El dispositivo local cerró el 18 de julio debido a que parte del personal dio positivo en la prueba de COVID-19. Desde la Asamblea Ni Unx Menxs Furilfche repudian el cierre y exigen la reapertura del servicio que brinda la dependencia para garantizar que funcione en algún lugar. La situación se agrava teniendo en cuenta los números de femicidios ocurridos en cuarentena.
Rio Negro figura en la lista de provincias con más femicidios del país en lo que va del año, según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Encabeza el listado Buenos Aires seguida por Santa Fe, Tucumán y Córdoba.
Más información aberrante se desprende de este informe elaborado a partir de relevaciones de medios gráficos y digitales de Argentina: en los primeros seis meses 162 mujeres murieron víctimas de la violencia patriarcal (81 desde que empezó la cuarentena), es decir, una cada 27 horas. En el 70 % de los casos, el hecho ocurrió en la vivienda de la víctima y el victimario fue en el 69 % de los asesinatos la pareja o expareja. Esto demuestra una vez más, que los escenarios más temibles y peligrosos son las propias casas de las mujeres.
Algunas se atreven a denunciar las violencias vividas y se les otorgan medidas de protección. Otras tantas no llegan ni a esas posibilidades. Algunos lugares cuentan con unidades específicas para recibir estas denuncias como Comisarías de la Familia o de la Mujer y otros se conforman con comisarias comunes, las más cercanas a los domicilios de las denunciantes.
En Bariloche, gracias al enorme trabajo de las organizaciones feministas locales y de una parte de la sociedad, se consiguió inaugurar una Comisaria de la Familia que en mayo de este año cumplió su cuarto aniversario. Si bien se aspiraba a contar con un espacio dedicado exclusivamente a la atención de mujeres, que abordara más allá de la violencia intrafamiliar, la noticia se tomó como un gran avance porque se entendía que sería un lugar con personal sensibilizado y capacitado para hacer frente a situaciones de violencias machistas.
Hoy el dispositivo ubicado en Vilcapugio 931 se encuentra cerrado, sin atención hasta nuevo aviso y sin recibir denuncias, según informaron a través de un comunicado desde la Asamblea Ni Unx Menos Furilofche. El motivo: el resultado positivo a la prueba de COVID-19 de dos personas que se desempeñan en el lugar. Es decir, desde el 18 de julio pasado, el personal capacitado para brindar contención y ayuda en estos casos no atiende las demandas de forma presencial.
“¿Es que acaso no se ve la importancia de este dispositivo a nivel social? ¿No existe la posibilidad de reemplazar al personal contagiado? ¿Llamar por teléfono para que nos atienda alguien en Viedma es una respuesta?”, se preguntan desde NUM Furilofche, al tiempo que “piden un Estado que responda como corresponde a la situación que lamentablemente, en tiempos de aislamiento sanitario, nos deja más desprotegides que nunca”.
“Claramente es una dificultad más que se nos suma a la hora de acercarnos a hacer una denuncia. Ya de por sí es difícil para la compañera hacerla y exponer su caso ante personas que no son de su confianza, en un entorno institucional”, reflexionó Azul, integrante de la Asamblea en diálogo con Al Margen. Continuó: “la respuesta que nos dieron desde la Regional Tercera es que las denuncias se pueden hacer desde las comisarias regulares y sino llamando a las líneas de atención de siempre, sobre todo al 911. Lo que pasa es que volvemos a foja cero prácticamente porque se vuelve a lugares donde el personal no está capacitado, donde las compañeras son revictimizadas otra vez, donde se exponen a otro tipo de violencia, que también se enmarca en el contexto de la violencia de género. Además, no sabemos si todas las comisarías están al tanto de esta situación. Cuando estaba funcionando la Comisaría de la Familia, te derivaban para allá. Ahora no se. Te hacen ir a un lugar, después a otro. Para la persona es muy agotador, se suma que no todas tenemos vehículos para movilizarnos. El cierre de la única comisaria con personal capacitado para abordar estas problemáticas nos deja sin muchos canales de denuncia”. Esto también nos invita a la reflexión: ¿se cumple la Ley Micaela hacia dentro de la Policía Rionegrina? ¿Por qué no existe personal capacitado en todas las dependencias policiales? ¿Cómo se atiende a la mujer que llega a la comisaría más cercana al domicilio? ¿Qué atención se le brinda?
Si bien el funcionamiento de la Comisaria de la Familia no era el “ideal”, según explicó Azul, porque los tratos “no eran del todo amigable. Incluso ha pasado de compañeras a las que no le han tomado la denuncia o que las derivan a la fiscalía”, existía más predisposición para atender estos casos que en otros espacios. “En cuarentena hubo algunos recortes de horarios y días pero venía funcionando igual”, contó la militante.
“Lo que más indigna es que año a año vamos viendo cómo se van recortando dispositivos. La línea 102, por ejemplo. No dejamos de lado la precarización en la SENAF con trabajadoras con contratos basura. Ahora esto. Cualquier excusa les viene bien para recortar presupuestos. Cada vez estamos peor. Pero esto viene del gobierno (provincial) anterior y que durante este se viene profundizando. No vemos que la cosa mejore y que haya una política realmente efectiva y consecuente con la gravedad de la situación”, opinó.
Consultada acerca de cómo se piensa seguir, dijo que “lo que se hizo fue canalizar la denuncia por redes. Estamos mandando cartas a distintos funcionarios tanto del poder judicial como del poder político. Esperamos tener una respuesta rápida. La verdad que nunca ha habido muy buen dialogo en general, casi ninguno. Esperamos tener algún tipo de respuesta y sino tomaremos alguna otra medida” porque “son espacios muy necesarios hoy en día y por los que hay que luchar para que sigan funcionando aunque aún falte mucho para hacer adentro de la institución”.
Por Luciana Avilés
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen
