Tras la desarticulación del organismo entre 2016 y 2019, el Gobierno nacional comenzó a reincorporar trabajadores cesanteados y a diseñar el desarrollo de políticas públicas para un sector que produce el 70% de los alimentos que consumen los argentinos. Quiénes serán los coordinadores en Río Negro.
El Gobierno nacional destinará en 2021 un presupuesto dos veces más grande que en 2019 para la agricultura familiar. Además, el presidente Alberto Fernández aseguró durante un encuentro del Consejo Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que el Estado buscará reincorporar a los casi 800 trabajadores despedidos en el organismo durante los últimos cuatro años.
Desde junio, se abrió una mesa de negociación entre el Gobierno y las organizaciones gremiales y campesinas. Ese espacio paritario, que diseña el detalle de las políticas que orientará el nuevo secretario de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Miguel Gómez, ya resolvió la reincorporación de una primera tanda de cinco trabajadores en Río Negro.
También fue nombrado delegado administrativo de la secretaría en la provincia Fabio Ababile, quien ocupó el cargo entre 2014 y 2016. Pero a diferencia de entonces, ahora habrá coordinadores regionales: en la zona atlántica, Ababile; en el alto valle, María Virginia Galara; en la sur, Diego Milipil; y en la andina, Lighuén Castillo.
Castillo, uno de los trabajadores despedidos en 2018, anticipa a Al Margen que las líneas estratégicas de la secretaría apuntalarán el arraigo rural, la producción de alimentos, el fortalecimiento de los mercados de cercanía y la lucha contra el hambre. “Banderas históricas de la agricultura familiar que, en este contexto, adquieren una visibilidad mayor”, dice. “La pandemia puso en evidencia el hacinamiento en las grandes ciudades”.
El enfoque del nuevo gobierno está orientado a fortalecer la estructura arrasada entre 2016 y 2019, cuando el Ministerio de Agricultura pasó a llamarse de Agroindustria, y fue conducido en la última etapa por el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere. El desguace fue desolador: en Rio Negro había 33 trabajadores veterinarios, agrónomos, sociólogos, licenciados en turismo rural, economistas, y sólo quedaron ocho.
“No me olvido más, cuando llegamos a nuestra oficina, en avenida San Martín, y nos encontramos con un cartel en la puerta que decía ‘se alquila’”, recuerda Ernesto Fuentes, trabajador de la secretaría en Bariloche, uno de las tres personas reincorporadas en 2019 mediante una medida cautelar.
“La reacción de la gente fue muy positiva. Hubo concentraciones de 4000 hombres y mujeres, incluso de productores que vinieron a apoyarnos”, dice Fuentes.
Luego de los despidos y la desocupación de la oficina, el macrismo se llevó a Buenos Aires las camionetas que los técnicos usaban para el trabajo. Dejaron nomás una Partner modelo ‘90, poco apta para ingresar al campo.
Junto a las camionetas y el personal, la oficina y las políticas públicas, el macrismo también se desentendió de los derechos sociales, y eliminó el monotributo social agropecuario, que permitía a los productores formalizar la comercialización de sus productos y el acceder a los derechos previsionales y de salud.
Por Pablo Bassi
Foto portada: Gentileza “Chino” Leiva
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
