Mediante un decreto, el Gobierno Nacional allana el camino para el desarrollo de proyectos privados dentro de las áreas protegidas de los 19 parques nacionales.
Una nueva alerta sume a los Trabajadores de Parques Nacionales, y a la comunidad toda. Es que mediante el decreto 368/19 firmado por Mauricio Macri se modifica el artículo 6 de la Ley 22351 de Parques Nacionales, quitándole al organismo la autoridad de autorizar o no construcciones turísticas dentro de los parques y dándole esa potestad a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de Nación, que conduce el Rabino Sergio Bergman. Así, una vez más, el Gobierno avanza sobre las facultades del Estado y pone la Ley a disposición de intereses particulares, abonando negocios privados en zonas protegidas.
“Es muy llamativo. Este decreto tiene sentido si se lo interpreta junto al programa Oportunidades Naturales -una convocatoria para inversores privados que se presentó por adelantado en noviembre del año pasado en Londres- para la construcción y concesión hasta por 30 años de infraestructura hotelera y gastronómica, como Glampings, Cabañas y Hosterías en las áreas naturales protegidas. De alguna manera este decreto allanaría el camino para esa convocatoria”, dice Raúl Romero, delegado de ATE en del Parque Nacional Nahuel Huapi, quien alerta sobre el avance dentro de las 19 áreas protegidas.
“Hasta ahora, cuando no quedaba otra que construir en la reserva, el Parque Nacional hacia todos los estudios ambientales y presentaba el proyecto singular para que se haga una excepción y el Ejecutivo autorice por decreto singular, de modo que se inicie la licitación para luego construir determinado servicio”, detalla.
Así lo establece el artículo N° 6 de la Ley 22351 de Parques Nacionales: “La infraestructura destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales se ubicará en las Reservas Nacionales. De no ser posible prestar desde éstas una adecuada atención, la que se sitúe, con carácter de excepción, en los Parques Nacionales se limitará a lo indispensable para no alterar las condiciones del estado natural de éstos. A tales fines y siempre que resulte justificado en virtud de un interés general manifiesto, el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la Administración de Parques Nacionales que exprese que no significará una modificación substancial del ecosistema del lugar, podrá acordar, mediante Decreto singular, autorización para construir edificios o instalaciones destinados a la actividad turística, y, en tal caso, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar -con todos los mencionados recaudos- concesiones de uso, de hasta treinta años.”
Sin embargo, explica Romero, ahora el Ejecutivo delega este artículo en la Secretaría de Ambiente, que podría autorizar la instalación o infraestructura turística, acortando mucho el trámite y quitándole facultades a Parques Nacionales.
“Cuando salió Oportunidades Naturales había como 37 proyectos para implementar en Parques Nacionales, pero no lo podían implementar porque la ley de Parque Nacionales lo prohibía. Esto es lo que creemos que quieren allanar, quitándole la potestad y facultades que tenía Parques para hacer los estudios. Pero además, históricamente decimos que la infraestructura, el equipamiento, los servicios, en su gran mayoría se tienen que instalar en la comunidad local para fomentar el desarrollo regional. El proyecto de los glamping, por ejemplo, es para muy pocas personas, de gran elite”.
Por eso señala el doble impacto de estos proyectos que se quieren lanzar, por un lado el económico, ya que no participa la comunidad local ni están en el plan de manejo, y por el otro la integridad ambiental. “Si implementas un proyecto en el área de la reserva natural corrés el riesgo de que haya fragmentación ambiental, contaminación, líquidos cloacales, tenés que abastecer de energía, todo lo que no está pensado para esta área natural, además del peligro de incendios que conlleva instalar infraestructura en lugares alejados de las aéreas urbanas”.
Lo cierto es que este nuevo y polémico avance preocupa de norte a sur y las expresiones ya se han hecho oír desde distintos espacios. En Misiones, también se manifestó la Fundación Amigos de los Parques que ya anticipó que impulsará una acción de amparo para declarar inconstitucional la norma presidencial. “Este decreto anula la autoridad que tenía la Administración de Parques Nacionales y también deja fuera de competencia a todo el personal técnico y capacitado de este organismo, como los biólogos que realizan informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretenden realizar”.
Así, son varias la ONG que se han manifestado en contra no sólo por el carácter inconstitucional del decreto sino porque también desafectan a los profesionales del Estado sobre su razón de ser: la preservación de la fauna y la flora.
El rechazo general vuelve a señalar el desmantelamiento de la Administración de Parques Nacionales, que ya viene sufriendo la falta de inversión y la precarización de sus trabajadores, para avanzar con los negocios.
Así lo expresaba también en Río Negro el coordinador de ATE en organismos nacionales, Rodrigo Vicente: “Esta es una nueva infamia del presidente Macri. Se pone a jugar con la soberanía territorial para beneficio de sus capitales amigos, encareciendo el acceso de todos los argentinos a nuestras áreas protegidas”, dijo y apuntó que bajo eufemismos como “plan de modernización del Estado”, “simplificación”, “desconcentración” y “celeridad”, el Gobierno nacional “busca abrir el juego a negociados sin el control técnico de la APN sobre su impacto ambiental”.
Por Violeta Moraga
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
