidad no va a organizar el servicio de guardavidas y que automáticamente estamos despedidos, que no nos van a contratar.
– ¿Cuál fue la justificación de estos despidos?
-La verdad que nos llama mucho la atención. Primero hubo un intento de una argumentación sanitaria, partiendo del desconocimiento, dijeron que en el marco de la pandemia no se sabe cuáles van a ser los protocolos, cuál va a ser la realidad de Bariloche en el verano y era muy apresurado organizar el servicio de guardavidas. Nosotros somos personal que trabajamos y asistimos a personas en situaciones de emergencia, este servicio es declarado esencial en un protocolo que está establecido por el Ministerio de Salud de Nación.
La otra justificación fue la situación económica que está atravesando el municipio, eso es un poco más entendible, parte de una realidad. Lo que nosotros sostenemos es que hay 1900 empleados y empleadas municipales en Bariloche, y nosotros somos 40 trabajadores y trabajadoras que estamos tres meses al año y cobramos únicamente por los meses que trabajamos. Esto es una decisión política, deciden gastar en otra cosa el dinero. Esta decisión la toma la política cercenando derechos de trabajadores.
Por más que la señora Patricia Díaz y las autoridades del municipio digan que no hay ningún vínculo laboral, cómo explicamos que hay guardavidas con 20 años de antigüedad que tenemos recibo de sueldo que nos deposita la municipalidad. No se sostiene esa argumentación, es como decirle a alguien que trabaja en negro en relación de dependencia que no tiene derecho a hacer juicio. Nosotros tenemos un contrato precario, pero eso no hace que no tengamos nuestros derechos laborales. Dicen que esto no es un despido sino que es una “no contratación”, es indignante.
– ¿Esto significa que cuando arranque la temporada no habrá guardavidas en las playas de la ciudad?
-Esto es el punto central. Se está hablando de la apertura turística de Bariloche como ciudad pionera y en este contexto de pandemia, las únicas actividades que estarán habilitadas son las actividades al aire libre. En el resto del país, en las ciudades que tienen balnearios se están habilitando más playas con más guardavidas para que la gente no se amontone.
En el invierno, cuando todavía no había turismo se abrieron los medios de elevación del Cerro Catedral que no es una actividad esencial, es una actividad recreativa. Es una contradicción permanente, lo que nosotros queremos decir con claridad es que es mentira que las playas van a estar cerradas, las playas van a estar abiertas y muy posiblemente haya guardavidas trabajando.
Lo que hay detrás de esto, es que simultáneamente a los 40 despidos que estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras municipales, hay reuniones para hacer una tercerización del servicio donde aparece una ONG de la cual no sabemos su origen. Van a contratar a una cantidad de guardavidas a pagar un sueldo como monotributistas o en negro, precarizando todavía más la situación de los guardavidas y aprovechándose aún más de la necesidad de trabajo que tenemos en este momento.
Es más que 40 despidos, se está armando un negocio atrás. La situación es muy grave, nosotros no vamos a permitir que esto avance. Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener esta situación. El ministro de turismo de Nación está diciendo que tienen la decisión política de que haya temporada. Bariloche que es la primer ciudad que se abre al turismo argumenta que no sabe qué va a pasar en el verano… si hay algo que está decidido acá es la apertura turística. Incluso si no llegaran a venir turistas, las y los ciudadanos de Bariloche van a ir a las playas igual.
Están queriendo correr el foco de atención. Patricia Díaz, quien es la responsable de Protección Civil, declaró que “en todo caso no hay tantos accidentes y no es algo imprescindible la presencia de guardavidas”, me llama la atención que esta señora no sepa que nuestro trabajo es el 99% de prevención. Nosotros no trabajamos bien si hay muchos rescates, trabajamos bien cuando no hay rescates porque hacemos las actividades de prevención para que no pase nada grave.
– ¿Cómo seguirán con este reclamo?
-Nosotros tenemos la firme convicción de que el Estado es responsable de brindar el servicio de seguridad en las playas. Esa responsabilidad es indelegable, no puede haber un tercero que brinde un servicio esencial. En ese camino, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance política y sindicalmente para revertir esta situación. El martes 27 tenemos una audiencia en delegación laboral donde pretendemos que la municipalidad presente alguna respuesta a nuestros planeos. De no presentar una solución, vamos a ir a la justicia y vamos a hacer una demanda colectiva. Nosotros necesitamos trabajar, y la gente que va a ir a las playas necesita seguridad, no guardavidas que estén haciendo juicio en un juzgado. Hay que ponerle freno a esta situación.
Por Mariela Martínez y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
