Los movimientos populares recuperaron la iniciativa de implementar un instrumento que se discute en varias partes del mundo. Una aproximación a los posibles beneficiarios en Bariloche.
El mundo estalló. La Argentina es un campo de batalla donde los que más tienen pujan por conservar su riqueza y los que menos tienen se arrastran para sobrevivir. El plan de reconstrucción está en debate. Y uno de los instrumentos que analiza implementar el Gobierno, impulsado por organizaciones populares, es el salario universal. Un piso de ingresos garantizado por el Estado.
“La salida que se pensaba para nuestro país, basada en poder generar un shock de exportaciones, no tiene asidero en la realidad”, diagnostican en un documento entregado al presidente Alberto Fernández la UTEP, CTA Autónoma, Corriente Federal de Trabajadores, sindicatos de la CGT y La Cámpora, entre otros firmantes.
Argumentan que el mercado externo está deprimido y hay una demanda internacional en baja de shale gas (“la llave” de Vaca Muerta para el día después). Apuestan, por el contrario, a la recuperación del mercado interno, a través de un proceso de sustitución de importaciones.
“Tendría un rol imprescindible, como inductor de la demanda, un piso de ingresos de alcance universal equivalente al valor de una canasta de bienes y servicios, que permita reconocer como trabajo tareas que hasta el momento no han sido mundialmente reconocidas (como el cuidado de niños, adultos o el sostenimiento del hogar) y permita a un hogar superar la situación de pobreza”, dicen.
Señales oficiales
Lo que está en juego es si ese ingreso se universaliza de manera incondicional o se destina a una porción de la sociedad a cambio de algo.
Corina Rodríguez Enríquez, economista investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) que dirige Rubén Lovuolo, uno de los impulsores del ingreso universal en la Argentina desde los 90´, nos dijo que la condicionalidad tiene que ver con la meritocracia. Lo graficó así:
“Si bien quienes tienen altos ingresos no perciben AUH, desgravan en su declaración impositiva la tenencia de hijos. A cambio, el Estado no les exige que los vacunen o manden a la escuela. Es una diferenciación muy clasista”. Dijo, además: “Un ingreso de este tipo no puede ser política de emergencia sino de existencia”.
Enríquez cree en la universalidad de este tipo de políticas, que incluso redunda en los ricos. Dice que el mecanismo corrector para esa distorsión, es un sistema impositivo progresivo. Que pague más el que más que tiene.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo con cierta imprecisión días atrás a Página 12: “Hoy, pensar un ingreso universal implica vincularlo con el trabajo. No en términos de condicionalidades como estaba pensado por ejemplo el Plan Jefes y Jefas de Hogar, pero sí de vinculación con el trabajo. Mantendría la AUH y repensaría el resto en términos de un esquema de ingreso base“.
El resto al que hace referencia Arroyo, es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el Potenciar Trabajo, el nuevo programa de empleo que unifica todas las políticas laborales del Estado nacional, dentro de las que el Salario Social Complementario es la más importante.
Números nacionales y de Bariloche
Se sabe que en la Argentina existen alrededor de 6 millones de asalariados privados, 3 millones de trabajadores del Estado, 1,5 millones de monotributistas y 300.000 empleadas domésticas. Hasta el lanzamiento del IFE, no se sabía más nada. Al presentarlo, el Gobierno estimó que alcanzaría a 3,5 millones de personas no registradas. Sin embargo, se inscribieron para recibirlo doce millones. Es decir, hay 8,5 millones de NN en términos laborales.
Para poder tener una idea acabada de ese universo, el Gobierno lanzó el ReNaTEP: Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, al que pueden inscribirse online.
Casi 112 mil personas fueran beneficiadas con el IFE en Río Negro, un equivalente al 16% de sus habitantes. Si ese porcentaje se trasladara a Bariloche, podría concluirse que fueron alcanzados cerca de 20 mil vecinos. Por otro lado, se estima que no más de 800 barilochenses están encuadradas en el Potenciar Trabajo. Esta sería la base local sobre la que Desarrollo Social analiza implementar un ingreso universal.
Redistribución
La batalla que se libra en estos días en la Argentina, no es por la aplicación del ingreso universal, sino en cómo financiarlo. Si el lobby contra el aporte por única vez a las grandes fortunas logró retrasar (o detener) su tratamiento en el Congreso, podría imaginarse la capacidad de reacción a una política redistributiva de largo plazo.
Así como no hay precisiones sobre el total de personas que podrían ser alcanzadas, tampoco hay precisión sobre su costo fiscal. ¿Qué índice de ingresos se adoptará como piso? ¿La canasta básica total de INDEC, de $14.000? ¿La canasta familiar de los trabajadores del INDEC, establecida en $68.000? ¿El índice de la UCA?
“Suponiendo que los pobres no reciben renta del Estado, garantizarles un ingreso para que dejen de ser pobres implicaría 6 puntos del Producto. Para que los indigentes dejen de ser indigentes, 1 punto del Producto. Y en condiciones normales, donde los pobres tienen un ingreso, que dejen de ser pobres ameritaría destinar 3 puntos del producto”, nos contó Claudio Lozano, director del Banco Nación.
“Son magnitudes posibles. Mirá, en la Argentina 114.000 personas tienen patrimonios netos superiores al millón de dólares. Con una alícuota del 0,75% de Bienes Personales, se podría terminar con la pobreza”.
Por Pablo Bassi
Fotos: Euge Neme
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen
