Se rechazó la impugnación de la medida cautelar y la incompetencia de la justicia provincial. Los fundamentos del dictamen siguen estando del lado del derecho occidental.
La audiencia fue corta y categórica. El juez Burgos comunicó su resolución y la abogada defensora respondió con un pedido de reserva extraordinaria.
El magistrado sostuvo la posición del juez Pichetto y rechazó el pedido de impugnación presentado por la abogada que requería la revocación de la medida cautelar de desalojo forzado y expresaba la incompetencia de la justicia provincial. La decisión del magistrado interpretó que el derecho indígena no era aplicable a la comunidad Buenuleo, puesto que dicha comunidad no posee la aceptación formal por parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).
En la audiencia anterior Pilquiman, coordinador del parlamento mapuche, dejó constancia de que la carpeta técnica que evidencia el relevamiento del territorio tradicionalmente ocupado por la comunidad se encuentra en su etapa final. Y advirtió que el parlamento mapuche hizo todo lo posible para acelerar el trámite, -siendo este uno de los primeros relevamientos en la zona-, pero que la demora de los tiempos de la justicia está condicionada por el poder político.
En una entrevista con la abogada defensora, ella explicó que el territorio en cuestión fue relevado -que solo falta la firma del ejecutivo-, y por lo tanto está sujeto a la ley 26.160 que suspende el desalojo de las comunidades de los territorios relevados en todo el país. Por este motivo pidió una reserva extraordinaria considerando que esta resolución infringe normas de orden público que se enmarcan dentro de la constitución nacional y de los tratados internacionales.
También hablamos con Deolinda Buenuleo, directora de Wallkin Tun TV e integrante de la comunidad, quién enfatizó la disparidad en los tiempos para responder a las diferentes denuncias: “La ley no es pareja, ya tuvimos dos audiencias presentadas por la querella pero la justicia todavía no respondió a la denuncia por la violencia ejercida por los matones de Friedrich.”
La defensa tiene cinco días hábiles para presentar la reserva y evitar el desalojo.
Ahora la decisión está en manos de los jueces de Viedma.
Por Verónica Battaglia
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
