El presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén anticipa un nuevo frutazo en Plaza de Mayo y explica por qué, lejos de reactivarse, la economía regional muere lentamente.
Productores de manzanas y peras del alto valle junto a los de mandarinas y naranjas de Entre Ríos regalarán este martes en Plaza de Mayo 40.000 kilos de fruta para visibilizar un negocio que no cierra: invertir 12 pesos por kilo, cobrar 6 y que los consumidores paguen 75.
“El precio de producción ronda los 26 centavos de dólar y al productor le quedan sólo 14 centavos. ¿Por qué? Porque insumos como los agro químicos aumentan en dólares y porque las retenciones las tenemos que pagar nosotros, no el empresario que exporta”, nos cuenta Sebastián Hernández, de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.
Hernández preside a 1800 hombres y mujeres que tienen chacras de 10 o 15 hectáreas y concentran la mitad del área cultivable en el alto valle. El resto se encuentra en manos de 32 empresas agrupadas en la CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados), que cada vez concentran más tierra, determinan el negocio y definen los precios.
Días atrás, en una entrevista concedida al diario Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck reconoció que el “tema pendiente” en su gestión que culmina el próximo 10 de diciembre, luego de ocho años, habrá sido la fruticultura. No pudo revertir ni lograr que el Gobierno nacional revierta la agonía de una economía regional que hace 20 años contaba con 9 mil productores.
Desde enero pasado, la Federación inició gestiones ante el ministro de Producción Dante Sica por un aporte de 1,5 pesos para levantar la cosecha. También solicitó declarar la emergencia económica –que tiene media sanción del Congreso y le permitiría obtener ciertas exenciones y moratorias impositivas-, elevar el mínimo no imponible y reducir las retenciones con las que el Estado recauda 1500 millones de pesos. Hubo respuestas a medias.
“Este año un 35% de la producción no se cosechó porque no se pudo vender, porque no hubo demanda. Uno podría cosechar la fruta no vendida y guardarla en un frigorífico para poder venderla más tranquilo. Pero el productor necesita contar con financiamiento para otras prioridades como levantar la cosecha y pagarle a la gente”, dice Hernández.
El dirigente describe uno de los mecanismos de sometimiento al productor necesitado de financiamiento: las grandes empresas otorgan adelantos mediante contratos que fijan un valor mínimo en dólares de lo que podrían estar recibiendo, aunque para conocer el número final deban esperar doce meses.
“Este Gobierno habla de un libre mercado que ya sufrimos, y por eso le pedimos que intervenga. Sin el producto no se mueve la caja, el transporte, el papel sulfito, el cartón, la bandeja, no gana el mercado, el supermercado, la verdulería. Cada día hay menos productores, se está generando una concentración de cuatro o cinco grandes empresas que se quieren quedar con la producción del valle y dejan sus capitales afuera. El libre mercado no funcionó en la fruticultura”, señala Hernández.
Las empresas a las que hace referencia son familiares pero grandes, que empezaron comprando fruta al productor y ahora ellas la producen. Otras, como las multinacionales Moño Azul o Expofrut, no están más en el negocio, dice Hernández, porque no les resulta redituable.
El promedio de edad de los productores ronda los 65 años, y no hay recambio generacional para ellos, porque los jóvenes prefieren migrar en busca de un futuro mejor.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
