La Argentina es escenario de una disputa por quién financia los efectos económicos de la pandemia. ¿Qué ocurre en Bariloche?
La riqueza es finita, como la frazada. Si alguien tira de un lado, el otro queda descubierto. La parábola grafica la disputa entre los que mucho y casi nada tienen en una Argentina económicamente deprimida.
El esfuerzo del Estado por sostener a las empresas que acuden a él en busca de algún plan es enorme: 188.000 firmas serán beneficiadas con el aporte del 50% del salario de 3.600.000 trabajadores. Una transferencia de ingresos ilesa de cuestionamientos.
Tampoco fue cuestionada –sobre todo en los medios de comunicación de oposición- la reducción de hasta el 25% del sueldo de los trabajadores acuarentenados. Un colosal esfuerzo para cualquier familia obrera, que contrasta con el lobby de quienes evitan gravar por única vez sus fortunas de más de 200 millones de pesos hasta en un 3,5%.
La economía de Bariloche también pone en escena esta tensión. Según el secretario de Hacienda, Diego Quintana, la recaudación de ingresos cayó al 20% por una menor coparticipación y la exención impositiva otorgada a comercios y empresas. ¿Algunas de ellas serán beneficiadas también con los millonarios aportes anunciados por el ministro Matías Lammens?
¿Quién paga?
Esta semana los concejales del Frente de Todos presentaron un audaz proyecto de ordenanza, que busca reactivar un fondo fiduciario establecido en la Carta Orgánica, para atender necesidades urgentes, con prioridad de niños, niñas, adolescentes y ancianos.
Se trata de un aporte solidario de empresas con domicilio legal, sede central o asiento principal de actividades fuera de Bariloche. “El criterio empleado para la inclusión de contribuyentes debiera fundarse en la presunción de menor intencionalidad de inversión en la ciudad”, dice el texto firmado por Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreyra.
El proyecto alcanza de manera escalonada a socios con facturación anual superior a cien millones de pesos: bancos de origen nacional y extranjero, cadenas de hipermercados y mayoristas, empresas de telefonía y telecomunicaciones, de logística, turismo estudiantil, transporte de pasajeros y cargas, entre otros.
Según los concejales, se podrían generar ingresos por más de 100 millones de pesos por año. ¿Acompañará el resto de los bloques la propuesta?
Por ahora, el Ejecutivo sólo dio señales de avanzar en una moratoria para contribuyentes, endulzada con la reducción de intereses y una baja en el capital adeudado. O en promover el pago anticipado de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene de 2021.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
