El texto busca atender con prioridad a los menores de edad, embarazadas, discapacitados y adultos mayores.
Por iniciativa de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ocho diputados presentaron en la legislatura un proyecto de ley para que sea declarada en Río Negro la Emergencia Alimentaria por el término de un año.
El proyecto es parte de las cinco leyes presentadas en junio pasado durante la Marcha Federal de los Movimientos Sociales, en un contexto de recrudecimiento del hambre en el país producto de la política económica orientada desde Casa Rosada.
Desde la asunción del presidente Macri, la Universidad Católica Argentina registra 1.700.000 nuevos pobres, alcanzando de esta manera al 33,6 por ciento de la población. Según sus relevamientos, creció en casi un 30 por ciento el índice de Inseguridad Alimentaria Severa en Personas, arrastrando a cerca del 8 por ciento de las mujeres y los hombres.
No obstante, el acompañamiento oficialista al proyecto del Frente para la Victoria es un enigma, por lo que está en duda, incluso, el tratamiento en las comisiones correspondientes. Si mantuviesen la posición de Juntos de Viedma y Bariloche, la iniciativa no prosperará.
El proyecto establece la creación de un Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional para diseñar un plan de abordaje de la emergencia alimentaria, crear un registro provincial de merenderos y comedores e implementar, entre sus beneficiarios, controles sanitarios y nutricionales.
De aprobarse recibirían asistencia prioritaria “las personas en situación de pobreza, menores de edad, embarazadas, con discapacidad y adultos mayores; las familias que acceden a programas sociales nacionales, provinciales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo; y comedores y merenderos escolares y comunitarios que se encuentren debidamente registrados”, precisa el proyecto.
A propuesta de los firmantes, el Consejo estaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, integrado por tres legisladores provinciales (dos por la mayoría y uno por la minoría), un representante de la Subsecretaría de Agricultura familiar, otro por el Ministerio de Salud, uno por el Ministerio de Desarrollo Social y dos por los trabajadores de la economía popular con personería social, es decir la CTEP.
“Los alimentos requeridos en el marco de la emergencia son adquiridos en un 70% a pequeños productores y agricultores familiares de la provincia (artesanos, emprendedores, pescadores artesanales, empresas recuperadas, cooperativas, entre otras) registrados en el marco de la ley nº 49522”, aclara el documento.
A fin del año pasado, la CTEP y la CCC presentaron sin éxito un proyecto similar ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Bariloche, en el que establecieron partidas promedio de 1500 pesos por año para cada menor de edad.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
