Mediante la resolución 276 firmada por el secretario de Energía Gustavo Lopetegui y publicada el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional adjudicó 18 áreas del Mar Argentino a capitales extranjeros para su exploración, con miras en los hidrocarburos y la pesca. Las concesiones son un grave daño a la soberanía nacional.
El primero de octubre del año pasado el gobierno que encabeza Mauricio Macri abrió a través del decreto 872/2018 el Concurso Internacional Costa Afuera de áreas offshore de la plataforma continental argentina. Se establecieron así 38 bloques a licitación que abarcan tres cuencas: la cuenca argentina, a la altura de la provincia de Buenos Aires, la cuenca Malvinas oeste, al oeste de las islas y la cuenca Marina Austral, en el extremo sur de la Patagonia.
Finalmente, estos bloques fueron licitados el 16 de abril pasado y este viernes, a un mes de la apertura de sobres, se oficializó la adjudicación de 18 permisos de exploración sobre estas áreas, por un total de 718 millones de dólares que el Estado argentino recibe de los cánones y bonos cobrados a los consorcios de empresas adjudicadas en razón del derecho de entrada que tienen estos consorcios para comenzar explorar. El hecho constituye un grave atentado a la soberanía en áreas sensibles del Mar Argentino, y entrega por un mínimo de 8 años parte del territorio nacional. El hecho es denunciado desde distintos sectores y el municipio de Río Grande ya presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia para “frenar el beneficio a empresas extranjeras vinculadas al ilegítimo gobierno británico en Malvinas”.
“Estamos hablando de la entrega a un puñado de empresas de capitales extranjeros de espacios a mar abierto, a altísimas profundidades, donde la explotación es muy comprometida y riesgosa desde todo punto de vista, fundamentalmente en referencia a lo ambiental”, dice Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y señala la falta de estudios de impacto ambiental.
“Hay que analizar qué recursos puede poner la Argentina en un futuro gobierno para frenar este desastre. Esto se hace en el marco de una decisión deliberada del Gobierno argentino de hacer concesiones a los interese británicos en Malvinas, y en el Atlántico Sur en general, sobre recursos hidrocarburíferos y pesca. En el plano estratégico, Argentina no debió haber tomado esta decisión de ninguna manera, teniendo en cuenta que tenemos un actor que tiene ocupación colonial y que ha hecho una fortaleza militar de Malvinas y que está dispuesto a extender sus derechos producto de esa usurpación”.
Cabe destacar que entre las ganadoras –a las que se adjudican cinco áreas de la Cuenca Malvinas Oeste- se encuentra la firma británica Tullow y la noruega Equinor. La primera es denunciada por operar ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y la noruega por tener dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, que también trabajó para Tullow. Son algunas de las irregularidades que deja ver este tratado que entrega el mar argentino.
De esta manera, Gustavo Lahoud señala cómo el gobierno en vez de consolidar una estrategia multilateral de presión diplomática sobre Gran Bretaña e imposibilitar los actos unilaterales, remueve los obstáculos que existen y adjudica territorios con repercusiones geopolíticas fundamentales.
“Se entrega soberanía en un área tan sensible como las Malvinas y en un contexto donde la Argentina no tiene capacidad de proyectar su presencia en el mar, porque no tiene medios para hacerlo ni posibilidad técnica para operar”.
También indica como punto grave del decreto 872 que establece en su artículo 3 la prórroga de jurisdicción “a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”. Es decir, Argentina cede soberanía jurídica ante cualquier circunstancia que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudicadas las áreas. “Este elemento dañino reproduce lo que hemos visto en otros actos que hace el Estado, como la contratación de deuda, por ejemplo. Siempre terminamos cediendo la soberanía ante una controversia”.
Este escenario también fue denunciado el viernes por la CTA rionegrina, que señaló la decisión irresponsable del gobierno de Mauricio Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente claves de nuestro territorio. “Se están rifando al mejor postor nuestros recursos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro.
De de esta forma, deja en evidencia que el nefasto acto que se concretó el viernes con la adjudicación a estas empresas, constituye un deliberado accionar que debilita y destruye los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Por Violeta Moraga
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
