El Congreso aprobó investigar la fuga de dólares de cientos de empresas durante el macrismo. Algunas podrían ser alcanzadas por un desactivado aporte obligatorio establecido en la Carta Magna de Bariloche para atender necesidades urgentes.
La comisión bicameral de control de deuda del Congreso aprobó este martes investigar la fuga de capitales de cientos de empresas entre 2015 y 2019. Un informe del Banco Central relevó que numerosas sociedades sacaron del país divisas mediante mecanismos legales e ilícitos por un total de 86.000 millones de dólares: una cifra aproximada al endeudamiento externo durante la presidencia de Mauricio Macri.
Muchas de esas empresas (telefónicas, bancos, petroleras) operan en Bariloche con domicilio legal en otra ciudad y facturan al año más de 100 millones de pesos: el piso establecido por el proyecto de ordenanza del Frente de Todos para obligarlas a realizar un aporte con fines sociales, previsto en la Carta Magna.
Viene a cuenta el plan que tiene el secretario de Hacienda local, Diego Quintana, para financiar parte de la crisis. En el diario Río Negro, anticipó que el Ejecutivo prevé vender tierras fiscales para la construcción de viviendas sociales a partir de obra pública en manos de cooperativas (una idea prevista, en verdad, en el Plan Federal de Vivienda). Además, proyecta una moratoria del 50% en el capital y del 100% en los intereses de la tasa municipal, y el pago por adelantado de los compromisos fiscales 2021 a valor 2020.
Por el contrario, varios distritos en la Argentina se propusieron implementar un sistema progresivo de recaudación. La municipalidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, incrementó la tasa de seguridad e higiene en un 50% para bancos y entidades financieras. En Lanús, el intendente Néstor Grindetti (Cambiemos) aumentó en un 30% la tasa municipal de contribuyentes que facturaron más de 50 millones de pesos en 2019 y no fueron afectados por la pandemia: bancos, empresas de internet y telefonía, industrias de alimentos, hipermercados.
El desenlace de un caso testigo mantiene expectantes a las fuerzas políticas. Se trata del impuesto a las grandes fortunas, cuyo tratamiento en el Congreso se dilata y su efecto pone sobre la mesa un debate: ¿Alcanza un gravamen por única vez a menos de 12.000 personas con patrimonios superiores a 200 millones de pesos? La expectativa de recaudación en el Gobierno oscila entre 3500 y 4000 millones de dólares. Algo así como 90 dólares por ciudadano o un poco más de dos IFE.
“Si queremos empezar a ver qué enseñanza nos deja la pandemia, es mostrar lo poco solidario que ha sido el país, que a 9 millones de personas no las registró”, dijo el presidente Alberto Fernández en relación a los beneficiarios del IFE, días atrás en conferencia de prensa.
A propósito, un interrogante: ¿Puede el Estado constituir políticas de solidaridad si no es redistribuyendo riqueza?
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
