Finalmente, no se dio tratamiento a la reforma del Código de Tierras Fiscales en Río Negro, iniciativa impulsada por el oficialismo. Se estima que se debe al rechazo generalizado de diferentes sectores, especialmente de pueblos originarios. Conversamos con el legislador Jorge Vallazza, del Frente de Todos, al respecto.
Hoy, en la última sesión de las comisiones de la Legislatura provincial, estaba previsto que se abordara el proyecto que busca reformular el actual Código de Tierras en Río Negro. Esta era (y es) una iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck, quien en diálogo con un medio regional días atrás, había anticipado la noticia. Su intención era que los y las legisladoras que integran la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo aprobaran la reforma, para así convertirla en ley una vez que ingresara al recinto, ya que allí cuenta con mayoría parlamentaria.
Desprolijo por donde se lo mire. Por un lado, porque los y las diputadas provinciales que son quienes finalmente toman las decisiones, se enteraron de esa manera, al escuchar las declaraciones del mandatario. A muchos y muchas, la novedad los y las tomó por sorpresa. Por supuesto que nos referimos a quienes conforman la oposición, ya que quienes integran el bloque oficialista estaban dispuestos a dar el ok, seguramente. Y por otro, porque no se conoció una propuesta distinta a la presentada allá por el 2016. Vale la pena recordar que en aquel momento, cuando se hizo el primer intento de modificar la Ley de Tierras Fiscales, llovieron las quejas y reclamos de distintos sectores de la sociedad que estaban en desacuerdo con los principales puntos propuestos. Es más, aún circulan con fuerza esas imágenes de la movilización masiva que hubo en Viedma hace 3 años atrás, organizada por pueblos originarios. En aquel momento, miles marcharon por la capital rionegrina diciendo NO a un proyecto que atentaba contra sus naciones.
El asunto es que esta idea del gobernador, solo quedó en eso: en una idea, ya que finalmente sus intenciones no prosperaron y el proyecto no ingresó a la Legislatura. ¿Por qué? No se sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente ocurrió, pero lo que sí se sabe es que apenas se empezó a agitar el avispero con esta información, las comunidades indígenas y la sociedad en sí, se pusieron en alerta. El rechazo fue masivo.
De todas formas, es necesario que se empiece a debatir y a hablar (de una vez por todas) de la necesidad de una modificación de esta ley, la 279, que es muy antigua, que data del año 1961, y que por lo tanto necesita ser actualizada. Así lo planteó el legislador del Frente de Todos, Jorge Vallazza, en diálogo con Al Margen. “Hay que actualizarla porque regulariza la situación de muchos pobladores que necesitan tener el título de propiedad o están en una situación precaria en relación a la tenencia de la tierra”.
Son varios los puntos cuestionables del proyecto que anda circulando. “Lo primero y principal, es que para elaborarlo no se consultó a las comunidades de los pueblos originarios y son los principales involucrados porque son los que habitan en estas tierras. Es más, en la ley casi ni se los nombra. Pero no solamente a ellos, se debería haber hecho participes también a pobladores rurales, productores y diferentes actores que son protagonistas en todo esto”, dijo Vallazza y continuó: “es violatoria de leyes nacionales que justamente invitan a que, para definir el destino de tierras que son fiscales, fundamentalmente se de participación a sus pobladores”.
A todo esto se suma, la existencia de una ley nacional, la 26.160 de relevamiento territorial, que implica conocer quién reside en qué zona. “Eso en Río Negro aún no está finalizado. Tener bien en claro quién habita en cada porción del territorio, es una condición anterior a que se modifique la ley”, sostuvo el legislador.
– ¿Hay más puntos cuestionables en este proyecto?
-Sí, voy a mencionar tres que me parecen los más relevantes. Uno es que la vieja ley plantea que la tierra es para quien la habite y la trabaje. En esta nueva se agrega la figura de “sus dependientes”. Esto quiere decir que podrán presentarse diferentes figuras legales, jurídicas, empresas, sociedades anónimas que podrán disponer de las tierras fiscales para emprendimientos productivos y que podrán permitir que en esas tierras vivan o habiten sus empleados. Esto cambia sustancialmente el espíritu de la vieja ley.
El segundo punto también cuestionable es que la vieja ley dice que el uso de esta tierra es para actividades ganaderas, pastoriles, agrícolas o forestales y este nuevo proyecto lo abre a emprendimientos mineros, energéticos y de turismo. Y eso también es un tema a debatir: qué tipo de proyecto minero, qué tipo de proyecto turístico, qué tipo de proyecto energético. Porque hay una amplia gama y eso implica también que antes se haga un ordenamiento territorial. Es decir, que se diga si es conveniente o viable determinado tipo de proyecto y no otro.
El último punto es que la antigua ley a pesar de ser una ley que ya tiene 50 años, invitaba a que la autoridad de aplicación fuera el Instituto de Promoción Agraria que lamentablemente nunca se llegó a crear. La idea era que el gobierno estuviera representado allí pero también otros sectores como productores o las sociedades rurales. Obviamente que también entidades que representen a los pueblos originarios. La nueva ley no dice nada de eso. Por el contrario, le da el carácter de autoridad de aplicación simplemente al Ministerio de Gobierno. Entonces sería un funcionario del Ejecutivo el que tiene la autoridad de administrar esos 5 millones de hectáreas que representan las tierras fiscales rionegrinas, que no son ni más ni menos que un cuarto de la provincia.
Esto iba a ser abordado hoy. Sin debate. Presentado a último momento, sobre el final de una gestión, ya que a partir de diciembre asume la gobernadora electa Arabela Carreras. Esto estuvo a punto de ser aprobado en Río Negro. Están en juego millones de hectáreas. “Nos parecía que era improcedente y preocupante que una cuestión tan importante se tratara así”, opinó Vallazza. “No hay dudas que se tiene que hacer la mejor ley que exista en relación a tierras, porque tenemos malos ejemplos de tierras fiscales vendidas a precio vil, malos ejemplos de extranjerización de la tierra. Todo esto lo venimos padeciendo en esta zona. Pero sabemos que esto va a llevar un tiempo porque va a implicar las voces de los pueblos originarios, de los productores, de las cooperativas rurales, de los municipios que están en tierras fiscales”.
Finalizó: “bienvenida sea la participación ciudadana, democrática, pacífica y pluralista porque ojalá que esto haya hecho entrar en razón al oficialismo y por eso hayan retirado la propuesta. Yo creo que sí. Que fue por el rechazo, principalmente de pueblos originarios, que se dio marcha atrás.”
Por Luciana Avilés
Equipo de comunicación Popular Colectivo al Margen
