Niños y niñas de la lof Buenuleo declararon ante el juez. Contaron con sus propias palabras la furia que se desató el 29 de abril contra la comunidad. Su testimonio se realizó a través del dispositivo de la Cámara Gesell para garantizar su derecho a ser oídos durante el proceso penal.
Chicos y chicas de la comunidad están sentados en una sala del juzgado. Esperan para contar lo que les hicieron a sus padres. En su casa el relato del 29 de abril vuelve una y otra vez. Pero en esta ocasión quieren que el juez los escuche, que sepa que rompieron los cristales de las ventanas y golpearon con palos a Viviana y a Sandra -con su hermanito en brazos- y le clavaron un cuchillo en la pierna a Ramiro.
El Defensor de menores abre la puerta de la sala, echa un vistazo desde el umbral y sin mayores fundamentos considera que lxs más pequeñxs no están en condiciones de hablar. “Yo estaba con ellxs en la sala -nos comentará el apoderado de la comunidad- lxs chicxs no estaban temblando de miedo como argumentó el defensor.”
El apoderado nos explicará que la comunidad viene luchando hace tiempo para que chicos y chicas puedan decir su verdad. Primero el abogado de los imputados rechazó el pedido de declaración de lxs niñxs. Cuando el Juez autorizó sus testimonios, le impuso a la comunidad el pago de 120.000 pesos por el uso de las 4 Cámaras Gesell. Se tuvo que impugnar la resolución del juez y pedir otra audiencia para que finalmente la provincia se hiciera cargo de la aplicación del dispositivo. Esta tecnología supone el registro del testimonio como prueba válida en cualquier instancia de la investigación, procura ser un medio de reparación del daño, evitando la revictimización de lxs testigxs.
La Calfu Malen -autoridad de la comunidad- pasa primero a una sala acondicionada para registrar sus palabras. Ahí dentro está solo la psicopedagoga. En el recinto principal está el Juez. De un lado, lxs abogadxs de la querella y los padres de lxs chicxs. Del otro, el Fiscal, el abogado y los imputados: Víctor y Facundo Vera, Antonio Puñalef, Víctor Sánchez, Olga Flores y Laura Zannoni. Todxs observan -en forma simultánea- el desarrollo del interrogatorio.
La psicopedagoga le hace las preguntas formuladas por la defensa y después las de la querella. La Calfu Malen responde con calma.
Es el turno del Calfu Wenchu -autoridad de la comunidad-. ¿Dónde vivís? -lo interroga la psicopedagoga. ¿De quién es la casa? ¿Quién construyó la casa? El Calfu Wenchu responde con calma. Sus palabras se convierten en una prueba contundente de lo que pasó esa tarde.
El apoderado legal nos dirá que el interrogatorio de la defensa apuntó a buscar pruebas para otra causa, que las preguntas estaban pensadas para probar una supuesta usurpación. Friedrich acusa a la comunidad de tomar sus tierras por la fuerza, cuando la comunidad ocupa tradicionalmente ese territorio desde 1880. Friedrich tiene tan solo la cesión de un boleto de compra-venta con firma dudosa (no tiene escritura pública), mientras la comunidad tiene el reconocimiento estatal de la posesión y propiedad comunitaria del territorio otorgado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y avalado por el artículo 75 de la Constitución Nacional.
– ¿Nos escucharon? -pregunta la Calfu Malen.
– ¿Nos escuchó el juez? -pregunta el Calfu Wenchu.
-Sí -contesta Sandra. Yo estaba en la otra sala con el Juez. Escuchó todo lo que dijeron.
¿Cómo es posible tomar algo por la fuerza cuando eso que está en discusión te pertenece?
Por Verónica Battaglia
Fotos: Euge Neme
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
