Derecho a la comunicación en barrios populares

Con la misión de acortar la enorme brecha entre quienes pueden acceder a Internet y quienes no, el ENACOM lleva adelante un programa que destina 1.000 millones de pesos a la conectividad para barrios populares. El Barrio Nahuel Hue de nuestra ciudad hará la apuesta por ser parte del proyecto.

El programa de conectividad podría desembarcar en Nahuel Hue.

La desigualdad en el acceso a la comunicación quedó visiblemente expuesta desde que comenzó la pandemia y se desnudó el gran desequilibrio entre quienes pueden acceder a la conectividad y quiénes no. De allí el acierto del programa de conectividad para barrios populares que destina 1.000 millones de pesos del fondo de servicio universal -un fondo fiduciario que se crea con el tributo del 1% de lo recaudado por las empresas de telecomunicaciones mensualmente y que gestiona el ENACOM- para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

“El proyecto tiene cambios que son muy significativos, porque pone en primer lugar el acceso a un derecho como beneficiarios a los habitantes de los barrios y los diferencia de la figura del proponente, que es quien presenta el proyecto en sí, que puede ser una red comunitaria, una cooperativa, una pyme”, señala Natalia Vinelli, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El proyecto se propone trabajar con los actores locales para la formación de redes comunitarias y armados de circuitos de internet en los barrios populares de todo el país. Hasta ahora, las distintas convocatorias para aportes no reembolsables para desarrollar proyectos de conectividad que se venían llevando adelante desde el ENACOM consideraban un análisis técnico-económico de las propuestas.

Este programa específico, que cuenta con el aporte del Estado para el 100% de la infraestructura, incorpora, junto a ese análisis, un análisis social donde se valora la preexistencia, la inserción territorial, el vinculo social, la devolución con la sociedad a partir de la bonificación a instituciones significativas para la comunidad: comedores populares, escuelas, clubes, plazas y la instalación de estaciones tecnológicas para que quienes por cuestiones de desigualdad económica no puedan pagar una tarifa de internet. De esta manera, la intención es que sean incluidos a partir de espacios comunes bonificados.

En Bariloche, el barrio Nahuel Hue al ser una de las barriadas registradas como barrio popular por el RENABAP y contar con el Centro Barrial Semillero/Vientos de Libertad del Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE), que podría albergar la estación tecnológica iniciará la inscripción paraacceder al programa del ENACOM y dotar de conectividad a 5000 vecinos del barrio.

“El aporte a la comunidad es parte significativa de la evaluación del proyecto y de lo que se considera para su adjudicación. Son elementos fundamentales para tener en cuenta a la hora de aprobar un proyecto y muestra que hay una voluntad de escuchar una demanda social de conectividad que se puso de manifiesto de una manera muy clara durante la pandemia. Este tiempo puso en primer plano todas las desigualdades que implicaba la brecha digital: no solamente en el acceso a la conectividad, sino también a través de la conectividad la imposibilidad de acceder a otros derechos como la educación, la continuidad en el trabajo, la telemedicina, el entretenimiento”.

Un dato a tener en cuenta es de acuerdo con el Registro, en la Argentina existen 4.416 barrios donde viven más de 4 millones de personas, quienes representan el 10% de la población total del país, y el 65% de esos barrios no cuenta con acceso a Internet. La falta de acceso a conectividad de banda ancha en igualdad de condiciones es uno de los problemas más evidentes e impide también la concreción de otros derechos, profundizando así la desigualdad.

“Frente a esto hay una confluencia entre esa demanda de la sociedad de tener conectividad y un Estado que pone a esos últimos en el primer lugar a través de estos proyectos, que se articulan con otros como la actualización de la Red Federal de Fibra Óptica, programas de aportes no reembolsables, el plan de emergencia que se aprobó en el directorio de ENACOM para dar una respuesta inmediata en el marco de la pandemia, que son distintas políticas que se articulan mas en general con el despliegue del plan CONECTAR que presentó el Presidente y la secretaría de Innovación Pública”.

De esta manera, por estos días continúa el trabajo de acompañamiento en el proceso de presentación de proyectos. “Por el contexto el acercamiento se está realizando mayoritariamente vía telefónica y a través de talleres que se están preparando para llevar adelante mediante plataformas virtuales. Asimismo, se está realizando un cuadernillo en versión PDF y versión impresa para poder distribuir. Es permanente el trabajo de contacto con las delegaciones de todo el país que a su vez convocan para que se conozca este programa. Creo que ese es un elemento importante, porque permite armar la relación con las organizaciones comunitarias para que los proyectos puedan llegar a buen puerto”, completa Natalia y destaca el DNU 690/2020 que declara la telefonía e internet como servicios públicos. “Al pensarlo como un servicio esencial lo que estamos pensando también es la conectividad como un derecho humano y por lo tanto se habilita la elaboración de una tarifa social para que nadie quede afuera, reglamentación que también se discute en este momento desde el ENACOM”.

Por Violeta Moraga

Foto portada: Euge Neme

Equipo de Comunicación Popular Colectivo a Margen