A partir de las protestas por aumento de salario en Buenos Aires, Río Negro y otras provincias, se reinstaló un dilema con posiciones encontradas. Desde la Asociación de Abogados Laboralistas ratificaron que no hay ninguna ley en la Argentina que prohíba la sindicalización
Entre los puntos del pliego de demandas que el personal de la Policía de Río Negro hizo conocer al Gobierno de la Provincia, se encuentra la creación de una mesa de diálogo entre sus representantes y el Ministerio de Seguridad. Una suerte de ámbito paritario de convenciones colectivas que reintroduce un viejo debate: ¿debe alentarse la organización, elección de delegados y sindicalización de los trabajadores de la seguridad pública?
“En nuestro país no hay ninguna ley que prohíba la sindicalización de policías”, sostiene Matías Cremonte, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).
De hecho, en la Argentina se crearon más de 20 organizaciones de trabajadores policiales. Una de ellas, el Sindicato Policial de Buenos Aires (SiPoBA), intentó en 1998 inscribirse en el registro de la Ley de Asociaciones Sindicales, y el Ministerio de Trabajo se lo negó. El caso llegó en 2017 a la Corte Suprema, que ratificó la decisión del Ejecutivo por tres votos contra dos.
En 2012, el ex diputado nacional Víctor de Gennaro, uno de los fundadores de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), presentó un proyecto de ley de sindicalización de las fuerzas de seguridad pública, que finalmente no prosperó. La iniciativa buscaba proteger al personal de sanciones por su decisión de agremiarse.
La Asociación de Abogados Laboralistas (ALA) de la Argentina expresó a través de su secretaria general, Mariana Amartino, que esa entidad no tiene una posición única al respecto, pero ratificó que en nuestro país no hay leyes que restrinjan la voluntad de sindicalización ni el ejercicio del derecho de huelga.
“El Convenio 87 y 98 de la OIT establece que la sindicalización de fuerzas armadas y policías queda a criterio de cada Estado nación”, señala Amartino.
Desde el Gobierno nacional ya anticiparon que no alentarán la sindicalización de agentes policiales, pese a las recomendaciones contrarias, entre ellas las de Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro carril transita el debate sobre si la representación de trabajadores policiales distiende la potencialidad de un eventual conflicto, como una huelga general. En este sentido, Matías Cremonte, de ALAL, sostiene que “en Uruguay y Brasil, entre otros países del continente, las experiencias de sindicalización son interesantes, porque evitan protestas armadas”.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
