El latiguillo de las autoridades sanitarias es “ganar tiempo”, mientras se fortalece el sistema sanitario y la asistencia a los más humildes.
El Concejo Deliberante de Bariloche declaró ayer la Emergencia Económica, Social y de Servicio por 90 días. La ordenanza ofrece al Ejecutivo facultades delimitadas por la emergencia sanitaria decretada por el presidente Alberto Fernández y la gobernadora Arabela Carreras. En la Argentina, sólo una veintena de municipios adoptó esta decisión.
En concreto, el intendente podrá adquirir de manera directa bienes, servicios o equipamiento para combatir la pandemia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la municipalidad.
A pedido del Frente de Todos (FdT), se creará una Comisión de Seguimiento, integrada por un funcionario ejecutivo; la presidenta del Concejo, Natalia Almonacid; los presidentes de los bloques partidarios y del Tribunal de Contralor. Se “busca transparentar el uso de una herramienta de excepción otorgada al intendente para hacer frente a la emergencia sanitaria”, informó Julieta Wallace, presidenta de los concejales del FdT.
La oposición logró incluir también la readecuación de vencimientos y mecanismos de pagos fiscales y tarifarios, exclusivamente para los sectores afectados por las medidas restrictivas enmarcadas en la emergencia (gastronómicos, cervecerías, textiles y electrodomésticos, entre otros).
Por otro lado, ATE informó ayer que mantuvo una reunión con el director del Hospital Zonal, Leonardo Gil, quien le confirmó la incorporación de 11 médicos, 20 enfermeros y 25 trabajadores más entre genetista, técnico hemoterapista, administrativos, agentes sanitarios, generalistas, mucamas, personal de vigilancia y chofer de ambulancia. Además, según el sindicato, Gil se comprometió a rever el despido de cuatro personas.
Bariloche contaría aproximadamente con 30 respiradores, que son parte de los 8900 distribuidos en todo el país. El presidente Fernández aseguró horas atrás que intentará superar los 10 mil en las próximas semanas, provistos por China y empresas nacionales.
El exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein señaló en Infobae que un 2,5% de los contagiados podrían necesitar respirador. En ese esquema de 10 mil camas de terapia intensiva, el Gobierno estaría previendo 400.000 infectados, escenario que funcionarios sanitarios dejaron entrever off the récord como benévolo.
Otro elemento clave que determina el ritmo de contagio es la cantidad de reactivos. Por ahora, los 65.000 con los que cuenta la Argentina alcanzan para determinar si una persona está infectada y, de esta manera, aislarla rápido.
Para evitar la concentración de casos analizados, el Gobierno argentino adquirirá en las próximas horas 52.000 reactivos más. Sabe que la cantidad hizo la diferencia entre China e Italia, Alemania y España. Parte de esos reactivos llegarán a laboratorios de Bariloche, Roca y Viedma, evitando, de esta manera, el tiempo perdido en viaje al Instituto Malbrán, en Buenos Aires.
“Ganar tiempo” es el latiguillo que por estas horas repiten las autoridades sanitarias. En este sentido, la decisión oficial fue fortalecer el aislamiento preventivo y obligatorio, para evitar que el virus circule en la calle. Un esfuerzo solidario al que los sectores asalariados no debieran renunciar.
Al menos un 35% de los trabajadores sumergidos en la informalidad y la pobreza buscan la asistencia del Estado y de sus héroes anónimos: hombres y mujeres de organizaciones sociales, que garantizan el plato de comida diario en las barriadas populares.
Por Pablo Bassi
Fotos: Euge Neme
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
