Tierras, donde castigo mata derechos

En los últimos días se registró una decena de ocupaciones de terrenos en Bariloche. La Justicia respondió con desalojos, mientras la gente espera una solución que no llega.

 Esta semana, un grupo de fiscales acusó a más de 30 personas de usurpar lotes municipales en San Francisco IV, Vivero y Omega. Uno de ellos, es un terreno mallinoso que los vecinos le llaman el zanjón: en invierno se inunda de modo tal, que es imposible levantar allí una casa. Los jueces actuaron rápido con órdenes de desalojo.

 En un encuentro reciente de organizaciones vecinales, se informó que unos dos mil loteos llevan más de diez años de ejecución. Por ejemplo, en los barrios Las victorias 110 lotes, Valle Azul, Altos del Este, Frutillar norte, Abedules. El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda (IMTVHS) reconoció un registro con más de 6 mil solicitudes.

 En Bariloche se necesitarían alrededor de 10 mil nuevas viviendas, según el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro (CIETES-UNRN). El 70%, a causa del hacinamiento.

 A diferencia de las tomas de tierras del 2006 y 2007, no existe ahora una organización social extendida que las promueva. Más bien, se trata de un puñado de familias que se arroja incómoda a un futuro incierto. En varios medios quedó registrada la voz de sus protagonistas.

 “Habíamos hecho un pedido en Tierras, pero llevamos años sin respuestas”, dice Cecilia.

 “Vivo en una de las tres casas de un lote pequeño. La convivencia es un problema”, se excusa Yamila.

”, reconoce otra mujer.

Acudir al meritocrático mercado inmobiliario para escapar de esta situación en tiempos neoliberales es como ingresar a la boca del lobo. En el Frutillar un lote puede costar 30 mil dólares, y los alquileres promedio de dos ambientes en algún punto de la ciudad no baja de los diez mil pesos.

 “La dinámica económica durante el anterior gobierno kirchnerista generó un auge de la actividad inmobiliaria y un incremento de las viviendas en calidad de activos financieros que, al no ser acompañado por políticas de regulación de los mercados del suelo y la vivienda, desató una fuerte valorización inmobiliaria capitalizada por el sector privado”, explica Pablo Marigo, dirigente de la UTEP (MTE CTEP).

 “En ese marco, todas las políticas de vivienda tuvieron un objetivo más bien económico y de empleo que de resolución del déficit habitacional en términos integrales, generando una mayor presión sobre los suelos disponibles. El resultado es que se estiró aún más la brecha entre salario y precio del metro cuadrado”, agrega.

 La precariedad habitacional quedó expresada en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABP) impulsado por el Estado argentino, ONG y movimientos sociales, de la cual Marigo fue referente. En 2018, cuando el Senado aprobó la ley de integración urbana, la ciudad contabilizó en 28 barrios casi 3600 hogares sin regularización dominial o con servicios esenciales incompletos (agua, luz o gas).   

 Esta realidad es engrosada desde el municipio: semanas atrás, Al Margen informó, a modo de ejemplo, sobre la cesión de terrenos fiscales sin urbanizar a un grupo de trabajadores del Estacionamiento Medido. La urbanización dependerá de ellos.

 Gustavo Genusso, intendente municipal, ofreció como señal en medio de las tomas la difusión de un encuentro con la titular del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Inés Pérez Raventos, y su par local, José Mella. Del encuentro se difundió las tratativas iniciadas para acelerar la aplicación de la ley Pierri, que rige aquí desde septiembre de 2017.

“Seguimos atentamente este tema. No avalamos la forma. No es el camino. Hay muchos vecinos que esperan pacientemente, se anotan y van obteniendo respuestas y otros vecinos que generan estos inconvenientes”, señaló la gobernadora Arabela Carreras.

 “El Estado municipal se encuentra completamente desbordado, sin ninguna capacidad para dar respuesta a la demanda de corto y mediano plazo. El escenario en la materia es crítico”, dijo en tanto la presidenta de concejales del Frente de Todos Bariloche, Julieta Wallace.

 Como aporte a la descompresión del conflicto, Wallace solicitó que el instituto presidido por Mella convoque al Consejo Social de Tierras: una salida multisectorial con exitosa experiencia constituida en 2007 y luego disuelta, de la que ella formó parte y, también, Gustavo Genusso como dirigente vecinal.

Por Pablo Bassi

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen