La militante sindical y de derechos humanos apela hoy su procesamiento por la realización de un supuesto grafiti y denuncia tareas de espionaje.
Desde las 9 de este jueves, la Gremial de Abogados representada por Eduardo Soares y Laura Taffetani apelará en la Cámara Federal de General Roca el procesamiento que dictó Leónidas Moldes a Carolina Alac por la presunta realización de un grafiti.
Moldes, a cargo del juzgado federal con asiento en Bariloche, le impuso a Alac comparecer el primer lunes de cada mes ante la delegación de la Policía Federal Argentina y le prohibió ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin dar inmediato aviso y salir del país.
La pintada aparecida el 19 de octubre de 2017 en la calle Reconquista 96, tras una movilización en reclamo de justicia por el hallazgo del cuerpo muerto de Santiago Maldonado, expresó el repudio a la fuerza a las órdenes de la ministra Patricia Bullrich: “Gendarme asesinos”, decía.
En el marco de la conferencia de prensa que brindó ayer en el hotel de Unter, Al Margen pudo dialogar con Alac:
– ¿Cómo nace esta causa, Carolina?
-Se me imputa un delito penal en una causa federal firmada por José Costamagna, un jefe de Gendarmería que me acusa de haber realizado una pintada en una oficina de la fuerza que no estaba señalizada y por eso denunciamos públicamente desde la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad en Bariloche que allí funciona una cueva de servicios de inteligencia.
– ¿Qué pruebas tenés de eso?
-De ahí salían e ingresaban agentes que nos fotografiaban en todas las marchas por la aparición con vida y justicia para Santiago Maldonado. La causa en mi contra comienza ahí: cuando escrachamos a esa persona porque reconocemos que varias veces nos filmó y sacó fotos.
-Espionaje…
-Espionaje que alcanza el nivel de persecución de cuatro prefectos -detallados en el expediente- que se dedican a seguirme, sacar fotos a la puerta de mi casa, investigarme por redes sociales, en definitiva, lo que hacen con cada una de las personas imputadas por manifestarse sobre la cuestión mapuche en la zona.
– ¿Son varias las víctimas del proceso de criminalización de la protesta, no?
-Son más de 150 los procesados o judicializados de alguna forma, desde Esquel a Neuquén, desde la creación del Comando Unificado, esta especie de organización gubernamental que se arma desde antes del resurgimiento del conflicto mapuche. Nosotros decimos que estos juzgados de la Patagonia son armadores seriales de causas, que persiguen a militantes sociales, luchadores, comunidades mapuches, a los que activamente vamos a seguir peleando contra todas estas injusticias del gobierno.
– ¿Con qué expectativas viajan a Roca?
-Relativa. Tenemos esta instancia muy peleada por los abogados de la Gremial, que han hecho una apelación excelente en términos políticos y técnicos sobre mi causa. Mañana también se hará la presentación de las apelaciones de integrantes de la Winkul Mapu y de dos chicos detenidos durante el primer aniversario de la marcha por el asesinato de Rafita. Pero sabemos que el juez Moldes viene por todo: represiones y pedido de investigaciones hacia todas las personas que en algún momento participaron en las manifestaciones.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
