Los movimientos sociales presentaron un plan nacional de integración urbana por 27 mil millones de dólares a 12 años. En Bariloche beneficiaría a 8 mil personas
La Mesa Nacional de Barrios Populares presentó días atrás un Plan Nacional de Urbanización. Lo hizo con la participación de dirigentes sociales y políticos opositores y oficialistas. Entre inversión y gastos corrientes serían necesarios 26.913 millones de dólares a 12 años. Un número equivalente a la mitad del préstamo del FMI, las divisas fugadas en 2018 o la liquidación que prevé el campo para los próximos meses.
El proyecto es, en definitiva, una propuesta de cómo ejecutar la ley sancionada en julio pasado que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras donde se asientan en Bariloche cerca de 8 mil personas sin título de propiedad o sin servicios esenciales, habitantes de al menos 3600 viviendas distribuidas en 28 barrios de la ciudad.
Más de 13.000 mujeres y hombres se involucraron en este relevamiento realizado por la CTEP, Barrios de Pie, CCC, la ONG Techo y Cáritas. En la presentación escuchaban atentos los dirigentes Esteban Castro y Juan Grabois de la CTEP, el camionero Pablo Moyano, Ricardo Peidro de la CTA Autónoma, el senador Pino Solanas y el candidato a diputado nacional por Patria Grande Itaí Hagman, entre otros. También oía en primera fila Nicolás Massot, presidente de la bancada Pro en la cámara baja.
“Es una plataforma que sirve como herramienta para un programa de gobierno”, señaló a Al Margen Lila Calderón, referente del movimiento popular La Dignidad y el Foro por Tierra y Vivienda de Río Negro, y representante de la provincia en la Mesa Nacional de Barrios Populares.
“En Río Negro son 152 los barrios relevados: el número más alta de las provincias patagónicas”, señaló Calderón.
En todo el país son 4 millones las personas que habitan estos territorios donde el 99% de los hogares no tiene gas natural, el 98% no accede de manera formal a la a la red cloacal, el 91% al agua corriente y el 70% no está conectado a la red formal de energía eléctrica.
La mitad son niños y en el 65% de los hogares las responsables son mujeres. Lo mismo ocurre en el 85% de los hogares monoparentales y, sin embargo, sólo en el 30 % ellas perciben remuneración por su trabajo, mientras que entre los varones la cifra asciende al 79%.
Si se llevara a la práctica, el plan nacional priorizaría a la Patagonia en las tres etapas que dispone. Además de garantizar agua, gas o luz, prevé asfaltado, recolección de basura y acceso a redes de telecomunicación, créditos de mejoramiento y ampliación para ejecución de obras, como así también la posibilidad de adquirir artículos para equipar las viviendas.
“Queremos que las obras que se realicen sean aquellas que apunten a generar reformas estructurales para los barrios y tengan como contrapartida la inclusión de los trabajadores de la economía popular en su realización”, dijo Calderón enfatizando el artículo de la ley que obliga al Gobierno a que las obras sean emprendidas en un 25% por cooperativas de la economía popular.
En un plazo indeterminado, la ley establece que el Estado nacional debe tasar las tierras y los privados negociar o litigar en el juicio de expropiación, mientras que las provincias y municipios firmarán, seguramente, convenios de cooperación con el Estado. Se calcula que el 60% del territorio está en manos privadas, el 15% pertenece a administraciones provinciales y el 20% a municipales.
El criterio adoptado como barrio popular fue el de ocho familias agrupadas o contiguas, cuya mitad de población no tenga título de propiedad ni acceso al menos a dos de tres servicios básicos (agua corriente, cloaca y energía eléctrica con medidor en domicilio).
Desde agosto de 2016 se registraron en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) 4228 barrios, equivalente a 853.000 familias, 3.500.000 personas y 420 kilómetros cuadrados, lo que es igual a la dimensión de dos Bariloche.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
