Dialogamos con Paula Ocariz, delegada de ATE Verde y Blanca en el INTA Bariloche sobre el plan de fusión que se pretende realizar en dependencias del interior de país que trabajan con agricultura familiar.
– ¿En qué cambiaría la situación de los y las trabajadoras con estos planes de fusión?
Por un lado, de los Institutos de investigación para la agricultura familiar que eran cinco, sólo quedarían dos. Eliminan lo que es el IPA (Instituto para la Agricultura Familiar) de la Región Noroeste, Patagonia y Cuyo. Quedarían como grupos de investigación dentro de centros regionales que tiene el INTA en la zona. Dejarían de tener esa identidad particular de ser un Instituto que investiga para acercarle tecnología apropiada a la agricultura familiar, que tiene características particulares, distintas a los productores más grandes.
Por otro lado, se eliminan dos institutos de investigación que tienen que ver con prospectivas de políticas públicas y de economía que también abordan específicamente cuestiones de los pequeños y medianos productores campesinos e indígenas. De las agencias de extensión rural se habla que se reducirían entre unas 20 y 25.
Nosotros trabajamos con una cobertura territorial muy grande en todo el país, justamente porque hay agencias de extensión rural que son oficinas que brindan asistencia e información a los productores en el territorio. En el lugar donde viven los productores e incluso en las ciudades con los huerteros urbanos y periurbanos. Eso nos permite tener una cobertura territorial muy grande, que se va a reducir.
Una de las que estaría en riesgo de eliminación si esto se lleva adelante es la de Bariloche. Una de las condiciones que ponen de eliminación es aquellas agencias que funcionamos dentro de otra estructura del INTA, como es nuestro caso. Lo que dicen ellos es que no se va a echar gente, pero esas personas van a ser absorbidas por otros ámbitos de trabajo dentro de INTA
Nosotros vemos que hay un foco puesto en eliminar todo un sector que trabaja hacia el campo y específicamente a los pequeños productores. Todo lo que es apoyo a los grandes productores es firme y tiene otra metodología de trabajo con técnicos con otra formación. Nosotros que estamos formados para el desarrollo rural, la extensión y el trabajo cotidiano en el campo con productores, con organizaciones y grupos informales pero conformados para el trabajo de alguna problemática específica eso lo quieren eliminar. Este sector siempre fue más marginal en INTA, ahora directamente se ha tomado la decisión de bajar el apoyo de la Institución para estos grupos.
-En un primer momento se había prometido que el gobierno provincial iba a absorber a los trabajadores que habían echado de Agricultura Familiar…
-Sí, esto que pasa hoy en INTA viene pasando desde que asumió el gobierno de Macri cuando tomó la decisión de cerrar la Secretaría de Agricultura Familiar, que es otra repartición de lo que era el Ministerio de Agroindustria. Este Ministerio tenía un sistema de extensión especial que era la Subsecretaría de Agricultura Familiar. A su vez, está el INTA, que si bien está en un Ministerio, es un ente autárquico, no es una institución de la línea política. Pasan los gobiernos y el INTA trasciende, porque es un instituto, no una secretaría o dirección. Cuando se decide cerrar la Secretaría de Agricultura Familiar y echar a trabajadores -en Río Negro fueron 25- lo que están diciendo es que toda esta línea de trabajo no les importa, que no es políticamente importante.
Lo que hace el gobierno provincial en una negociación con ATE es decir “nosotros vamos a reabsorber a seis trabajadores…” Esa negociación sigue en marcha. En todo este contexto donde Weretilneck no se puede presentar, va a quedar como una promesa de campaña que no va a poder llevar adelante. Esto es lo que le pedimos el miércoles 27 en el Hospital Zonal de Bariloche, que firmara que el trámite termine y entre. La promesa es mucho anterior a su candidatura, pero va en la misma línea.
Esto y la eliminación del Monotributo Social Agropecuario como política pública que le garantizaba a los productores la posibilidad de vender en mercados con cierta informalidad es una decisión ideológica y política. El quiénes toman esta decisión no es menor, porque son las personas que están sentadas en el Consejo Directivo Nacional; la Sociedad Rural, la Federación Agraria, la Confederación Rural Argentina, la CONINADRO y las Universidades Nacionales de Agronomía y Veterinaria. La única persona que votó en contra de este achique es el representante de la Federación Agraria, lo más cercano a los medianos productores.
Por Fabián Agosta y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
