La única prueba contra los seis trabajadores acusados es un video que, según la defensa, fue montado. A pedido del fiscal, recién daría inicio en agosto.
Acusados de robo poblado y en banda al Chango Más de Bariloche el 20 de diciembre de 2012, seis trabajadores iban a ir juicio el lunes 18 de marzo con un único elemento que, en apariencia, los perjudica: el video editado con imágenes de dieciséis cámaras, en el que sólo se los ve ingresar al supermercado.
“Yo planteé que ese video es inválido”, explica a Al Margen Marina Schifrin, abogada defensora. “En una audiencia donde se determinó qué pruebas entran al juicio y cuáles no, dije que esa, además ser una edición, no contaba con cadena de custodia. Y el nuevo código prohíbe explícitamente las pruebas pasibles de ser adulteradas”.
Schifrin había ya recusado a los fiscales Sergio Pichetto y Eduardo Fernández por introducir esas imágenes en la causa, y en la audiencia acusó al juez Juan Arroyo de prevaricato y le advirtió que hasta podría denunciarlo.
Horas atrás fue el fiscal Pichetto quien solicitó la postergación del juicio, lo que fue aceptado por el juez. “En criollo: arrugaron”, entiende Marina Schifrin. “Es todo muy irregular y tuvimos mucha solidaridad”, agrega.
Existieron también otras anormalidades planteadas a lo largo del proceso, como los allanamientos para detener el 13 de enero de 2013 a los trabajadores de la cooperativa 1° de Mayo, que irán a juicio. La defensa aduce que fueron realizados de madrugada, cuando el código exige que sean a la luz del día.
“Sin duda estamos en presencia de una causa política que busca el escarmiento de los sectores sociales más desfavorecidos, con líderes visibles que no están protegidos por el poder”, apunta Schifrin.
Uno de ellos, José Paredes, dijo Al Margen que la suya es “una causa armada por el gobernador Weretilneck, porque salió a acusarnos públicamente como cooperativa de hacer los saqueos y justo un día antes de nuestras detenciones se reunió con el juez Calcagno (que por entonces entendía en la causa)”.
Durante las semanas previas a los hechos la cooperativa mantuvo un enfrentamiento con Alberto Weretilneck, a quien le exigió trabajo para realizar obra pública en un tiempo económicamente deprimido. El dato no pasa inadvertido para los acusados.
La presión ejercida por el poder político en busca de responsables involucró a la entonces presidenta Cristina Kirchner. Además de enviar 400 gendarmes a Bariloche para militarizar el conflicto social, exigió la cabeza del intendente Omar Goye, reemplazado finalmente por María Eugenia Martini.
La explicación de Paredes sobre su presencia en el Chango Más es sencilla: había ingresado en busca del gerente, luego de una carta enviada a todos los supermercados de la ciudad, en la que solicitaba alimentos.
Luego de que el Estado disolviera la cooperativa, el trabajador logró organizarse en una nueva que integra la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Viedma, donde recibió con beneplácito la noticia.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
