Se trata del proyecto de ordenanza presentado el lunes por el Frente de Todos y el PUL.
Movimientos populares, centrales obreras, fundaciones y juntas vecinales de Bariloche exigieron la aprobación de la Emergencia Habitacional 2020: el proyecto de ordenanza impulsado por el Frente de Todos y el PUL, que prevé acciones inmediatas con un presupuesto de $100 millones de pesos.
El texto, impulsado por la Mesa de Tierras y presentado por Julieta Wallace, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, declara la emergencia habitacional por un año, suspende las acciones tendientes al desalojo de ocupaciones de tierras y crea una mesa de resolución alternativa de conflictos.
“Este proyecto es resultado de un trabajo colectivo que busca dar respuesta a una emergencia”, señaló Julieta Wallace durante la presentación. “Bariloche necesita al menos 10 mil soluciones habitacionales: un problema que no puede resolverse penalizando las acciones de personas en situación de necesidad”.
“Queremos trabajar con todos los bloques que integran el Concejo municipal y delinear una política pública de hábitat para la ciudad, que marque el camino del reconocimiento del derecho humano fundamental a una vivienda digna a todos los barilochenses“, agregó la concejala. La UTEP, CTA de los Trabajadores y Fundación Gente Nueva encabezan el pedido.
Emergencia Habitacional 2020 prevé tres ejes: el primero, vinculado a los dos mil lotes sociales en ejecución, en algunos casos con hasta diez años. El proyecto establece una auditoría que oriente las gestiones para su finalización y entrega definitiva.
El segundo, relacionado con la integración sociourbana, propone la inscripción de mil actas de escritura enmarcadas en la ley Pierri y la elaboración de proyectos de subdivisión e infraestructura para mil hogares. También crea un fondo rotatorio para microcréditos de asistencia a la auto construcción de viviendas. Son alrededor de 3500 los hogares en barrios con problemas de regularización dominial y acceso a servicios básicos.
Por último, plantea la actualización del listado público de demandantes habitacionales (que oscila en seis mil pedidos) y la elaboración de una nueva operatoria de lotes sociales para 500 hogares.
Para financiar el programa, el proyecto prevé la reasignación de partidas presupuestarias para dotar al Fondo Municipal de Desarrollo Urbano de un total de 100 millones de pesos, lo que representa el 2,73% del presupuesto municipal.
“Respetuosos de las disposiciones sanitarias que buscan contener y mitigar la pandemia de coronavirus en la ciudad y el resto del país, no vamos a convocarnos al Concejo Municipal”, expresaron en un comunicado. “Pero esta situación no puede habilitar a los concejales, especialmente del oficialismo, a desoír el reclamo de miles de familias que están esperando una decisión política que garantice su derecho a una vivienda digna”.
Quienes sumaron su ahesión fueron Mesa de Tierras, UTEP, MTE, Vía Campesina, CTA de lxs Trabajadores Regional Andina, Frente Barrial de la CTA de lxs Trabajadores Regional Andina, FTV Bariloche, Fundación Gente Nueva, Equipo de Tierras Virgen Misionera, Comisión de Tierras Barrio 10 de diciembre, Junta Vecinal Villa Llanquihue, Junta Vecinal Arrayanes, Junta Vecinal Villa Lago Gutiérrez, Junta Vecinal 3 de mayo, Junta Vecinal Pilar I, Vecinos Valle Azul, Mesa de Trabajo Barrio Nueva Jamaica, Barrio Alun Ruca – Comisión de Seguimiento (Cecilia Betancourt, Miriam Hernández, Leticia Inalaf, Cristina Calfin, Alberto Zelaya, Teresa Dunas, Laura Rodríguez), Barrio Don Bosco, Barrio Nuestras Malvinas, Barrio Argentina (San Fco IV), Barrio Manzana Hueney, Cooperativa de Vivienda La Pionera Patagónica, Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Graciela Belli, Bibiana Stuke, Arq. Mariel Trigos, Tomás Guevara (CIETES-UNRN).
Redacción
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
