Más de 80 trabajadores y trabajadoras de la fábrica bajo gestión obrera Cerámica Neuquén podrían perder su fuente de trabajo en medio de la emergencia sanitaria y social. Dialogamos con uno de sus trabajadores, Bernardo Retamales.
– ¿Cuándo comenzó este intento de rematar la fábrica?
– Nosotros hace dos años que estamos enfrentando este pedido de remate. Hace seis años que estamos como gestión obrera, en el 2014 la empresa se fue, abandonó la fábrica, las máquinas y a sus trabajadores. En ese momento emprendimos una ardua lucha que nos llevó como tres meses para tratar de conseguir una solución de fondo, que la empresa volviera. No lo logramos y decidimos gestionarla los trabajadores, luego sacamos la habilitación como cooperativa.
Pasado el tiempo, no hubo solución por parte de la empresa y había comentarios de que podía haber algún inversor pero nada de eso sucedió. Al contrario, lo que nos enfrentamos a principio del 2018 fue a un dictamen del Juzgado Laboral N°1 de Neuquén a cargo del Juez Cosentino de que el inmueble debería ser rematado por unos juicios laborales de ex trabajadores de la fábrica que decidieron hacer su pedido de sueldo adeudado e indemnizaciones. El representante de estos trabajadores, un abogado muy conocido en Neuquén que fue asesor del gobernador Jorge Sobisch y muy amigo de la patronal es el que hace el pedido formal de que la fábrica se debe rematar para que esos trabajadores cobren su reclamo.
Cuando nos encontramos con esa situación en el 2018, salimos a hacer una fuerte campaña en defensa de la fábrica y pudimos lograr que el Juez Cosentino generara una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, donde también participaba la parte del concurso. La fábrica desde el 2012 que está concursada y es al día de hoy que no tiene ningún tipo de movimiento ni resolución. En esa mesa quisimos buscar una solución integral para todos. Solamente fueron dos reuniones, en la segunda la empresa deslizó que volvería con una propuesta de la cual no tuvimos noticias.
El año pasado, pasadas las elecciones nacionales donde se veía que iba a haber un cambio de gobierno, aparece el martillero público que ya había sido designado en el 2018 para contactar el inmueble. Nosotros en ese momento no lo dejamos ingresar a la fábrica. Es el día de hoy que el Juez Cosentino volvió a darle autorización al Martillero para que se haga presente en la fábrica, esta vez con la fuerza pública y en el caso de que hayan individuos que no los dejen ingresar, la fuerza pública está autorizada a actuar.
Esto nos cambia el escenario, nosotros siempre estuvimos predispuestos a una reunión, vemos que los tiempos de la justicia no son los mismos que los tiempos nuestros y mucho menos los de la empresa. Creemos que la patronal no está haciendo nada para defender esto, tuvimos que salir nuevamente a la calle, a hacer la denuncia pública.
Somos una fábrica que está en funcionamiento, diseñamos un proyecto junto con un protocolo con esto de la pandemia que fue autorizado, nosotros dependemos del laburo en la fábrica. La verdad que ahora la justicia venga a querer rematar la fábrica es un crimen social. Con este contexto de crisis mundial, cerrar una fábrica y dejar a 80 familias en la calle es una locura.
– ¿Cuál es para ustedes la “excusa” de fondo como para rematar una fábrica que genera 80 puestos de trabajo? ¿Cuál es la postura del gobierno local?
– La fábrica era de un empresario que tenía mucha relación con el gobierno de la provincia y con la Cámara de Empresarios. En su momento, cuando él tenía la fábrica consiguió los créditos y subsidios para hacer una inversión grande de nueva maquinaria traída de Italia, hubo un record de producción. Empezó a generar deuda hasta que la concursó, no devolvió los créditos a ninguno de los bancos, dejó deuda de energía eléctrica, de gas, de AFIP, de los aportes de los trabajadores y muchas deudas a proveedores. Cuando salió dictaminado el concurso en el 2012, le perdonaba el 60% de las deudas que había generado y otro 40% lo empezada a pagar en dos años de gracia con una cuota semestral que rondaba los 50mil pesos.
En marzo de 2014, que tenía fecha firmada el primer pago de esa cuota a concursar abandona la fábrica sin ningún tipo de notificación. Cuando algunos de los trabajadores nos enteramos, fuimos a la fábrica, nos apostamos en los portones, estuvimos alrededor de 100 días buscando una salida, buscando que el gobierno nos atendiera. En ese momento, el gobierno solamente nos desviaba al Ministerio de Trabajo donde no nos daban ninguna solución. Pasado el tiempo, nosotros sentimos la necesidad de entrar a la fábrica, de ponerla a producir, necesitábamos recuperar nuestro trabajo y nuestro salario.
– ¿Cómo sigue esto?
– Esta semana, luego de una permanencia en el Juzgado, logramos que el jueves 9 el Juez Cosentino nos recibiera. Lo que nos dijo fue que el camino judicial no lo puede frenar porque hay una parte, que es la demandante, que le pide eso. Dio a entender que si se genera nuevamente esa mesa de diálogo, estaría dispuesto a ponerle un freno a esto.
Acá por el tema de la pandemia hay muchos sectores que están en reclamo, esencialmente el docente en defensa de la escuela pública. Hay mucha preocupación. Estamos en estado de asamblea permanente, midiendo las cuestiones de la pandemia, los protocolos y el cuidado individual. Le vamos a seguir solicitando al gobierno que la mesa se pueda reunir para llegar a una solución de fondo para mantener los puestos de trabajo.
Por Mariela Martínez y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
